Argentina: condenan al arzobispo de Salta por violencia de género

Este inédito fallo involucra, además de a Mario Antonio Cargnello, al obispo emérito, Martín de Elizalde; al vicario judicial, Ignacio de Loyola Pinto y de Sancristóval; y al sacerdote Lucio Ajaya

“Concluyo y afirmo que aquellas (refiriéndose a las Carmelitas Descalzas) han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica, por un lapso de más de 20 años”. De esta manera, se expresaba la jueza del caso María Carolina Cáceres Moreno en el fallo condenatorio hacia Mario Antonio Cargnello, titular de la arquidiócesis de Salta, y sobre el obispo emérito de Nueve de Julio, Martín de Elizalde, osb; el vicario judicial, Ignacio de Loyola Pinto y de Sancristóval; y el sacerdote Lucio Ajaya.



La denuncia que llevó a esta condena en primera instancia por violencia de género fue realizada por las carmelitas del Convento San Bernardo, en el año 2021, por acciones de violencia física, económica y psicológica. Esta disposición alcanza también al obispo emérito de Nueve de Julio, Martín de Elizalde osb, al vicario judicial Ignacio de Loyola Pinto y de Sancristóval  y al sacerdote Lucio Ajaya.

La tensa relación entre el arzobispo y las religiosas lleva muchos años, y se incrementó a partir del apoyo que las monjas brindaron a la asociación manejada por María Livia Galliano, quien en los años 90 comenzó a recibir mensajes de la Virgen del Cerro, motivo por el cual las peregrinaciones a la provincia para participar de este fenómeno religioso-espiritual creció en grandes proporciones, sin el aval del arzobispo salteño.

Los fundamentos

La justicia llegó a esta determinación después de analizar exhaustivamente distintos informes periciales y declaraciones, además de algunos audios y videos de algunos hechos presentados por las religiosas.

Entre varias acciones, se menciona un episodio ocurrido durante el velorio de una de las hermanas en plena pandemia por el coronavirus. Se constató, entonces, que el obispo se dirigió a las hermanas de forma acusatoria y agresiva. Según la resolución de la jueza, el obispo las insultó y les gritó.

Asimismo, en una filmación se ve un forcejeo para evitar que se grabe una reunión. Tanto Cargnello como el sacerdote Ajaya, golpeando a una religiosa, se apoderaron de la cámara para borrar la grabación, y se la llevaron sin permiso. Con respecto a este punto, la jueza expresó en la sentencia: “del cual también se desprenden, expresiones, frases, y cuestionamientos que violentan la integridad psicológica y moral de las denunciantes”.

Otro punto que se especifica es el tema económico. La magistrada constató que en el año 2002, el arzobispo les pidió nueve mil dólares para la realización de un retiro de sacerdotes, que no fueron devueltos. Tras impedir la elección de una nueva Priora desde el año 2011, la comunidad no contaba con una firma legal para realizar operaciones que ayuden a su sostenimiento (alquiler de propiedades). La jueza lo determinó así: “… la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica“.

Otro de los temas tenidos en cuenta es el de la visita apostólica, solicitada por el arzobispo. Allí actuó el obispo emérito de Nueve de Julio, Martín de Elizalde, a quien las hermanas denunciaron por maltrato verbal y psicológico. Las religiosas aportaron grabaciones para probar esta acusación. El imputado negó esa situación, aunque luego pidió disculpas si había ofendido a alguien  con sus palabras. 

Conclusión judicial

Teniendo en cuenta los hechos, y tras haber contrastado las denuncias con las pruebas y los informes periciales, la jueza Cáceres Moreno ordenó que los cuatro imputados se sometan a un tratamiento psicológico y se capaciten en cuestiones de género “a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia”. Asimismo, les rige la prohibición de acercamiento. Cabe acotar que se incluyó en la sentencia la obligación de las costas del proceso judicial a los acusados.

En la sentencia, la magistrada notificó a las partes, y solicitó se haga lo propio al papa Francisco, mediante su delegado pontificio Javier Belda Iniesta, en su carácter de garante de un acuerdo firmado entre las partes en agosto de 2022.

Foto: página arzobispado de Salta
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