La Conferencia Episcopal Española responde con un contundente comunicado al plan del Gobierno de España para indemnizar a las víctimas de abusos de la Iglesia. “No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas”, señalan, para luego completar: “No podemos aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”.
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Los obispos españoles contestan al paquete de medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez dos horas después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareciera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta de los cinco ejes en los que trabajan: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.
El Episcopado señala en su texto que “la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que este plan propone. La Iglesia trabaja ya en la línea de la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad”.
Por ello, “en relación al plan presentado, la CEE considera que, ciertamente, son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra”.
“Un juicio condenatorio de toda la Iglesia”
Sin embargo, el Episcopado liderado por Luis Argüello considera que “el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. “Al centrarse solo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones”, recalcan.
Además, “esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales”, insisten, para luego indicar que “la Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación”. “Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia”, subrayan.
Según reconocen los obispos, la CEE ya adelantó al ministro Bolaños “su valoración crítica sobre este plan al fijarse solo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”. En todo caso, “la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararlas”, concluyen.
