El 11 de febrero de 1987, Filipinas dejó atrás definitivamente la dictadura de Ferdinand Marcos (iniciada en 1965, se dilató hasta un año antes, 1986, cuando fue derrocado y tuvo que marcharse al exilio) y la democracia se asentó con una Constitución que, entre otros pilares fundamentales, fijó que todo nuevo presidente solo pudiera estar en el poder un único mandato de seis años, sin posibilidad de reelección.
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Pese a los rumores que ha habido en torno a varios mandatarios, al final ninguno rompió este principio constitucional. Algo que ahora podría peligrar con Ferdinand Marcos Jr., hijo del dictador y quien meses atrás se impuso en las elecciones generales, sucediendo a Rodrigo Duterte. Y es que, en las últimas semanas, el país se está convulsionando ante la iniciativa de un grupo de parlamentarios cercanos al Jefe de Estado (entre ellos está el presidente del Congreso, Martin Romuáldez) que pretende recabar las firmas necesarias para que se inicie un proceso que incluya varias enmiendas a la Carta Magna, siendo la más polémica la que buscaría acabar con la imposibilidad de que un presidente de la República pueda presentarse a las elecciones para un segundo mandato.
Críticas de Duterte
La tensión en el país es tal que hasta Duterte, que pertenece a su mismo ámbito ideológico conservador, ha roto con el apoyo que le dio hace solo unos meses y, tras advertir de que sus parlamentarios afines están incurriendo en “sobornos” para su campaña de recogida de firmas, ha señalado incluso la posibilidad de “derrocarle”. Algo que Marcos ha ridiculizado, denunciando que su predecesor es un “consumidor habitual de fentanilo” y que, tras estar “afectado” por esta droga, no merece si quiera que le responda.
En plena turbulencia, Pablo Virgilio David, obispo de Kalookan y presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP), ha asegurado a varios medios (lo recoge la agencia misionera Fides) que “la iniciativa popular de enmendar la Constitución es de mal gusto”. Acompañado de su vicepresidente, Mylo Hubert Vergara, y de otros representantes eclesiales, como Colin Bagaforo, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, Justicia y Paz, el presidente del Episcopado enfatizó que “la enmienda de la Constitución no debe tomarse a la ligera porque esa Carta Magna es fruto de la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo filipino”.
Se debilitaría el Senado
En este sentido, urge defenderla en su integridad y con todas las fuerzas, pues el código jurídico que marca los derechos y los deberes de todos los ciudadanos es el único que puede “evitar que el país vuelva a caer en el autoritarismo”. Porque, como reclaman los representantes eclesiales, el riesgo no solo está en la posible ampliación a un segundo mandato presidencial, sino que el proyecto parlamentario también busca que el Senado pierda su fuerza y se diluya el equilibrio que actualmente tiene con el Congreso, que sería el único que se encargaría de votar las leyes.
Por todo ello, David apela a un diálogo social que nazca en la base y que no sea dirigido desde el poder. Algo que incluya a la propia Iglesia: “Nos gustaría iniciar conversaciones, debates y estudios en profundidad en nuestras parroquias y comunidades de base, especialmente si todavía hay fuerzas que presionan a favor de un cambio de la Carta Magna en cualquiera de sus formas”. Y todo porque, “si falta educación y concienciación pública sobre el asunto, la petición popular será algo engañosa”.
