La falta de solidaridad con las personas migrantes “decepciona” a la Iglesia en Canarias

David Melián, delegado de Migraciones de la Diócesis de Canarias, lamenta que el reparto de menores por la Península nazca de la obligatoriedad y no “de la conciencia”

Casi 600 personas, incluidas mujeres y niños y niñas, llegaron entre Nochebuena y fin de año a las costas canarias. Lanzarote y El Hierro recibieron un total de diez embarcaciones en la última semana del año, situando en 40.027 las personas migrantes que recibieron las islas en 2023. Sin embargo, la estadística no recoge a todos aquellos que murieron en el intento. La crisis migratoria continúa este 2024. El 2 de enero, cuatro pateras con 245 personas a bordo tomaban tierra en el archipiélago. Y al día siguiente, otras 170 personas.



Con esta realidad se producirá el 15 de enero el encuentro entre los obispos de las islasJosé Mazuelos, obispo de Canarias; Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife; y Cristóbal Déniz, obispo auxiliar de Canarias– y el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, con el papa Francisco en el Vaticano. Un encuentro que también estará marcado por el Pacto de Migración y Asilo que sacaba adelante el 20 de diciembre la Unión Europea, y por el compromiso del Gobierno de España para llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas no sea opcional.

Solo en 2023, 4.521 niños y niñas fueron identificados como tal en Canarias. Ante la saturación de los centros de acogida, el 28 de diciembre la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, convocó en el ministerio una Conferencia Sectorial de Inmigración. A la semana siguiente, visitaba las islas y se reunía con Clavijo mostrando el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez para ponerse a trabajar “de manera inminente” para aliviar esta situación.

David Melián, delegado de Migraciones de la Diócesis de Canarias, consultado por Vida Nueva, mantiene que las palabras de Saiz son “un gran primer paso”, pero no es fácil que se produzca pronto este alivio, porque la modificación normativa tiene que pasar por Congreso y Senado. Además, “hay grupos políticos en algunas comunidades contrarios a este reparto, y son las autonomías quienes tienen las competencias”.

En este sentido, hace hincapié en que el hecho de que se hable de “repartir” a niños y niñas ya indica “un gran grado de deshumanización”. Además, recuerda que “es obvio que deben acogerse por todo el  territorio, porque Canarias no puede sola, pero si es obligatorio deja de ser solidario. Y esto debería salir de la conciencia de las autonomías”.

Detener a niños

En relación al Pacto de Migración y Asilo, sobre el que la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana ya mostró su “decepción” el 21 de diciembre, Melián también muestra su pesar. Aunque aún no se conoce el texto definitivo, “es un pacto que deja mucho que desear, porque no es de migración ni de asilo, es un pacto que se centra en el control de fronteras”.

De hecho, posibilita la detención de niños de seis años, “lo que choca con la legislación nacional, que indica que son inimputables los menores de 14”. Por su parte, el hecho de que se pueda pagar una ‘multa’ de 20.000 euros por cada persona que los países de la UE no quieran acoger supone una “mercantilización de las personas y que se ponga un valor a su vida, deshumanizándoles por completo”. 

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