Una asociación católica francesa, condenada por “trabajo sumergido”

Decenas de mujeres extranjeras eran empleadas en restaurantes de santuarios al margen del sistema laboral

La asociación católica francesa “Familia Misionera Donum Dei” (FMDD) ha sido condenada este martes, 16 de agosto, a pagar una multa de 200.000 euros por trabajo sumergido. Una sentencia que denuncia las prácticas laborales de la entidad con decenas de mujeres extranjeras de África y Asia en restaurantes durante los últimos años. Estas eran empleadas al margen del sistema con la intervención de la entidad.



El tribunal penal también ordenó el decomiso, de forma provisional, de más de 940.000 euros ya incautados durante el proceso por los tribunales de las cuentas de la FMDD al ser declarado culpable de “emplear a extranjeros sin permiso de trabajo”. Esta cantidad correspondería a los atrasos estimados de las remuneraciones y las cotizaciones sociales no pagadas por la asociación vinculada a los carmelitas.

Vírgenes consagradas

Según los cargos, la asociación fue acusada de haber “eludido intencionadamente las declaraciones relativas a los salarios o a las cotizaciones sociales” de unas 50 asociadas –conocidas como Obreras Misioneras de la Inmaculada– entre enero de 2013 y diciembre de 2016 en Marsella, La Grâce-Dieu, Domrémy-la-Pucelle, Lisieux, Menton, Ars-sur-Formans, Lourdes, Toulon y Besançon. La sentencia señala que trabajaban “entre otras cosas, en actividades de restauración y acogida” en los restaurantes de la entidad.

Estas “Obreras” son vírgenes consagradas que realizan ese tipo de función en los santuarios donde están presentes a través de los restaurantes “L’Eau vive”. Sin embargo, las autoridades no han reconocido este vínculo y han atendido la denuncia de la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha contra las Aberraciones Sectarias (Miviludes) y de la asociación “Apoyo a las víctimas de los abusos de los movimientos religiosos y a sus familias” (Avref).

La fiscalía comenzó su investigación en 2015 y la acusación se presentó en 2017. La defensa pidió la absolución al tratarse de mujeres consagradas que forman un movimiento reconocido por el Vaticano –como sociedad de vida apostólica–, algo que excluye toda relación asalariada con sus miembros.

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