JOSÉ LUIS PALACIOS | Brígida Moreta, misionera, nacida en Ávila hace 67 años, puso en marcha una campaña de recogida de firmas por Internet contra lo que consideraba un nuevo “apartheid sanitario” nada más oír las intenciones del Ministerio de Sanidad de retirar la tarjeta a los inmigrantes sin trabajo. En poco tiempo reunió más de 20.000 adhesiones a su iniciativa.
Con esta medida, que afectará a un mínimo de entre 120.000 y 150.000 personas en España, el Gobierno pretende ahorrar 500 millones de euros. [EDITORIAL: Cuidar a los migrantes]
Mónica Fuster, religiosa de los Sagrados Corazones, pasa consulta como médico de familia en un centro de salud de Carabanchel (Madrid) y confirma la preocupación de los inmigrantes. “A algunos no les han renovado la tarjeta”.
En su opinión, la exclusión de la red primaria sanitaria de los indocumentados “es un cierre en falso, un intento de crear una sanidad paralela para los más vulnerables”. Se pregunta, por ejemplo, “¿qué pasará con los inmigrantes sin papeles con VIH, con los enfermos crónicos, con los infecciosos, con los que tienen una enfermedad mental?”.
Algunos sanitarios se están planteando si hay contradicción entre negar la asistencia a estas personas y cumplir con el juramento hipocrático. Trabajadores de la sanidad pública, entre los que figuran creyentes, están analizando la posibilidad de desobedecer las instrucciones de los gestores públicos y atender tanto en centros de salud como en hospitales de la red pública a los enfermos sin tarjeta sanitaria.
En el nº 2.809 de Vida Nueva.
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