EDITORIAL VIDA NUEVA | A partir del sábado 1 de septiembre, los inmigrantes en situación irregular, que se cuentan en España por miles, dejarán de recibir asistencia sanitaria salvo urgencias, mujeres embarazadas y niños, una medida con la que el Gobierno pretende reducir el déficit, un objetivo deseable pero no a costa de las personas más vulnerables.
Una medida tan injusta como ineficaz, y ante la que la Iglesia sigue dando la batalla. Ahí están Cáritas o Pueblos Unidos con su labor callada y su denuncia profética, y también la voz que empieza a escucharse de algunos obispos.
Esperemos que aquellos que nos gobiernan lo hagan como deben y no antepongan el déficit a los derechos fundamentales. Coincide la ciudadanía en que existen otras partidas de dónde recortar.
En el nº 2.813 de Vida Nueva. Del 1 al 7 de septiembre de 2012
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