Las heridas de la guerra civil siguen sangrando y se suman a una escalada de violencia que también afecta a la Iglesia
(Javier F. Martín) Nuestro diario es uno de los periódicos más populares y de mayor distribución en Guatemala. Su difusión se debe, en gran medida, al denodado trabajo de niños en Chichicastenango, Livingstone, Panajachel o la populosa capital del Estado, Ciudad de Guatemala, donde por apenas un euro al día ponen ante los ojos de los guatemaltecos el papel impreso pocas horas antes. Al estilo de los antiguos voceros, venden la publicación trufada, cada jornada, de asesinatos, extorsiones, secuestros, atracos, tiroteos y toda clase de violencia que azota el país.
Junto a la escabrosa y sanguinolenta realidad, aparecen fotografías de mujeres de estampa anhelante para el colectivo masculino. La mezcla de ambos ingredientes, sucesos y sensualidad, lo convierten casi en un producto de primera necesidad para el guatemalteco de hoy y para todo aquel que quiera conocer qué se cuece en el país centroamericano. Porque, la verdad, lo que arrastra hoy a Guatemala hacia el delirio colectivo es la violencia.
Cada día se registran en Guatemala entre quince y veinte asesinatos, algo que en cualquier nación occidental provocaría fenómenos cercanos a la psicosis colectiva. Algunas personas, con miedo a reconocer la veracidad del dato, apuntan que la media de muertes en la actualidad supera a la media de fallecidos durante la guerra civil que sufrió el país entre 1960 y 1996. Las causas son numerosas: pobreza, marginación, delincuencia, proliferación de las maras, narcotráfico y, sobre todo, la permanente sensación de impunidad, la ausencia de justicia, que permea el país.
El obispo de Escuintla, Víctor Hugo Palma, reconoce que el trabajo de la justicia “se ve en que de cada cien asesinatos, tan sólo tres llegan a convertirse en proceso judicial, tan sólo tres se investigan. En Guatemala, para una población de catorce millones de habitantes, hay seis mil presos. Puede que ahora lleguen a siete mil reclusos. En un país en el que se producen dieciocho muertes diarias, ¿dónde está el seguimiento de cada caso? ¿Dónde está el seguimiento policial?”. La policía, nos confirman ciudadanos anónimos en los cuatro puntos cardinales de la nación centroamericana, se conforma con mirar para otro lado, impertérrita, preocupada a veces tan sólo de salvaguardar su propia vida o de buscar la forma de extorsionar a los ciudadanos a los que debería proteger.
El ‘caso Rossenberg’
La trascedencia que los medios internacionales han dado a la muerte del abogado Rodrigo Rossenberg (asesinado el 10 de mayo, había dejado un vídeo en el que responsabilizaba de su muerte al presidente Álvaro Colom) ha generado cierto interés por la situación de un país que sigue desbordando violencia de sus entrañas desde hace casi medio siglo. La larga guerra civil que sufrió la población guatemalteca terminó hace 13 años, pero no así las desigualdades que la generaron y que siguen azotando a la población pobre, con especial incidencia en las comunidades indígenas. De aquel conflicto todavía se conserva un recuerdo vivo y unas heridas no cauterizadas. Siguen sangrando años después de la firma de los acuerdos de paz y de la publicación del famoso informe ‘Nunca más’, elaborado por la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica, y cuya presentación fue el preludio al asesinato del obispo Juan Gerardi, el 26 de abril de 1998.
Sin embargo, quedarse sólo con el pasado reciente -aunque doloroso- de Guatemala como causa de la actual situación que vive el país, sería conformarse con un reduccionismo simplista. El narcotráfico, la pobreza, la discriminación, el racismo, el analfabetismo, la prostitución, también confluyen en ese marasmo que hoy se llama Guatemala. Así lo reconoce Prudencio Rodríguez, misionero español en el país desde 1973, cuando señala que el guatemalteco “no es un pueblo aislado. Somos un pueblo con mucha relación mundial, así que los modelos de vida ciudadanos que nos vienen a través de los grandes medios de masificación, que otros llaman comunicación de masas, no concuerdan con los nuestros, y nos hacen soñar y desear a toda costa sobre todo el dinero fácil, que entra por la extorsión, que entra por la venta de droga, que entra por cosas de éstas… Todo ello ha traído una violencia tremenda para nuestra sociedad”.
Una sociedad en la que se encarna la Iglesia en su labor catequética y evangelizadora, pero también en la de promoción humana. Y, en este sentido, vivir con y como los pobres ha provocado que sufran lo mismo que ellos, como el sacerdote norteamericano Lorenzo Rosegangh, misionero Oblato de María Inmaculada, asesinado el pasado 18 de mayo, cerca de la laguna Lachúa, cuando se dirigía, junto a cuatro sacerdotes, a la parroquia de Cantabal. El vehículo en el que viajaban fue interceptado por dos hombres armados, con el rostro cubierto, que dispararon a los ocupantes del coche. El P. Rosegangh murió y otro compañero resultó herido.
El religioso norteamericano, como otros muchos sacerdotes, trabajó con denuedo por la paz y reconciliación del país. La página web de la congregación describía sobre él: “Se ponía las botas para ir a las comunidades en los años previos a la firma de la paz, cuando las comunidades estaban acechadas por una dura violencia represiva del conflicto armado interno en Guatemala”. El misionero, sin embargo, fue víctima de la violencia que lastra el país. Un sacerdote guatemalteco, Erasmo Vásques, ha señalado con sencillez y contundencia que su muerte “es parte de la violencia que vivimos aquí”.
Otras veces, la presión que sufre la Iglesia no alcanza el rango de titular, pero lastra de igual modo el trabajo de pacificación que realiza en el país. En las últimas semanas, una congregación religiosa femenina ha tenido que abandonar uno de los barrios más marginales del entorno de la capital, acosada por las maras. Las tres religiosas que conformaban la comunidad se dedicaban, con especial empeño, a sacar a jóvenes de las maras, ‘dueñas y señoras’ en los suburbios de la mayor aglomeración urbana del país. El seguimiento, preludio a las amenazas directas a la superiora, provocaron la salida de ésta, a la que siguió pocos días después el de las otras dos religiosas de la comunidad.
Prudencio Rodríguez, que conoce bien esta realidad, señala que “incluso en el mundo de las maras se está experimentando un crecimiento progresivo de la violencia. En apenas unos años la situación se ha vuelto mucho más compleja. Estos días he hablado con un par de jóvenes que, gracias a estas hermanas, pudieron salir de las maras. Y ni ellos mismos, que han salido de ese mundo apenas hace dos años, comprenden el tipo de violencia que ahora es común entre estos grupos”.
Anhelo de justicia
En cualquier caso, el pueblo guatemalteco anhela la justicia, algo que para muchos parece poco menos que una utopía. Para reflexionar sobre este aspecto, el obispo de Escuintla se ‘apoya’ en el ‘caso Rossenberg’, del que señala: “La repercusión internacional que ha tenido el caso es dolorosa para Guatemala, porque no es ésta la vocación guatemalteca ante la vida. Pero la historia, la desarticulación de fuerzas sociales y educativas ha producido esto. Esperemos que esta situación nos ofrezca un futuro mejor, una mayor conciencia de la necesidad de reclamar justicia; y de que ésta se cumpla. Porque percibimos que justicia retrasada es justicia negada”.
Muchos claman por la justicia, pero todos por la supervivencia. “Cada día más gente de este país, cuando llega a su casa por la noche, da gracias a Dios por un día más, por no haber sido atracado, porque sus hijos están en el hogar, porque no han sido extorsionados o, simplemente, porque están vivos”, nos cuentan en la noche guatemalteca, al lado de la Avenida Roosevelt, una de las arterias que llegan al corazón de la capital.
En el nº 2.669 de Vida Nueva.
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