Las clarisas de Mula, inocentes tras haber sido acusadas de saquear el convento

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia anula una multa de 100.000 euros que la Consejería de Educación y Cultura había impuesto a las religiosas

Religiosas contemplativas clarisas de Soria, en su convento

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha admitido el recurso interpuesto por la abadesa del Monasterio de Santa Clara de Elche. Esta decisión anula para las clarisas la multa de 100.000 euros que la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad había impuesto al considerar que las monjas se llevaron bienes que estaban en el Monasterio de la Encarnación de Mula.



Buena fe

A esta decisión judicial se ha llegado tras una inspección, en 2019, del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad de Murcia tras una denuncia de la Asociación Foro Cultural Ciudad de Mula. Este departamento comprobó el estado en el que se encontraba en monasterios, declarado Bien de Interés Cultural, y los bienes muebles que lo integraban una vez que las religiosas habían decidido el cierre de la comunidad y el traslado de las monjas a Elche.

Con esta decisión, las Clarisas dispusieron el traslado y deposito en el Convento de la ciudad alicantina de gran parte de los bienes muebles para garantizar su seguridad. Esto consta en en una acta notarial con una relación de dichos bienes a través del Ayuntamiento de Mula que han aportado a los tribunales. Pero las autoridades autonómicas ordenaron la restitución de estos bienes trasladados sin autorización  y pusieron una multa administrativa de 100.001 euros. Para el Tribunal Superior la actuación de las hermanas “siempre estuvo guiada por la buena fe y amparada en el error en la interpretación de las normas de aplicación, que dieron lugar a que, de forma razonable, pudiera pensarse que los bienes trasladados no estaban afectados por la declaración de BIC y que, en consecuencia, no era precisa su autorización para su traslado”. La única finalidad, reconoce, fue “garantizar su seguridad”. Por ello, procede estimar el recurso y declarar la nulidad de los actos recurridos, por no ser conformes a derecho, según recoge Europa Press.

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