El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó las medidas represivas que ha adoptado el gobierno de Nicaragua contra las instituciones educativas y la Iglesia católica, que “vulneran los compromisos internacionales que ha asumido el Estado de Nicaragua”.
- PODCAST: Sínodo a prueba de dubia
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En su sesión del 11 de octubre, el organismo calificó el cierre de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), así como de otras instituciones educativas, como “un grave atentado contra la libertad de enseñanza y abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en su conjunto”.
Además -sostiene- dichas medidas de manera sistemática, arbitraria y abusiva, han afectado a más de veinte instituciones educativas del país; mientras que, al haberse incautado o inhabilitado los bienes de esas instituciones educativas, se han suspendido sus actividades, lo que ha sembrado la incertidumbre en cuanto al futuro de miles de alumnos, cientos de docentes y de personas en cargos administrativos.
Por ello, hizo un llamado a las instituciones educativas de los Estados Miembros de la OEA a que ofrezcan apoyo a los docentes de las instituciones educativas nicaragüenses, afectados por las medidas del gobierno de Daniel Ortega, a través de becas y otras oportunidades profesionales.
Un llamado a garantizar la libertad de religión
El Consejo Permanente de la OEA también expresó su preocupación porque las acciones represivas de las autoridades en Nicaragua también se han dirigido en contra de la Iglesia católica, no sólo contra la orden jesuita, sino contra sacerdotes que han sido encarcelados injustamente, entre los cuales se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y la expulsión o prohibición de ingreso al país de decenas de clérigos, religiosas y laicos católicos, tanto nicaragüenses como extranjeros.
Por todo lo anterior, en el documento de la OEA se resolvió instar al gobierno de Nicaragua a que respete y garantice los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y el derecho a la educación y al trabajo.
Reiteró el llamamiento que hiciera la Asamblea General a los Estados Miembros en su resolución AG/RES. 3006 (LIII-O/23) “para que hagan todo lo posible a fin de alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel“.
Además, encomendó a la Secretaría General que continúe siguiendo de cerca la situación en Nicaragua y que prepare y presente, según proceda, informes al Consejo Permanente.
