La crisis humanitaria que viven los migrantes en el altiplano chileno

Se exponen al tráfico y la trata por buscar mejores condiciones de vida; además, ahora, quedan expuestos a altas temperaturas en el día y bajo cero en la noche, sin alimentos, sin servicios básicos

“Acá en Colchane está repleto todo, todo, la plaza llena. Y en los alrededores, igual”, dijo al diario La Tercera, Hortensia García (44), pobladora aymara que se dedica a la crianza de ganado. Es testigo del repentino arribo de cientos de inmigrantes a su pueblo.



Colchane tiene 1.728 habitantes, la mayoría aymara como Hortensia, que viven a 2 kilómetros de la frontera con Bolivia al noreste de Iquique, en el altiplano, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. A pocos centenares de metros se encuentra Pisiga, en territorio boliviano. Hace algunos años se ha transformado en un paso irregular de inmigración hacia Chile, mayoritariamente venezolanos. Es un lugar fronterizo que ha tenido una histórica facilidad para su paso, ya que cada dos semanas se realiza una feria binacional en la que el tránsito entre ambos países es muy expedito.

Engañados por traficantes

Empujados por las severas cuarentenas y cierre de fronteras en Perú y Ecuador, muchos llegan engañados por traficantes que los dejan a varios kilómetros de los pasos fronterizos y desde allí caminan. Van con la esperanza de una vida mejor. Aquí enfrentan la crudeza del altiplano: 30 grados en el día y 8 bajo cero en la noche, escasez de alimentos, servicios básicos inexistentes y sin ser acogidos.

En estas semanas han llegado más de 1.600 personas. Javier García, Alcalde de Colchane, dijo a BBC: “La comuna no tiene electrificación las 24 horas del día. No contamos con supermercados ni con red de alcantarillado. Contamos con un consultorio que diariamente atiende a 30 personas y solamente ayer atendió a 260 pacientes, lo cual pone en evidencia la sobrepoblación y la sobrecarga laboral de los funcionarios aquí”. También dice que “se está produciendo una situación grave de salubridad pública, un riesgo inminente de contagio de coronavirus masivo, ya que los inmigrantes están agrupados durante el día en las plazas, en las calles, y durante las noches se toman las viviendas”. Hace pocos días, el inclemente frío y las privaciones provocaron la muerte de un anciano venezolano y una mujer colombiana.

En diciembre pasado, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, instituido por la ONU, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) publicó el informe “Dinámicas de movilidades fronterizas en el extremo norte de Chile – 2020” centrado en el norte del país. También evalúa las medidas migratorias implementadas por el gobierno de Chile desde 2018. Expone preocupación porque “los ingresos por pasos no habilitados se han incrementado: entre enero 2018 y septiembre 2020 se concentra el 61% de los notificados desde 2010 (…). Y en los tres primeros trimestres de 2020 los ingresos por pasos no habilitados totales ascendieron a 6.765; el 72% de ellos (4.226) corresponde a personas venezolanas”, afirma ese informe.

Chile debe estar a la altura

Con ocasión de la gravedad de la situación en Colchane, Waleska Ureta Cañas, Directora Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, emitió una declaración en la que expresa: “manifestamos nuestra preocupación frente a la compleja situación que se vive en la frontera norte de Chile”. Agrega que esos cientos de inmigrantes “se arriesgan a cruzar el desierto, con niños y adultos mayores, exponiéndose a los peligros del tráfico y la trata dada la desesperación por encontrar una vida segura. Es por ello que como Servicio Jesuita a Migrantes creemos que Chile debe estar a la altura, entregando una respuesta no solo migratoria, sino que sobre todo humanitaria y que contenga la crisis sanitaria”.

“Como país, concluye la declaración, tenemos el desafío de avanzar a convertirnos en una sociedad de acogida sensibilizada con estas situaciones que afectan de manera tan dolorosa la biografía de tantas personas, una sociedad que promueva y proteja los derechos de todas y todos quienes habitan en nuestro país”, reclama el Servicio Jesuita a Migrantes.

En la diócesis de Iquique, a la que pertenece Colchane, el obispo Guillermo Vera, ha organizado la recepción de donaciones de frazadas, leche, comida enlatada, cereales, agua, pañales, y artículos de aseo personal, además se dispone de una cuenta corriente bancaria para aportes en dinero.

Por su parte, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, llegó hasta la frontera donde anunció la puesta en marcha del “Plan Colchane” con medidas de control fronterizo, humanitarias e inversiones para la zona, tales como dotar de luz eléctrica continua al poblado. Agregó que “estamos viendo la posibilidad de tener residencias sanitarias transitorias, que van a estar a las afueras de los centros urbanos, en donde las personas que logren entrar a Chile, tengan que hacer sus cuarentenas y de ahí se van a ejecutar los procesos de expulsión correspondiente”.

Temor por la xenofobia

Por ahora son promesas. La gente sigue llegando, sigue esperando y sigue sufriendo. A 237 kilómetros, en Iquique, su alcalde Mauricio Soria solicitó el refuerzo del control fronterizo y de los hospitales de campaña en el lugar, para atender a inmigrantes que, según él, desde septiembre a la fecha, superan los 20 mil en esa ciudad.

La presión aumenta. También los riesgos. Durante los últimos días fuertes lluvias azotaron la provincia del Tamarugal, complicando aún más el escenario.

Marcelo Santibáñez, locutor de Radio Paulina, una de las emisoras más escuchadas en Iquique ha dicho que esta ciudad es la segunda parada de quienes entran por pasos no habilitados. “Gran parte de la población está viendo con ojos solidarios este tema, pero también hay desbordes. Tenemos plazas desbordadas y aunque estamos en cuarentena, muchos migrantes andan dando vueltas, son muchísimos”, explica.

Su temor es que comiencen hechos de xenofobia: “Hemos recibido varios llamados con insultos o gente creyendo por fake news que los migrantes están recibiendo bonos de subsidios, lo cual es una mentira. Lo único que reciben es ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”.

El Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, afirma que a la Región “han llegado 3.600 extranjeros irregulares solo este año, 10 veces más que a la fecha el año pasado”.

¿Por qué venezolanas y venezolanos llegan en masa a un país tan distante y distinto? Una respuesta está en La Moneda, sede del gobierno de Chile. En el 2018, el Gobierno crea la llamada Visa de Responsabilidad Democrática, enfocada en la población venezolana, permitiéndoles residencia temporal de un año, prorrogable por 12 meses y con posibilidad de solicitar residencia definitiva.

Al año siguiente, el Presidente Piñera llega hasta Cúcuta en la frontera de Colombia y Venezuela con ayuda humanitaria tratando de tomar una posición de liderazgo regional y mostrando a Chile como modelo de desarrollo económico.

De ese modo, el presidente incentivó a venezolanas y venezolanos a llegar a Chile y luego, en los hechos, quedan abandonados a su propia suerte.

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