El desencuentro de fe que dejó la toma pacífica de San Francisco
Viernes 24 de julio. La toma de la iglesia de San Francisco, en el centro de Bogotá, completa 12 días. En menos de 48 horas habrá terminado. La noche es fría y el viento hace entumecer las articulaciones. Sin embargo, la llama del fogón improvisado se mantiene viva a la intemperie. Sobre unas cuantas piedras se calienta arroz, pollo desmenuzado… Las ollas fueron el aporte de una transeúnte que quiso ayudar de alguna forma a los manifestantes: etnoeducadores y líderes sociales del Pacífico, que se tomaron el templo, esperando una solución frente a sus reclamos.
La Comisión Nacional del Servicio Civil ejecuta un concurso meritocrático en todo el país para nombrar docentes que ocuparán plazas en comunidades negras, raizales y palenqueras. A excepción de los de Tumaco, los profesores y profesoras de los municipios de la costa Pacífica nariñense miembros de consejos comunitarios se declararon en desobediencia civil y no participaron del concurso. Se consideran en desventaja y afirman que la ejecución del concurso pasa por encima de un proceso educativo propio, hecho a pulso y en medio de la precariedad. Muchos llevan años vinculados a plazas públicas en condiciones de provisionalidad; en su mayoría poseen formación como normalistas o han recibido títulos universitarios estudiando a distancia. Debido a que en sus territorios no hay universidades y no han podido estudiar de manera presencial no cuentan con las mismas oportunidades que los docentes formados en las instituciones universitarias de las grandes ciudades. Según calculan, más de mil profesoras y profesores de las comunidades negras, en lugar de ser nombrados en propiedad y de recibir mejor capacitación, podrían perder su empleo. El impacto sería enorme a nivel económico y social para una región como la suya, golpeada por la guerra, con niveles de pobreza y desempleo disparados, donde una de las pocas expresiones de formalidad laboral es la docencia.
Resistencia activa
El templo de San Francisco
La Ley 70 de 1993 busca establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia, obligando al Estado a fomentar el desarrollo socio-económico de dichas comunidades y a respetar su participación y la participación de sus organizaciones en las decisiones que las afectan, sin detrimento de su autonomía. La ley también exige que el Ministerio de Educación formule y ejecute una política de etnoeducación para las comunidades negras contando con su colaboración. Sin embargo, pasados más de diez años de la promulgación de la normativa, esa política no existe. Existe, eso sí, una propuesta departamental hecha a nivel de la Mesa de Etnoeducación de Nariño, en donde confluyen buena parte de los docentes en huelga y sus consejos comunitarios. La ejecución del concurso no tuvo en cuenta los avances que se han llevado a cabo a nivel local en esa materia.
“Lo que uno quiere lo lucha”, dice Ernestina. Es habitante del municipio nariñense de Olaya Herrera, donde el índice de necesidades insatisfechas asciende a 65%. Tiene 56 años. Ha dedicado 17 a la docencia y a menos de 12 meses para pensionarse podría quedar desempleada. Considerando el convenio 169 de la OIT, Ernestina entabló una tutela para que a los territorios colectivos y a las comunidades se les de garantía de consulta previa, antes de que sea implementada cualquier acción que los involucre. ¿Qué quiere Ernestina? Que se respete, además, la igualdad de condiciones en comunidades étnicas y la estabilidad laboral. Lo mismo por lo cual más de 300 personas estuvieron dispuestas a movilizarse y a viajar hasta Bogotá. Lo mismo por lo cual, ante la ausencia de interlocución con organismos del Estado como la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Educación optaron por tomarse la Iglesia de Francisco para visibilizar su lucha, esperando que los franciscanos salieran en su defensa.
Marino Antonio Quiñones, vocero de la movilización: “pudimos haber ido a la Comisión Nacional, al Ministerio… pero sabemos que, con esta arremetida, desde el primer día nos hubieran metido el Esmad y hubiéramos salido. Entonces pensamos llegar a la iglesia (hace 10 años también estuvimos ahí), porque entendemos que la Iglesia debe ser garante de los derechos humanos desde lo divino y también podían ser interlocutores con todos los entes; deberían actuar en función de resolver nuestra problemática. Pero nos llevamos una desilusión”.
Conflicto de intereses
Marino Quiñones, vocero de la movilización
Fray Héctor Lugo, provincial de los franciscanos, explicó a Vida Nueva la posición asumida por los religiosos desde el primer día: “hubo una petición de que nosotros hiciéramos de puente entre ellos y las autoridades, y yo pedí que nosotros no lo hiciéramos, porque nosotros no podemos aventurarnos a hacer de puente entre unas instancias gubernamentales y un grupo que está necesitando respuestas o haciendo presión para eso; no porque no quisiéramos hacerlo, sino porque no nos corresponde hacer una especie de mediación entre dos grupos en esas circunstancias; quizá en otras, como la Iglesia lo ha hecho en otras circunstancias, sí es posible”.
El sacerdote cree necesario que exista una especie de jurisprudencia para saber cómo reaccionar frente a la toma de los templos, un fenómeno que, según indica, es cada vez más común y afecta, a su parecer, tanto el derecho de quienes sirven pastoralmente como el de quienes son atendidos. “¿Hasta dónde y hasta cuándo las iglesias van a ser objeto de esta serie de acciones para presionar al Gobierno?”, se pregunta.
En la víspera de la fiesta de la Independencia un contingente del Esmad hostigó durante varias horas a los manifestantes, para obligarlos a abandonar el templo. Los franciscanos sintieron en peligro el patrimonio histórico y cultural e interpretaron como una amenaza que los docentes y líderes sociales los hicieran responsables de lo que en el interior del inmueble pudiera generar el caos en caso de que fuesen usados gases lacrimógenos. Según el padre Lugo, en alguna emisora de radio se dijo que los franciscanos habían sido los que habían propiciado esa situación. “No es verdad”, sostiene, “en honor a los procedimientos hay que decirlo”.
Lo que sí es verdad es que días después envío una carta a la Ministra de Cultura, con copia al cardenal Rubén Salazar, al Director General de la Unesco, a la Ministra de Educación, incluyendo, entre otros, al general Palomino, comandante de la Policía Nacional, para manifestar oficialmente su preocupación con relación a un potencial daño del patrimonio.
Sentir que se prestaba más atención al inmueble que a las personas en su interior dio forma a la desilusión de los docentes con relación a lo que esperaban de parte de la Iglesia motivados por las palabras del Papa durante su más reciente viaje: “Ustedes (los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos) son sembradores de cambio”. Refiriéndose, por su parte, al santo de Asís y al significado que la movilización atribuyó a la toma de un templo que lleva por nombre el del poverello, José Obregón, representante legal de ASOCOETNAT, señala que “Francisco promovió acoger a los más necesitados, pero no sentimos eso en su momento”.
Más de mil etnoeducadores podríar quedar sin empleo
A planteamientos de este tipo responde el provincial de los franciscanos del siguiente modo: “podemos caer en la ingenuidad: ‘tomémonos el templo de San Francisco porque los franciscanos son los promotores de los derechos humanos y de la no violencia’. Eso es verdad; pero, ¿hasta dónde hay personas dentro del grupo que también los pueden estar manipulando a partir de un sentimiento religioso?”. Es la suposición que sustenta la posición de los franciscanos.
No habiendo sido escuchados por la Comisión Nacional del Servicio Civil ni por el Ministerio de Educación, los profesores, las profesoras y los líderes sociales del Pacífico pusieron fin a la toma el sábado 25. Su resistencia continúa. Tienen de su parte el decreto 140 que sostiene que todo nuevo docente en comunidades negras requiere aval del consejo comunitario. Un desafío mayor está asociado a buscar incidencia en organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de garantizar mejores condiciones de vida para los suyos, especialmente para quienes están en peligro de ser descartados.
Miguel Estupiñán
