Preocupación en las organizaciones católicas tras la aprobación en el Congreso de la reforma de la LOEX
(José Carlos Rodríguez Soto) A la puerta del centro acogida ‘Karibu’, en pleno Madrid, llegan cada día decenas de inmigrantes africanos en busca de todo aquello de lo que carecen: trabajo, vivienda, asistencia jurídica, médico, ropa y comida. Hace dos meses se presentaron también unos visitantes poco habituales: policías que empezaron a pedir a quienes entraban y salían la documentación, y a detener a los que carecían de ella. El director del centro, el padre mercedario Antonio Freijo, expresa a Vida Nueva la indignación que le invadió en aquella ocasión: “Escribimos a las autoridades protestando, pero los que nos respondieron, lo hicieron escurriendo el bulto y diciendo que no estaban al corriente de que ese día se hubiera ordenado redadas a la puerta de nuestro centro. En 20 años que llevo aquí, nunca nos había ocurrido nada así”.
Es posible que, a partir de ahora, incidentes así ocurran más a menudo. Antonio Freijo tiene motivos para pensar que esta “caza al inmigrante” va a ir en aumento. Puede que sea una de las consecuencias no escritas de la nueva reforma de la Ley de Extranjería–LOEX (la quinta en los últimos veinte años), aprobada por el Congreso el pasado 26 de noviembre. “Lo peor es que quien no tiene la documentación en regla se quedará aún más desprotegido y sin posibilidades de integrarse”, se lamenta Freijo.
Su frustración es compartida por quienes en España dedican sus esfuerzos a ayudar a los inmigrantes en situación más vulnerable. Muchos de ellos han luchado muy duro para que los aspectos más restrictivos de la nueva ley no salieran adelante, y a partir de ahora su trabajo será más difícil.
“Nos preocupa que la nueva ley pone las cosas más difíciles para la integración de los inmigrantes”, comenta María Segurado, del Servicio de Inmigración de Cáritas Española. “Ahora tenemos que calmarnos, estudiar bien la ley y explicar a nuestros trabajadores sociales de las Cáritas diocesanas y a los propios inmigrantes qué se puede hacer”.
Cáritas Española, Red Acoge y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) se cuentan entre las organizaciones que han intentado con más ahínco evitar esta reforma.
“Con su actual redacción perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes”, afirmaron el pasado 16 de septiembre en un comunicado en el que tenían pocas palabras amables para con el entonces proyecto de ley, ya que “estigmatiza” y criminaliza al inmigrante, que ve mermados sus derechos fundamentales, y le reduce a una “mercancía”, mano de obra.
Decepción
El mismo día en que la ley fue aprobada en el Congreso, las tres organizaciones expresaron de nuevo su “decepción ante el resultado final”, aunque reconocieron que “el intenso trabajo de presentación de enmiendas que nuestras entidades han llevado a cabo, con el apoyo de más de 500 organizaciones sociales, ha permitido que se hayan incluido mejoras en la ley”, entre ellas, el reconocimiento de derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular.
Pero, a juicio de estas organizaciones, los aspectos negativos son muchos más: la consideración de menores no acompañados como inmigrantes irregulares, la dificultad para acceder al padrón municipal, los recortes en el derecho a la reagrupación familiar, la ampliación del plazo de internamiento hasta 60 días y la situación de desamparo en que se encuentran las mujeres extranjeras sin papeles sujetas a procesos por violencia de género. Y podría ser peor. El Partido Popular, que votó en contra de la nueva ley, dijo por medio de su portavoz de Inmigración, Rafael Hernando, que “al inmigrante se le reconocen derechos, pero no obligaciones”, y que si su partido llega al poder, cambiará la ley para hacerla más restrictiva.
Las tres organizaciones concluyeron: “Cuando falta apenas un mes para que España asuma la presidencia semestral de la UE, Cáritas, Red Acoge y CEAR llaman a la responsabilidad personal en la construcción de una sociedad más plural… en la que las personas migrantes sean reconocidas como ciudadanas”.
Y es que con la nueva ley, un inmigrante tiene delante de sí muchos más callejones sin salida a la hora de ser considerado como ciudadano y ejercer sus derechos como tal. Empezando por lo más básico: su inscripción en un padrón municipal. “En la primera redacción de la ley se castigaba a quien empadronara en su domicilio a un ilegal –recuerda el P. Freijo–. Esto se ha suavizado, pero a la gente le ha quedado el miedo a inscribir a quien no tiene papeles. Entre los ayuntamientos, unos son más flexibles que otros y algunos pueden llegar a ser muy severos y negar la inscripción en el padrón”.
Ésta es también la opinión de Carmelo del Río, un misionero comboniano que trabaja como capellán de inmigrantes africanos en Valencia: “Muchos dueños de viviendas donde viven africanos tienen miedo y no facilitan la inscripción. Y como si no estás empadronado no te dan la tarjeta sanitaria, sólo te pueden aceptar en un ambulatorio en el servicio de urgencias, donde una vez que te han realizado la primera atención, te dan un papel informándote de que no puedes volver sin la tarjeta. Cuando caen enfermos otra vez, muchos intentan curarse con las medicinas de un compañero”.
Si esto ocurre con el derecho a la atención médica, huelga decir lo que pasa con el acceso a otros derechos sociales, como la vivienda, la educación no obligatoria y la justicia gratuita. Antonio Freijo explica que en ‘Karibu’ tienen un servicio médico “porque la mayor parte de los que acuden aquí han venido en patera, sin pasaporte, y no tienen tarjeta sanitaria ni acceso a la salud pública”.
SE HABLA MUCHO DE INTEGRACIÓN, PERO…
Otro derecho, el de la reagrupación familiar, también se ve seriamente afectado con la nueva reforma de la LOEX. A partir de ahora, un inmigrante sólo puede traerse a su cónyuge, a sus hijos menores de 16 años y a sus padres si éstos tienen más de 65 años, una edad a la que muy poca gente piensa en abandonar su país de origen. “Para muchos padres es un verdadero drama ver que, después de años intentando reunir la documentación para traer a sus hijos a vivir con ellos, llega el día en que éstos cumplen los 18 y ya no pueden venir”, explica el padre Carmelo del Río, misionero comboniano en Valencia.
La nueva normativa mereció también la reprobación del obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, quien en una carta pastoral criticó que la prolongación del tiempo de “retención” hasta 60 días de los inmigrantes indocumentados “es claramente una pena reservada a delincuentes, y en condiciones de difícil acceso por parte de servicios fundamentales”.
También se mostró en desacuerdo con las restricciones del derecho de reagrupación familiar, “que necesariamente afectarán al equilibrio y estabilidad de los inmigrantes y a sus posibilidades de integración armónica en la sociedad”. José Sánchez ha recordado las palabras de Benedicto XVI el pasado 9 de noviembre dirigidas al VI Congreso Mundial de la Pastoral para los Emigrantes y Refugiados, en las que el Papa alertó de las dificultades que encuentra el emigrante para integrarse ordenadamente, consecuencia de “una sociedad basada fundamentalmente en el mero desarrollo material”.
“¿Integración?”, pregunta Carmelo del Río. “Los inmigrantes africanos con los que yo trabajo se quejan de que la nueva ley habla mucho de esto, como si fueran ellos los únicos que tienen que hacer un esfuerzo por integrarse. ¿Y el esfuerzo por parte del Gobierno?”.
jcrsoto@vidanueva.es
En el nº 2.686 de Vida Nueva.
