El legado de Berta Cáceres sigue vivo

comunidades indígenas en Honduras

Cuatro meses después de su asesinato, las comunidades indígenas denuncian que Honduras continúa “en venta”

pintada en la entrada de una iglesia en la localidad de La Esperanza, Honduras, denunciando el asesinato de la líder Berta Cáceres

“A Berta la mató el Estado”, reza una pintada en la entrada de una iglesia en La Esperanza

El legado de Berta Cáceres sigue vivo [extracto]

MIGUEL ÁNGEL MALAVIA. Fotos: RAQUEL CARBALLO | El 3 de marzo, La Esperanza (Honduras) se sumió en un silencio sordo e indignado. Habían asesinado a la líder indígena Berta Cáceres, y cientos de asociaciones clamaron que había sido un crimen político con un último responsable: el Estado. La Coordinadora de ONG para el Desarrollo la lloró así: “La han asesinado, pero no saben que vuelve a su tierra, de la que nunca salió; en ella es semilla. Desde allá seguirá vigilante y atenta, cuidando de sus gentes y su entorno”. Cuatro meses después, y al cumplirse un año de Laudato si’, la encíclica sobre el medio ambiente de Francisco, el legado de quien la encarnó sigue vivo.

Porque, más que nunca, la causa por la que dio su vida (la defensa de las comunidades indígenas y campesinas y, en especial, el impulso de las mujeres) está amenazada. Como constata Raquel Carballo, responsable del Área de Centroamérica en Manos Unidas, la situación es dramática: “Honduras, sobre todo en la región occidental, donde se agrupan las comunidades indígenas lencas, está en venta. Tal cual. Se imponen intereses económicos extranjeros con un modelo ajeno y trasnochado, que ni respeta la vida de sus pobladores ni la de los territorios en armonía con el ecosistema”.comunidades de base indígenas en Honduras

Y se hace con descaro: “Se invaden tierras, quitándoselas a los campesinos que las llevan cultivando ancestralmente. Un aluvión de capital extranjero y nacional pone en marcha grandes hidroeléctricas y explotaciones mineras sin tener en cuenta que en esos territorios vive mucha gente, pasan ríos que dan de beber, se devastan tierras y bosques que son su sustento”.

Una acción de rapiña, denuncia la responsable de Manos Unidas, que cuenta con la complicidad de las autoridades: “Hay mucha corrupción. Un claro ejemplo es la diputada Gladys Aurora [vicepresidenta del Congreso y líder del Partido Nacional, en el poder]. Ella, que es de La Paz, se ha lucrado enormemente con las concesiones a empresas a costa de presionar a mucha gente para que abandone su tierra. Solo aquí se han dado 15 concesiones a hidroeléctricas y 10 a mineras. En otro departamento aledaño, Santa Bárbara, aún son más: un centenar para hidroeléctricas y otro centenar para mineras. Presionan a los campesinos amenazándoles con que no tienen las escrituras correctas… Sin importar que pertenezcan a sus familias desde siempre”.

¿Y qué ocurre cuando estos se resisten? “Son criminalizados, perseguidos… Y muchos de ellos, como Berta Cáceres, asesinados”. De ello habla este dato: “En cinco años se ha disparado el negocio de la seguridad privada. Hay 70.000 personas en el sector; de ellos, muchos son militares y policías prejubilados para entrar en la industria. Muchos actúan como sicarios al servicio de empresarios y políticos que quieren implantar como sea sus macroproyectos. Con un matiz importante: al no llevar uniforme, ya es más difícil achacar la responsabilidad a sus instigadores”.

A su juicio, “esta acción depredadora, junto a la incidencia de las maras y el narcotráfico, en el fondo es parte de un mismo movimiento que el Estado disfraza como delincuencia común. Bajo el paraguas de la violencia generalizada, cuya herramienta más destacada es el sicariato y la difusión del miedo, ha habido una explosión de la militarización”.

El golpe de Estado lo empeoró todo

Algo que Carballo, aun consciente de que este fenómeno tiene antecedentes, fecha en un momento concreto: “El golpe de Estado encubierto que en 2009 acabó con el Gobierno de Zelaya agudizó la situación. Desde entonces, la contestación se reprime sin rubor. Los que denuncian que el Estado está en venta corren hoy un riesgo muy fuerte. Decenas de líderes comunitarios han sido encarcelados, torturados y asesinados. Berta Cáceres era la cara conocida a nivel internacional, pero muchos más compañeros pasan por lo mismo”.comunidades indígenas en Honduras

Un caso sangrante es el de Ana Miriam Romero, miembro del movimiento indígena lenca. Estaba embarazada cuando, recientemente, fue atacada y torturada… Hasta 30 personas la asaltaron en casa. Pese a todo, reina la impunidad ante este ejército paralelo que no deja de crecer.

Pero la respuesta social crece cada día. Y aquí es donde el legado de Berta Cáceres continúa más vivo que nunca. “Según se ha ido deteriorando la situación –reivindica la encargada de Centroamérica–, las comunidades han ido fortaleciéndose y uniéndose desde muchos puntos de vista. En primer lugar, desde el asociacionismo: hace tres años se constituyó el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz, al que Manos Unidas apoya con proyectos de desarrollo integral. Este y muchos más han trabajado jurídicamente en varios sentidos: denunciando el hostigamiento de los líderes, reclamando protección internacional y apoyando la formación jurídica de sus miembros, para que todos conozcan sus derechos”.

En base a esto se ha conseguido que cada vez más comunidades, tras aprobarlo en consultas populares, se hayan declarado contrarias a los proyectos que las devastan. Este es un impedimento jurídico que, aunque no sea vinculante, sí influye para que muchas empresas, sobre todo extranjeras, puedan echarse atrás si sus intenciones ocultas se hacen públicas.

José Luis Espinoza, presidente del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, recuerda el momento en el que comenzó el proceso de “venta” del país: “Ya en pleno golpe de Estado, en 2009, se creó la Ley General de Aguas, que permitió concesionar los recursos hídricos a sectores particulares”. A su juicio, fue el modo de devolver el favor a “aquellas personas y grupos del poder político, económico y militar que habían apoyado el golpe”.

Apenas un año después, en junio de 2010, “el Congreso de la República aprobó la concesión de 40 proyectos hidroeléctricos…, en una sola noche. Entonces ya encontraron con la resistencia de las Juntas de Agua del municipio de San Francisco y de otros seis proyectos, que se resistieron a ser concesionados. La mayor parte de los diputados señalaron que estas organizaciones estaban ‘resistiéndose al desarrollo’. En realidad, no tenían ni idea de los conflictos que estaban ocasionando y de la sangre que posteriormente se derramaría por este pago de favores del partido de Gobierno, el Partido Nacional”. Hasta hoy.

Pastores que acompañen

Muchos lencas son celebradores de la Palabra, gente muy religiosa que vive en armonía la fe y la defensa de su tierra, custodios de la Creación. De ahí que sientan agradecidos el aliento de la Confederación Hondureña de Religiosos y de diversas congregaciones, muy activas estos años en la denuncia de su persecución y del desmantelamiento del país por intereses económicos. Eso se percibió con toda su fuerza tras el asesinato de Berta Cáceres. Entonces, la Vida Religiosa del país clamó contra lo que calificó como “crimen político”, exigiendo explicaciones al Estado.

Sin embargo, llamó la atención que, desde la Conferencia Episcopal Hondureña, no se emitiera un solo comunicado de lamento. Esta condena tampoco llegó tras los cientos de asesinatos de líderes indígenas que se han producidos en estos años. Para dolor de sus hijos más sencillos.

En el nº 2.996 de Vida Nueva

 


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Actualizado
08/07/2016
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