Así lo denuncia la Conferencia Episcopal, que pide educar por una cultura de la vida
La reciente tragedia del penal de Comayagua costó la vida a 360 reclusos
MIGUEL ÁNGEL MALAVIA | Reunida en Tegucigalpa, con el fin de ofrecer una orientación pastoral sobre la actualidad del país, la Conferencia Episcopal de Honduras ha hecho público el 24 de febrero un comunicado en el que, bajo el título En defensa de la vida, una vez más, vuelve a clamar contra la situación de violencia generalizada que desgarra a su pueblo.
La contundente denuncia de los obispos se abre con la expresión de su “profundo dolor” por la noticia que unos días antes había concentrado la atención mediática mundial: el incendio en la Granja Penal de Comayagua, que costó la vida a 360 reclusos.
Además de solicitar “a las autoridades correspondientes una completa investigación de los hechos”, los prelados van más allá: “La situación deplorable de la mayoría de centros penales del país nos obliga a considerar este problema como un grave atentado a los derechos humanos de las personas que viven privadas de libertad. Porque no se trata tan solo del hacinamiento, la falta de higiene o de alimentación; se trata de todos los problemas de violencia, asesinatos, corrupción, tortura psicológica, drogadicción, inmoralidad, ilegalidad, etc. que se viven en el interior de las cárceles”. Unas “lamentables condiciones” de las que no dudan en señalar como principal responsable al Estado.
Reacción a agresiones
Además, se cuestionan por la “gravedad inusitada” de la violencia en el conjunto del país. Así, entre las causas que la ocasionan, achacan que “la violencia es, también, una reacción humana frente a ciertas agresiones”. Lo que produce estupor es la procedencia de esas provocaciones previas.
Y es que, para el Episcopado hondureño, la sociedad “se siente constantemente agredida por aquellos miembros corruptos que están en el seno de las Fuerzas de Seguridad del Estado, por las consecuencias de la impunidad, por la falta de respuestas de los poderes del Estado a las demandas que son justas, por las promesas incumplidas y las políticas partidarias y populistas que benefician a unos pocos pero disgustan a la mayoría”.
Una condena, dirigida contra las malas acciones de ciertos poderes públicos, que profundizan así: “Se está construyendo una cultura que justifica las conductas violentas porque no es capaz de condenar el machismo, porque acepta la violencia como una consecuencia de la competitividad social y admite como un hecho normal el desprecio y rechazo entre grupos sociales que, por sentirse y pensar distinto a los otros, se descalifican mutuamente y se enfrentan con violencia”.
El mensaje episcopal concreta de tal modo sus denuncias que, sobre la Policía Nacional, señala que “se ha visto muy afectada por actos ilícitos, algunos realmente abominables, cometidos por miembros de esta institución”. De ahí que pidan “descubrir y aplicar la ley a todos los que han estado participando en actos delictivos”, exigiendo la “depuración rápida y efectiva” del cuerpo policial.
Los obispos pasan de las palabras a los hechos, e invitan a la población a participar activamente en la campaña de Cáritas Una cultura de paz y respeto por la vida, mediante la que se busca “crear un clima de respeto por la vida y la dignidad humana a nivel nacional, contribuyendo a la construcción de una sociedad tolerante y equitativa, centrada en el respeto y el bienestar de la persona humana”.
Un objetivo, este, para el que consideran indispensable un impulso de la formación: “Esa mirada de fraternidad que nos permite reconocer en el ser humano la imagen del Creador y en cada hermano y hermana ‘otro yo’, solo la vamos adquiriendo como fruto de una educación recibida desde la infancia y consolidada en la juventud”.
Es de esperar que una nueva cultura de valores florezca en el país más pobre de Centroamérica –el 80% de la población está por debajo del umbral de la pobreza– y en el que la violencia, generada en gran parte por el narcotráfico, hace que cada día mueran asesinadas una media de tres personas de menos de 22 años de edad.
Un sistema, el que sangra a Honduras, donde los niños son los principales afectados: 300.000 trabajan en actividades de alto riesgo (la mitad, de entre 6 y 14 años) y 8.000 son vendidos, violados u obligados a ejercer la prostitución.
En el nº 2.792 de Vida Nueva.
