La Diócesis de La Ceiba denuncia proyectos que atentan contra la vida de las comunidades
La Iglesia de Honduras clama contra la megaminería [extracto]
J. L. CELADA | La diócesis hondureña de La Ceiba acaba de alzar la voz mostrando su preocupación y rechazo ante la “avalancha de proyectos mineros” –se habla de varias decenas– en el departamento de Atlántida, una zona del país de “alto valor ecológico” y “una belleza natural incomparable” (cuenta con hasta 12 áreas protegidas como parques naturales y un litoral con cadenas de arrecifes de coral), que corre el peligro de convertirse en objeto de una explotación desmedida, cuyo impacto medioambiental acarrearía “consecuencias negativas para la vida de las comunidades”.
Así se pone manifiesto en un mensaje difundido recientemente, fruto de la Asamblea diocesana celebrada el pasado mes de junio con la participación de más de un centenar de agentes de pastoral de todas las parroquias.
El pronunciamiento –que lleva la firma de los principales cargos diocesanos, con su obispo a la cabeza, el franciscano irlandés Michael Lenihan– denuncia “la presión inhumana” que sufren los habitantes del lugar (en concreto, del “sector Florida y, en especial, la comunidad de Nueva Esperanza, Municipio de Tela, Parroquia de Arizona, Atlántida”), habituados a convivir con “la presencia de hombres fuertemente armados traídos de fuera”, sometidos a “la estrategia de división y enfrentamiento entre los pobladores”, y que deben soportar “las amenazas y presiones a los líderes comunitarios, que nos dan lecciones de integridad y honestidad con su fe y sus valores de amor a la vida”.
Falta de transparencia
Iluminados por la Doctrina Social de la Iglesia, que llama a “no reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y explotación”, los firmantes del texto critican también “la falta de transparencia” en la concesión de permisos a los citados proyectos, recordando que “lo justo no siempre coincide con las leyes promulgadas”. Y apuntan a la actuación de las autoridades locales, que niegan al pueblo “el derecho a decidir”.
En este sentido, piden –y esperan– que el Estado, antes de autorizar el inicio de cualquier actividad minera en la región, “garantice la consulta popular previa” y la puesta en marcha de estudios de impacto medioambiental “serios y confiables”, de cuyos resultados debe informarse adecuadamente a la población.
Asimismo, condenan la intervención de la policía y otras fuerzas de seguridad estatales (“elementos cobras en la zona con actitud provocativa”), “parcializadas a favor de aquellos que manejan el capital, las influencias y voluntades”.
Fiel a su misión reconciliadora, la Iglesia de La Ceiba se ofrece a promover y defender la unidad de sus compatriotas, contribuyendo a “frenar el escalamiento de los conflictos, a evitar los desenlaces violentos y a encontrar una solución justa y sostenible”. Para ello, al mismo tiempo, exige de los mandatarios la apertura de “un diálogo en el sector y en todo el Departamento para consensuar las rutas del desarrollo equitativo, humano y sostenible”. “¿Es la minería el futuro de Atlántida?”, se pregunta el documento, para contestar a renglón seguido: “Creemos que no”, y “sabemos que hay que buscar de forma consensuada –insiste– otras alternativas viables, más humanas y sostenibles”.
Antes de reiterar su ofrecimiento como Iglesia a seguir propiciando “el proceso de diálogo entre todas las partes”, el mensaje deja claro, no obstante, a quién corresponde la responsabilidad de un eventual estallido de violencia: a “los empresarios irrespetuosos”, dispuestos a todo por explotar la zona; a los responsables de las fuerzas de seguridad de Estado, “por dar órdenes que atentan contra la seguridad y vida del pueblo sencillo y pacífico”; a los policías, que “cumplen órdenes de actuar contra su mismo pueblo sirviendo a intereses privados”; y a las autoridades locales, “por no haber sabido informar y consultar al pueblo de forma transparente”.
El texto tiene un breve recuerdo final para el claretiano guatemalteco César Espinoza, párroco de Arizona, que viene recibiendo amenazas de muerte desde el pasado mes de enero, a través de mensajes a su móvil, por su frontal oposición a la megaminería, una lucha que lidera desde hace ya cuatro años. Frente a estos ataques y difamaciones de que son objeto tanto el religioso como su equipo misionero, la Iglesia de La Ceiba muestra todo su apoyo al “trabajo pastoral que se realiza desde la parroquia de Arizona apegado al compromiso con los más pobres”.
En el nº 2.855 de Vida Nueva.
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