La aprobación por el Gobierno de un ingreso mínimo vital (IMV), ratificado por el Congreso, es una muy buena noticia. Es una medida importante, que era necesaria desde hace mucho tiempo y lo es más aún ahora, para que contribuya a paliar la situación de muchas personas y familias con ingresos muy insuficientes y en situación de gran precariedad o exclusión.
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Que su aprobación en sede parlamentaria se haya producido con un amplio respaldo político, sin ningún voto en contra, con solo la abstención de un partido, también es un signo positivo, pese al desprecio y las descalificaciones con que algunos han hablado de esta medida. Responder a las necesidades concretas de las personas puede ser un elemento esencial para superar estériles enfrentamientos políticos. Cuanto más se centre el debate político en las verdaderas necesidades sociales, particularmente en las de los empobrecidos, más pasos se darán para recuperar la necesaria confianza social en las instituciones políticas. También es positivo que el ingreso mínimo vital se haya planteado como algo permanente y no coyuntural. Puede ser fundamental para luchar contra la desigualdad que asola nuestra sociedad.
Precariedad laboral
Ahora bien, siendo un paso importante, no es la panacea para combatir el empobrecimiento y la exclusión. En primer lugar, porque no va a llegar a todas las personas que lo necesitan y, en ese sentido, su planteamiento debería ser más ambicioso. La precariedad laboral y vital es tan grande en tantas familias que no siempre será posible acceder a esta prestación. O, como señaló recientemente el portavoz de la Conferencia Episcopal, debería buscarse la forma de que no sean excluidos de ella las personas migrantes que no tienen regularizada su situación administrativa –lo que es resultado en buena medida de una legislación muy restrictiva–. En segundo lugar, porque muchas veces los procedimientos administrativos se convierten para las personas y familias en una carrera de obstáculos difícil de superar. Modificarlos para que todas las personas y familias puedan acceder con facilidad a las prestaciones sociales es clave para atender las urgentes necesidades.
Voluntarios de Cáritas de la parroquia de Santa Anna de Barcelona. EFE
Pero, sobre todo, es imprescindible cambiar en profundidad la orientación de la política y las políticas concretas para combatir el empobrecimiento, la precariedad y la exclusión. Hacerlo es una responsabilidad social y del Estado al servicio de la sociedad. En este sentido, conviene recordar lo que señalaron los obispos españoles en la instrucción pastoral ‘Iglesia, servidora de los pobres’: “Aspectos como la lucha contra la pobreza, un ideal compartido de justicia social y de solidaridad –que deberían centrar nuestro proyecto como nación– se sacrifican en aras del crecimiento económico (…) Sin duda, es el modelo mismo el que corresponde revisar” (n. 20).
Hay que empeñarse en poner la economía al servicio de las necesidades sociales. Lo que significa, entre otras cosas, buscar dos objetivos políticos complementarios: que nadie quede excluido de los ingresos suficientes para desarrollar una vida digna (en esa dirección se sitúa el IMV) y que todas las personas con capacidad de hacerlo puedan realizar un trabajo socialmente reconocido (ya sea con un empleo o con un trabajo no remunerado). Las rentas garantizadas y el trabajo decente son dos necesidades fundamentales de todas las personas. Así, como también se dice en el citado documento: “La política económica debe estar al servicio del trabajo digno (…) para contribuir con él al desarrollo de las personas y de la sociedad. Es una destacada forma de caridad y justicia social” (n. 32).
