Una sentencia civil favorable a Barbastro se une a los anteriores decretos vaticanos
(Miguel Ángel Malavia) Tras de más de una década de conflicto entre las diócesis de Lleida y Barbastro-Monzón por la posesión de los llamados Bienes de la Franja –112 piezas de arte sacro originarias de un conjunto de 111 parroquias que hasta 1995 pertenecían a la sede ilerdense y que, desde entonces, en virtud a un decreto papal, pasaron a formar parte de la oscense–, la situación podría afrontar su solución definitiva.
Así, después de que un Juzgado leridano haya desestimado una demanda civil, presentada por la Asociación Amigos del Museo de Lleida –entidad que acoge en una colección 85 de las obras que, hasta la segregación de la diócesis, permanecían en sus parroquias–, que pretendía demostrar que las obras debían permanecer en Cataluña, se han producido significativas reacciones políticas. Por un lado, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se ha felicitado de una resolución que reafirma “lo que hemos venido defendiendo desde Aragón y el Obispado de Barbastro-Monzón desde hace muchos años”, expresando, además, su confianza en que, en un Estado de Derecho, las sentencias “se cumplen siempre”. Por el otro, el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, aun manteniendo la legitimidad de su posición, se desvinculó de las acciones acometidas por la Asociación Amigos del Museo de Lleida y se inclinó por la negociación, defendiendo que la solución requiere “la generosa disposición al acuerdo” con las autoridades civiles y eclesiásticas aragonesas. Esto podría suponer la apuesta por la fórmula del depósito compartido, algo que ha sido apoyado por algunos estamentos eclesiales de la propia diócesis catalana.
Alfonso Milián, obispo de Barbastro-Monzón
Desde hace dos años, al menos formalmente, el conflicto se encuentra inmerso en una fase política e institucional, superada ya, en principio, la eclesial. Ésta se zanjó el 30 de junio de 2008, cuando se firmó un acuerdo entre el entonces administrador apostólico de Lleida, Javier Salinas, y el obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, –ratificado por el entonces nuncio, Manuel Monteiro–, según el cual las obras serían entregadas a la diócesis aragonesa “en un plazo de 30 días”. Pese a todo, éstas continúan en el Museo de Lleida, que es “diocesano y comarcal”. Y es aquí donde radica una clave de gran importancia para comprender el porqué del parón en la entrega. El museo ilerdense está regido por un consorcio conformado, además de por la Diócesis, por distintas instituciones civiles, como la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Lleida o el Ayuntamiento local. Son estas instituciones las que, al haber catalogado el conjunto artístico como parte del patrimonio cultural catalán, impiden su salida, hasta el punto de supeditar ese criterio al de los órganos eclesiales, que han sido claros en su disposición: además de que el acuerdo de entrega fue ratificado por el entonces máximo representante diocesano de Lleida, Javier Salinas, varias instancias vaticanas, desde la Congregación de los Obispos hasta el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, han ordenado su retorno a la sede de Barbastro-Monzón.
Joan Piris
Este bloqueo por las autoridades civiles es el argumento que ofrece el hoy obispo de Lleida, Joan Piris, para explicar la dilatación del conflicto. Éste mantiene que su intención es cumplir con lo decretado por la Santa Sede, restituyendo las obras a Barbastro, pero pone de relieve que es un asunto político que escapa de su jurisdicción, siendo la legislación civil catalana la que impide la devolución. Lo cierto es que el prelado se ha encontrado con un problema burocrático que consideraba ya resuelto en el momento de su llegada a Lleida desde Menorca, ya que el acuerdo con Barbastro fue firmado por Salinas días antes de su designación.
Por su parte, desde la Diócesis de Barbastro-Monzón se insiste en que, tal y como han confirmado anteriormente los juzgados eclesiales (y ahora, también, civiles), la propiedad de las obras de arte sacro radica en las parroquias de origen, siendo el Museo de Lleida, que las reunió en una colección en un intento por mantenerlas una vez que se había decretado la separación de la Diócesis, el eventual y simple depositario de las mismas. Del mismo modo, señalan que la posterior catalogación de una obra como patrimonio cultural no puede prevalecer sobre el originario derecho de propiedad.
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“PIEDRA DE TROPIEZO PARA LA FE DE MUCHOS”, por José Lorenzo
No se entiende muy bien cómo algunos sufren por el hecho de que, acatando las sentencias, se pueda disgregar la colección de los Bienes de la Franja, y no reparen en el daño que para el “afecto colegial” y la labor pastoral de las comunidades cristianas de Lleida y de Basbastro-Monzón está suponiendo este delicado tema, donde los políticos, de Aragón y Cataluña, tiran la piedra con saña y luego esconden la mano.
“Es un asunto doloroso para todos, difícil de entender (y de explicar)”, reconoce el obispo de Lleida, Joan Piris, en el informe que envió a todos los miembros de la Conferencia Episcopal el 2 de junio de 2010 para “completar las informaciones” que se habían producido en los últimos años al respecto. Ahí les confesó también la idea –“que todavía no he desechado”– de presentar su renuncia, cansado por un asunto que le habían dicho que estaba en vías de solución y que se ha convertido “en una pesada carga para ambas Diócesis, piedra de tropiezo para la fe de muchos y para nuestra respectiva actividad pastoral en estos tiempos recios, y más cuando afecta a ciudadanos de un territorio que ha estado hermanado durante muchos siglos y continúa manteniendo una rica relación en todos los órdenes de la vida”.
En su misiva, Piris trataba de argumentar que él, como obispo de Lleida, no mantiene una “negativa” a entregar esos bienes, sino que se encuentra con la “imposibilidad” de hacerlo por cuanto los mismos se hayan bajo potestad de la Generalitat de Cataluña. Otra vez, pues, la cuestión política, que, casi con nocturnidad y alevosía, ha enconado las posiciones.
En Barbastro, su obispo, Alfonso Milián, siempre ha mostrado consideración para con el obispo de la diócesis catalana y el papel que le ha tocado jugar, pero no le ha gustado la carta enviada por Piris. Por esa razón, y tras sopesar la conveniencia de responder uno por uno a sus argumentos (“entre otros motivos para no entablar un cruce de informaciones que pudiera ser entendido como hostilidad”), al cabo de cuatro semanas remitió también una carta a todos los obispos españoles en donde ponía en entredicho algunas de las afirmaciones de Piris, y en donde lamentaba la “contradictoria actuación”, “calculada ambigüedad” e “incomprensible posicionamiento” del Obispado de Lleida, sobre todo tras abrirse la vía judicial civil.
Así las cosas, la mediación parece ahora más necesaria que nunca. A nivel político, pero también eclesial. Hoy se abunda en lo que es objeto de fricción y se olvida el compromiso adquirido por ambas diócesis, y firmado en la Nunciatura en 2008, en el que manifiestan su voluntad de cooperación y diálogo para encontrar una fórmula que lleve a establecer modos de colaboración como signo de comunión entre ambas diócesis.
En el nº 2.721 de Vida Nueva.
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