El actual director general de Asuntos Religiosos era partidario de una ley de “creencias y convicciones”
(J. Lorenzo) El Ministerio de Justicia, junto con la Dirección General de Asuntos Religiosos, está preparando el anteproyecto de ley que reformará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LORL) de 1980. Se trataría de establecer un nuevo marco legal acorde con los cambios sociales operados en España en los casi 30 años de vigencia de esta norma. Eso, y ahondar en la aconfesionalidad del Estado ante la visibilidad que mantiene la religión católica (sociológicamente mayoritaria) a través de símbolos en lugares públicos. De hecho, el actual director general de Asuntos Religiosos, José María Contreras, sostenía hace cuatro años en un documento publicado por la Fundación Alternativas que la ley vigente “posee un alto grado de ambigüedad” que hace que pueda ser interpretada “en clave de cierta confesionalidad”.
Para este catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, “es necesario plan-tearse la necesidad de mantener una ley que, por una parte, sólo se dedica a las creencias religiosas y que es necesario interpretar de acuerdo con la sociedad plural (religiosa e ideológica) en la que vivimos; y por otra, dada su ambigüedad y peculiar redacción es un arma potencial para que gobiernos interesados en interpretarla en clave de confesionalidad reconduzcan el modelo de laicidad constitucional a un sistema pluriconfesional, y de clara discriminación entre los grupos ideológicos y religiosos, y entre los propios grupos religiosos”. Por todo ello, se aboga por “la aprobación de una ley de libertad de creencias y convicciones”, ya sean éstas “religiosas o no”.
Pero las ambiciones recogidas en ese documento van más allá de una nueva ley. Contreras –partidario de eliminar de la Constitución, si no todo el párrafo, “sí al menos la mención expresa a la Iglesia católica” del artículo 16.3– aboga por revisar los Acuerdos Iglesia-Estado, “dadas las dificultades técnico-jurídicas que la aplicación y acomodación material que algunos de sus contenidos suponen respecto de la Constitución Española”.
El texto ve muy controvertidos el Acuerdo sobre Asuntos Económicos (AEE) y el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales (AEAC). De algunos artículos del primero de ellos, se afirma que “suponen un serio atentado contra la soberanía del Estado, ya que a partir de este sustrato legal la Iglesia se ha limitado a reiterar sus peticiones a los diferentes gobiernos y a esperar que, bien un despiste legislativo, o un legislador excesivamente preocupado por no perder el peso político inherente a las críticas que pueda hacerle la Iglesia católica, acceda a interpretar los Acuerdos de una forma claramente confesional y contradictoria con el mandato constitucional”.
Ignoramos la interpretación que merece a los autores la modificación, en 2006, del porcentaje en la asignación tributaria (aumentó al 0,7%), algo que cayó muy mal en los sectores más laicistas del PSOE, pero probablemente el espíritu pedagógico del texto iría en otro sentido, si nos atenemos a una afirmación que encontramos en el mismo: “El compromiso del Estado de financiar a la Iglesia católica expiró hace muchos años, mientras que, por su parte, la Iglesia católica no ha cumplido su compromiso de educar a sus fieles para que la financiaran”.
En cuanto al AEAC, y ante los “problemas suscitados respecto a la enseñanza de la religión católica”, en un nuevo Acuerdo, esa materia “debería situarse en el plano que le corresponde en un Estado laico, y que no puede ser otro que el ámbito privado y personal. Por todo ello, el marco de referencia que propugnamos debería ser el de las disciplinas complementarias, cuyo magisterio corre a cargo de la propia confesión religiosa, en este caso la Iglesia católica. De esta manera se evitaría la confusión ahora existente entre lo público y lo religioso”.
LO QUE DE VERDAD PIDE EL CUERPO…
Al Gobierno de Zapatero, lo que verdaderamente le pide el cuerpo es denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado. Ése era uno de los objetivos para esta segunda legislatura. Pero la realpolitik con la Conferencia Episcopal y el Vaticano aconsejan no dar rienda suelta a los deseos “carnales” del ala más anticlerical. A ella va dirigida, pues, una reforma de la LOLR que incluso sus impulsores creen viciada en su raíz, pues la pervivencia de estos acuerdos internacionales perpetúan una situación que consideran de privilegio para la Iglesia católica. De hecho, ésta no se siente muy preocupada por la misma, sabiendo que la amparan los Acuerdos. Y las confesiones minoritarias, que no han pedido esta reforma de la LOLR, pueden verse perjudicadas en algunos de sus intereses precisamente en aras de la igualdad esgrimida entre todas ellas, también en su financiación.
En el nº 2.676 de Vida Nueva.
