La Iglesia argentina no comparte un fallo de la corte suprema que despenaliza el ‘consumo personal’
(Washington Uranga– Buenos Aires) El pasado 25 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Argentina dictó un fallo por el cual se determina la despenalización de aquellas personas a quienes se les compruebe la tenencia de drogas para “consumo personal”. El fallo del máximo tribunal de justicia abrió un debate al que se sumó la Iglesia católica a través de varias voces que, mayoritariamente, expresan su respeto por las instituciones jurídicas, pero rechazan esta decisión y hacen un llamado a impulsar una política integral de educación y prevención en la materia.
El equipo de Pastoral de Drogodependencia de la Conferencia Episcopal Argentina divulgó una declaración en la que señala que “compartimos el ánimo de toda institución de la República que promueva acciones para no criminalizar al adicto”, a quien consideran “un enfermo, huérfano de amor y que requiere de toda la atención y el afecto que le podamos dar”. Sin embargo, comprendiendo “el espíritu de la mirada jurídica”, afirma que “creemos que no es facilitando el consumo, ni haciendo aparecer como que está bien lo que está mal, que vamos a superar este creciente flagelo de las drogas, particularmente en nuestros jóvenes y adolescentes”. Porque, agrega la declaración, “la droga, sinónimo de muerte, es un mal y al mal no se le hacen concesiones”.
Para el equipo Pastoral de Drogodependencia, “seguimos sin atacar las causas y vamos sólo, a través de una mirada parcial y no integral, a considerar un aspecto del problema, el jurídico”. Agrega que “en este momento, donde la pobreza y la exclusión angustian a nuestra gente y en especial a los más humildes, medidas que pueden facilitar el consumo generan confusión y aparecen como a destiempo, desenfocadas de la realidad social”. Porque “la droga no se combate sólo con intervenciones de índole sanitaria y judicial”, sino que “es necesario crear relaciones humanas ricas en valores espirituales y afectivos”. Finalmente se señala que “la batalla contra la droga se gana en la educación y prevención, creando fuertes vínculos sociales a través de la solidaridad y la búsqueda del bien común”.
Necesaria visión integral
En sintonía con lo anterior, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, organismo integrado por laicos pero que depende también de la Conferencia Episcopal, sostuvo que “una visión integral para atacar el problema de la droga en todas sus dimensiones busca incluir los desafíos de la pobreza, la educación, la defensa de la familia, la prevención, la salud, el empleo y todas las cuestiones que hacen a la dignidad humana y su correcta inclusión en la sociedad”.
El equipo de Sacerdotes para las Villas (barrios populares) de la ciudad de Buenos Aires también emitió un pronunciamiento, en el cual, tras manifestar su respeto por el fallo de la Justicia, afirma que, “con espíritu de aportar al diálogo”, da a conocer su opinión sobre el tema. Sostienen allí los sacerdotes que “queremos defender a nuestros vecinos villeros –estigmatizados por tantas cosas– afirmando que una cosa es la villa y otra el narcotráfico. Y señalar que los primeros que sufren las consecuencias del narcotráfico son los habitantes de estos barrios humildes”. Existen numerosas denuncias en el país según las cuales jóvenes habitantes de las villas de emergencia han sido detenidos por tenencia de drogas para uso personal y luego terminaron encarcelados y, por esa vía, incluidos en un circuito de mayor deterioro y transformados de consumidores en traficantes.
NIÑOS Y FAMILIAS VULNERABLES
Dicen los sacerdotes villeros que “muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios no viven, sino que sobreviven, y muchas veces la oferta de la droga les llega antes que un ambiente dichoso y sano para jugar, llega antes que la escuela, o llega antes que un lugar para aprender un oficio y poder tener un trabajo digno. Se acortan así las posibilidades de darle un sentido positivo a la vida”.
Según sostienen, “la despenalización, a nuestro parecer, influiría en el imaginario social instalando la idea de que las drogas no hacen tanto daño”. Admiten, no obstante que “vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto”, porque “es una locura criminalizar la enfermedad”. Pero si intentamos “pararnos desde la perspectiva de las familias más vulnerables”, es necesario admitir que “sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo realmente inclusivo y eficiente, el único encuentro del adicto y su familia –que pide ayuda– con el Estado es la Justicia”. Por eso, “despenalizar en estas condiciones es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud”, subrayan los curas villeros.
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En el nº 2.673 de Vida Nueva.
