Venezuela: cuando la vida no vale nada

Manifestación de la opositora Mesa de la Unidad Democrática

BALTAZAR ENRIQUE PORRRAS CARDOZO (ARZOBISPO DE MÉRIDA, VENEZUELA) | La situación carcelaria en Venezuela padece desde tiempo inmemorial la enfermedad crónica del abandono. Las cárceles han sido y son, más bien, depósitos de seres humanos en los que se favorece todo lo que degrada. Aunque en las últimas décadas del siglo pasado hubo algunos logros, se han diluido en este nuevo milenio.

Las cifras oficiales, menores a las de otros organismos especializados, hablan de números muy elevados, pues el crimen se lleva el palmarés, con más de veinte mil muertes violentas en cada uno de los últimos años. Si sumamos la impunidad, un deficiente poder judicial y un cínico organismo –la Defensoría del Pueblo–, creado bajo este régimen pero al servicio del poder y no de la gente, nos podemos explicar mejor lo que pasa en Venezuela.

Sistemáticamente las autoridades niegan la existencia de presos políticos, con el eufemismo de que lo que hay son políticos presos. La inmensa mayoría de los recluidos se identifican con la oposición, y los pocos pertenecientes al ala gubernamental suelen tener otro trato. Basta la palabra de algún alto funcionario para que se proceda inmediatamente a ponerlo bajo rejas, sin que se respeten los procesos judiciales; la ley es la voluntad del gobernante.

La situación se agrava exponencialmente en los dos últimos años. Desde las manifestaciones de inicios de 2014, el ensañamiento contra algunos políticos, universitarios, periodistas, directivos de medios, activistas o manifestantes ha ido en aumento. Acusar es condenar. Es el procedimiento de la Inquisición, aunque parezca insólito.

Son cientos los que tienen carta de presentación o prohibición de salida del país. Los testimonios de los familiares de los presos políticos, y también de los comunes, son espeluznantes. No es casualidad que la mayoría de ellos manifiesten enfermedades o dolencias, producto de sofisticadas formas de trato que solo pueden ser catalogadas de torturas, que llevan al deterioro físico y/o mental.

Preocupa mucho –como han señalado personalidades nacionales y extranjeras, ONG y el Episcopado a través de Justicia y Paz– la negativa del Gobierno a permitir las condiciones mínimas estipuladas en los convenios internacionales para la atención humana, médica y afectiva de los presos políticos.

Huelga con causa justa

La situación se agrava con los que se han declarado en huelga de hambre en diversas ciudades del país. Quizá, cuando se habla de huelga de hambre, hace falta tomar en cuenta las dos partes que intervienen. No solo quien la hace, sino también la causa que la provoca. En este caso, la situación real de injusticia, provocada y muchas veces auspiciada por quienes gobiernan. Tan responsable es uno como otro. Y, cuando se niega la atención humanitaria, la responsabilidad de las autoridades es mayor.

De una u otra forma, propician lo no deseado: la muerte de quien arriesga su vida por una causa que la deontología médica y la moral católica respetan. Pesa sobre la conciencia de los venezolanos el caso de Franklin Brito, dejado morir, sobre quien alguien afirmó sin entrañas: “Allá él, se lo buscó”. Y lo que reclamaba era la expropiación de su pequeña finca, que le había sido arrebatada sin ton ni son.

Quizás el mejor calificativo no sea el de “huelga”, sino el de “ayuno voluntario” en demanda de una causa justa. No es un suicidio, sino un sacrificado toque de atención a quienes no quieren oír ni ver. La reciente declaración del expresidente español, Felipe González, refleja el clamor y el estupor de millones de venezolanos: “Venezuela es el reino de la arbitrariedad, y el presidente Maduro lleva al país a la destrucción. Él es el responsable de la catástrofe en términos de crisis social y económica y de libertades básicas”.

El papa Francisco llama a hacer de la misericordia el camino del perdón, de la justicia y del encuentro entre los hombres, aunque parezca que se está arando en el desierto. Los creyentes y la gente de buena voluntad no podemos desfallecer en la lucha por la igualdad de la condición humana, que pasa, primordialmente, por el respeto a la vida de todos sin ningún distingo.

Dios quiera y se abran los caminos del diálogo, el respeto y la consideración del otro, para que Venezuela vuelva al sendero de la paz y la solidaridad. El camino más expedito es el de las elecciones parlamentarias, e inexplicablemente sigue cerrado, pues no se fijan fechas que deberían estar marcadas desde hace tiempo. Mientras, la situación económica y social empeora. Y los que más sufren son los más débiles.

En el nº 2.946 de Vida Nueva.