El obispo de Temuco y presidente del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, Héctor Vargas, sdb, junto a su Consejo Asesor, han difundido ayer una reflexión sobre los principios fundamentales de la educación, en vista de la redacción de la nueva Constitución de la República.
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“La educación implica la participación de diversos actores. Entre estos ocupan un lugar central y relevante las familias, que constituyen la unidad vital esencial para el desarrollo de la persona al interior de la sociedad”, afirman al inicio de su reflexión. Base de la educación y cuidado de niños, niñas y jóvenes, la familia también es el lugar de integración y equidad social lo que la constituye en componente esencial de la formación de las personas.
“Por ello, deseamos que la futura Constitución otorgue garantías que protejan y valoren a las familias, su dignidad y su rol educativo”, señala el documento episcopal. “Anhelamos que la Constitución consagre la educación como un derecho, estableciendo garantías de acceso, elección, permanencia y egreso; en un proceso educativo integral de calidad e inclusivo, cuyo objetivo es el desarrollo de las personas en su multidimensionalidad (psíquica, corporal y espiritual), en pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos”, afirma.
Una nueva Constitución
La demanda por una nueva Constitución crecía hace varios años en el país. Las manifestaciones sociales de octubre del 2019 fueron su culminación provocando un acuerdo político de convocar a un plebiscito para definir su elaboración. En octubre de 2020, la opción “apruebo” ganó con un 80% de la votación, igual porcentaje obtuvo la alternativa de que el mecanismo fuera una ‘convención constituyente’.
En mayo pasado, el país eligió 155 representantes que integrarán esa Convención, votación que significó un duro golpe a los partidos políticos y organismos tradicionales que vieron el triunfo de una enorme mayoría de independientes. El presidente Sebastián Piñera ha convocado a constituir esa Convención el próximo 4 de julio, fecha desde la cual tienen 9 meses para presentar la propuesta de Constitución que deberá ser ratificada en un nuevo plebiscito.
Ante la inminencia del inicio de los trabajos de la Convención Constitucional, el Área de Educación de la CECh hace esta presentación con principios que consideran fundamentales considerar en la nueva Constitución, entre los cuales, ocupa el primer lugar la protección a las familias y la educación; seguido por garantizar el derecho a una educación con libertad de enseñanza.
Educación inclusiva e intercultural
La equidad educativa es otro principio indicado por el documento del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile. En este punto expresan el deseo “que el Estado genere las condiciones para la cobertura y calidad de los procesos educativos, en igualdad de oportunidades y recursos”.
También abogan por una educación intercultural que incluya “el aprendizaje de las lenguas originarias, en su contexto territorial, con enfoque comunicativo, promoviendo la enseñanza de la propia historia, las diversas filosofías de vida de las culturas y, por cierto, su propia literatura”.
Otro principio fundamental incluido en el documento episcopal es que “las comunidades educativas y académicas, en vista de la educación de las personas, fomenten el diálogo colaborativo. En este contexto comunitario, tiene especial relevancia que los estudiantes sean considerados sujetos de aprendizaje y centro del proceso educativo”.
El documento también señala que es indispensable “la autonomía académica y la libertad de cátedra y administrativa de las instituciones de educación superior”.
Centralidad y participación de estudiantes
Concluye la presentación de principios señalando “la neutralidad activa del Estado y pluralismo cultural” lo que incluye “que la sociedad y el Estado reconozcan los aportes de las diferentes expresiones y tradiciones culturales, dentro de un clima de respeto, tolerancia y apego a la diversidad y a los valores democráticos. Anhelamos que el Estado reconozca la libertad de creencias y la expresión de los diferentes credos, cosmovisiones y tradiciones, como saberes pedagógicos que favorezcan la formación integral de cada ciudadana y ciudadano”.
Llevan este postulado al ámbito educacional al indicar que “para ello, requerimos que los poderes públicos garanticen el derecho que asiste a los padres, madres y/o apoderados y apoderadas, para que sus hijos e hijas reciban la formación espiritual que esté de acuerdo con sus propias convicciones, resaltando la importancia de la formación integral en el desarrollo de las personas”.
El documento concluye expresando que “en el desafío de construir un país más justo y solidario, en el cual los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar todas sus potencialidades, deseamos que se reconozca la centralidad y participación de los y las estudiantes al interior de los diversos espacios educativos”.
