Apenas han pasado unos días desde que el pasado 3 de diciembre los obispos mantuvieran un encuentro con la cúpula del Ministerio de Educación “en un ambiente franco y cordial” y que aquellos reclamasen “un pacto educativo estable que evite los continuos cambios legislativos en la enseñanza en España”.
Sin embargo los planes del Gobierno parecen ir por otro lado a juzgar por los distintos anuncios que se van produciendo en diferentes foros oficiales y oficiosos. Ante esta incertidumbre Escuelas Católicas junto con las principales organizaciones y sindicatos de la enseñanza concertada como son CECE, COFAPA, CONCAPA, FEUSO y FSIE, han decidido “hacer público” un decálogo “en el que expresan conjuntamente su rechazo a los cambios en la legislación educativa planteados recientemente”. Una reforma educativa impuesta y sin consenso.
10 razones de peso
El argumentario, presentado en torno a un castillo de naipes, repasa desde la libertad de enseñanza, la clase de religión o las medidas dudosas. En síntesis el decálogo señala que la reforma de Sánchez:
- “Se escuda en una urgencia que no existe”, ya que los elementos más polémicos de la ley anterior están suspendidos ‘sine die’. El único argumento para la implantación es el “interés político e ideológico partidista”.
- “Carece del más mínimo consenso” lo que limita su viabilidad futura y abandona la ilusión de un posible “pacto educativo”.
- “Asfixia el derecho a la libertad de enseñanza”, tal como lo explicita la Constitución.
- “Restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos” al desaparecer la llamada “demanda social” como criterio de organización de recursos públicos.
- “Relega a la enseñanza concertada a un papel secundario”, frente al reconocimiento legal y jurídico con el que está respaldada.
- “No incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados”. Es más, desaparecen criterios de admisión de alumnos en el propio centro para los hijos de esos profesores.
- “Conculca el derecho a la dirección de centro”, sobre todo con la figura del “comisario político” que podrá tumbar un proyecto propio de un centro desde el Consejo Escolar.
- “Suprime las referencias a la asignatura de religión”, esperando que la burocracia parlamentaria vaya asfixiando los requisitos exigidos por los Acuerdos Iglesia-Estado.
- “Omite las necesarias previsiones económicas” para la financiación de los cambios exigidos. Algo sangrante en el caso de la concertada.
- “Adopta algunas medidas académicas dudosas”, como fortalecer las evaluaciones pero suavizando los criterios para pasar de curso o “ocultando el conocimiento de las pruebas de diagnóstico” que han sacado los colores a alguna Comunidad Autónoma.
