Los obispos colombianos se forman para hacer frente a los abusos

obispos de Colombia asisten a un curso para luchar contra los abusos sexuales impartido por Jordi Bertomeu, oficial de la sección disciplinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe febrero 2017

“No podemos continuar con una política de esconder”

obispos de Colombia asisten a un curso para luchar contra los abusos sexuales impartido por Jordi Bertomeu, oficial de la sección disciplinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe febrero 2017

Jordi Bertomeu, de Doctrina de la Fe, se dirige a los prelados

MIGUEL ESTUPIÑÁN (BOGOTÁ) | Un grupo de obispos colombianos ha participado en un encuentro sobre gestión de casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos. La actividad, iniciativa del nuncio en Colombia, Ettore Balestrero, estuvo a cargo del catalán Jordi Bertomeu, oficial de la sección disciplinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y se llevó a cabo en Bogotá, entre el 3 y el 5 de febrero, en instalaciones de la Conferencia Episcopal. También estuvo, por parte de la Comisión Pontificia para la Protección del Menor, uno de sus miembros más destacados, el sacerdote Hans Zollner.

Uno de los objetivos de la reunión era estudiar de manera colectiva cómo mejorar la política de prevención de estos delitos en ambientes eclesiales, como colegios y seminarios. Igualmente, se ha analizado la legislación católica que indica cómo proceder frente a una acusación de abuso, con el fin de que se aplique la justicia.

“La Iglesia tiene un compromiso de tutelar los derechos de todos los fieles, pero sobre todo de los más vulnerables, como los menores o aquellos adultos con especiales problemas de tipo psíquico”, señala Bertomeu a Vida Nueva. Este recalca que los obispos están obligados a conocer cómo aborda la Iglesia hoy estas situaciones. En primer lugar, deben recomendar a la víctima denunciar al abusador ante el juez civil. Luego, todo caso de abuso ha de ser comunicado al Vaticano, dado que estos hechos están reservados a la Santa Sede y no prescriben, a diferencia de lo que ocurre en instancias civiles.

Según el sacerdote, anualmente llegan a la Curia entre 250 y 300 denuncias de pederastia. Muchos casos nunca se resuelven debido, entre otras razones, a que la víctima no se atreve a denunciar. Al parecer de Bertomeu, la formación inicial debe abordar este tema con claridad: “No podemos continuar con una política de esconder, de no decir, para que no quede mal la Iglesia. La Iglesia ya está mal y, cuando hay un delito de este tipo, ha sido lesionada muy gravemente. No podemos salir a excusar al sacerdote ni a culpar al menor. El presbítero tiene una obligación, que es ser padre y facilitar a los fieles que sean santos”. Por eso, insiste en que el sacerdote que abusa de un menor no solo lo ataca a él, sino también a la Iglesia en su conjunto.

Juan Álvaro Zapata, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia, explicó que, desde 2010, la Iglesia católica del país ha trabajado intensamente la política de “tolerancia cero” con relación al abuso sexual por parte de clérigos. El tema se ha tratado especialmente con los rectores de los seminarios mayores y con los obispos.

Ha habido un interés por fortalecer el acompañamiento de la dimensión humana, para clarificar qué experiencia deben madurar los candidatos al sacerdocio, con el fin de que quienes lleguen al ministerio ordenado sean las personas idóneas. La lectura del padre Zapata sobre la pedofilia es tajante: se trata, a su parecer, de una enfermedad que alcanza a la estructura misma de la persona; si bien no está asociada directamente a ninguna forma de vida, la Iglesia debe dolerse cuando tiene lugar en su seno y buscar el modo de sanar las heridas.

Los padres, ¿responsables?

Muy alejada de la práctica que desde Doctrina de la Fe se ofrece a los obispos colombianos para hacer frente a la lacra de los abusos, es la respuesta que, desde el Arzobispado de Cali, se ha dado a la familia de cuatro menores (tres hermanos y un primo) abusados en 2009 por el sacerdote local William Mazo, condenado hace dos años a 33 de prisión.

Ahora, la familia ha llevado a los tribunales al Arzobispado para exigirle una “reparación integral”. Pero, ante la sorpresa de los presentes en el juicio, la respuesta del abogado diocesano no dudó en señalar también la “responsabilidad” de los familiares en los hechos, considerando que descuidaron la vigilancia de sus hijos, en lo que se califica como una “conducta negligente”. Con este argumento, el Arzobispado se niega a pagar compensación alguna.

Indignada, la familia de las víctimas ya han anunciado que se manifestará el 1 de marzo.

Publicado en el número 3.024 de Vida Nueva. Ver sumario

 


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Actualizado
17/02/2017
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