El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, preso desde el 9 de febrero de este año, no recibe visitas en prisión desde hace casi tres meses, cuando sus hermanos lo visitaron en la cárcel y compartieron los alimentos con él.
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En aquella ocasión, el gobierno de Daniel Ortega difundió fotografías y video de la visita que hicieron sus familiares al obispo nicaragüense, quien purga una condena de 26 años y cuatro meses de prisión por delitos considerados ‘traición a la patria’.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que Rolando Álvarez, “privado de la libertad y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, se encontraría incomunicado desde el 25 de marzo de 2023, sin derecho a recibir visitas y en una celda de castigo en el Sistema Penitenciario Nacional”.
A través de un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación ante diferentes situaciones violatorias de los derechos humanos que ocurren en el país centroamericano, entre ellas la información recibida sobre nuevas detenciones arbitrarias de personas integrantes de la Iglesia católica, así como activistas y periodistas.
Entre los meses de abril y mayo -detalló la CIDH-, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de Semana Santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así como en operativos policiales en diferentes departamentos. “Dichas detenciones masivas se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos”.
Documenta la CIDH la detención de sacerdotes
La CIDH aseguró que “continúa la represión contra los sectores críticos de la Iglesia católica nicaragüense. Y es que, recientemente trascendió que la Policía Nacional ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de diferentes diócesis con motivo de investigaciones relacionadas con ‘actos de traición a la patria’”.
Por este asunto, en mayo pasado, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Divina Providencia de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de Estelí, habrían sido detenidos.
Asimismo, la CIDH informó que el 9 de junio recibió información sobre la publicación del requerimiento realizado por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua a la Procuraduría General de la República para formalizar el decomiso de todos los bienes inmuebles, acciones y sociedad mercantiles de las 222 personas excarceladas y expulsadas arbitrariamente en febrero pasado.
Pide poner fin a la persecución
“Como fue señalado por la CIDH, la confiscación de los bienes y el patrimonio constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, añadió.
Por ello, ante “la persistencia de la represión en el país”, la CIDH hizo un llamado “a los Estados de la región, a la comunidad internacional y a los órganos políticos de la OEA para promover el retorno a la democracia y la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua”.
Asimismo, urgió al Estado nicaragüense a poner fin a la persecución de las personas opositoras políticas en el país y a la liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria.
