Algo más que malestar se ha movido por los pasillos de los colegios de la Iglesia a lo largo de estos últimos días. ¿El motivo? Un informe elaborado por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (Esade), que sostiene que entre el 60 y el 90% de los centros concertados españoles cobran a las familias cuotas “ilegales”. Con esta premisa sobre la mesa, el estudio, que vio la luz el 24 de abril, llega a defender que “no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada”, lo que desencadenaría una proporción mucho menor al alumnado de renta baja y origen migrante, lo que “daña significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad”.
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La publicación de esta investigación se convirtió en eje de no pocas tertulias televisivas y radiofónicas, amén de titulares de prensa. Un jarro de agua fría que llevó tan solo 24 horas después a las patronales de las escuelas concertadas españolas, donde se integran los colegios católicos, a tumbar sus postulados en su intento de desprestigiar “el gran trabajo que esos centros hacen por la educación en nuestro país”.
Es más, en este comunicado conjunto de Escuelas Católicas, CECE y UECOE exigían una “rectificación pública por estas acusaciones tan graves, con objeto de subsanar la desinformación que ha provocado este informe”. Esta exigencia a Esade resulta aún más relevante en tanto que la escuela de negocios está integrada en la red de la Universidad Ramón Llull, un centro católico de referencia en Cataluña. O lo que es lo mismo, fuego amigo. Fuentes de los centros educativos de la Iglesia lamentan este hecho, ya que consideran que las conclusiones del estudio ya estaban redactadas antes de ser elaborado, puesto que uno de sus coordinadores ya había elaborado otros documentos en la misma línea de menosprecio y ataque a la enseñanza concertada.
“Transparencia”
Frente a ello, la patronal insiste en su “compromiso absoluto con la transparencia y la legalidad y nos manifestamos abiertos al diálogo y a trabajar juntos para mejorar la educación”. “Todas las acusaciones de ilegalidad son rotundamente falsas y llevan una carga de fondo: desacreditar a los centros concertados”, reitera a ‘Vida Nueva’ Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, la plataforma eclesial que aglutina a 1.959 centros con 1,2 millones de alumnos y representa al 15% del total del sistema educativo y el 57% de la concertada. Centeno insiste en que las familias participan con una “aportación voluntaria” que el centro propone y bajo ningún concepto exige “cuotas ilegales”. “De ser así, ya habría intervenido la Administración”, explica.
