Colombia está asistiendo, impotente, al saqueo de los dineros públicos. Lo grave es que los saqueadores están utilizando, en vez de ganzúa o de armas intimidantes, instrumentos legales y la respetabilidad institucional o personal.
Para pagarles sus pensiones a 1750 colombianos privilegiados, se necesitarán entre 11 y 20 billones de pesos, según cálculos oficiales, y se pondrán en riesgo las pensiones de casi un millón y medio de personas que en su mayoría reciben mesadas inferiores a dos salarios mínimos.
El desequilibrio entre un 0,14% de privilegiados y el restante 99% confirma el título que Colombia ostenta como el segundo país con mayores desigualdades en América Latina. Además, deja en escandalosa evidencia el hecho de un saqueo sistemático e impune del dinero de los colombianos.
En el Consejo Superior de la Judicatura se registran 70 nombramientos de personas que ingresaron en la nómina, trabajaron dos meses y luego salieron con derecho a pensiones de 13 millones de pesos. En el Congreso hay pensiones de 31 millones y cursan 461 demandas de congresistas que aspiran a un reajuste millonario de sus pensiones.
Mientras a un pensionado común y corriente le calculan su mesada con el promedio de sus sueldos de los últimos diez años, estos privilegiados se acogen a un régimen especial que les calcula la pensión según el último más alto de sus sueldos.
A pesar de la evidente y escandalosa fuga de dineros públicos para el bolsillo de unos pocos, la búsqueda de soluciones está revelando otra dimensión de este fenómeno de corrupción legalizada y es que quienes deberían poner orden y freno a los saqueadores, parecen estar interesados en que la anómala situación no cambie.
Un exmagistrado de la Corte Constitucional alegó que una reforma de su régimen pensional privilegiado lo dejaría sin dinero para pagar los estudios de su hija en el exterior; para un magistrado en ejercicio ese cambio afectaría la pensión que recibe su padre, excongresista; y otros dos magistrados se sienten impedidos para votar esa reforma porque ellos están a punto de recibir los beneficios de la pensión privilegiada.
Cuando se aprobó el artículo 17 de la ley 4 de 1992, los legisladores o no lo pensaron o no les importó que estuvieran legislando en beneficio propio; diez años después, cuando se trata de defender el interés de todos, los impedimentos tienen paralizada la acción de los nueve magistrados de la Corte Constitucional.
Sin embargo, está de por medio la estabilidad del régimen de pensiones, consideración que pierde su validez ante los provechos personales de magistrados, congresistas y funcionarios. Refiriéndose al tema el Procurador echó mano del argumento de la inviolabilidad de los derechos adquiridos, para legitimar los privilegios de los funcionarios.
El fenómeno parece repetirse en las islas del Rosario, en donde también está comprometido el bien público. Se trata de 27 islas, bienes de la nación, en donde “prestantes familias” tienen sus refugios de vacaciones. Se trata de políticos, congresistas y excongresistas, empresarios de turismo que, a cambio de unos arrendamientos casi simbólicos (sin embargo, 68 de ellos están en mora de pagos) actúan como dueños. Son ocupantes ilegales, como se alega en más de 250 procesos penales fundados en acciones de Incora que desde hace 50 años declaró esas tierras como bienes baldíos que, por Constitución, no pueden ser adjudicados.
Desde 1997 habían sido declaradas estas tierras Parque Nacional, a pesar de ello y contra fallos como el del Consejo de Estado de 2001, el ministro Arias cedió a las presiones de los poderosos ocupantes y transó con ellos a cambio del pago de arrendamientos. Esta política es la que se está imponiendo hoy, al cabo de un proceso en que, otra vez, los intereses particulares de un grupo mínimo de personas con poder, se imponen sobre el interés público, representado por los organismos judiciales que han reconocido y reclamado la posesión de las islas. En el parque Tayrona, un proceso parecido puso en evidencia el mismo talante invasor de unas “prestantes familias” que reclaman como suyos los bienes públicos.
Magistrados, congresistas y funcionarios se están valiendo de su condición para aprobar y mantener leyes que los favorecen, es el caso de las pensiones privilegiadas; utilizan su prestigio familiar y su poder económico para mantener y disfrutar como suyas las islas del Rosario o partes del parque Tayrona, y en una situación parecida aunque de más graves consecuencias, poderosas familias de terratenientes están convirtiendo el proceso de restitución de tierras en un campo de batalla en el que combaten con dos ejércitos: el de bandidos armados y el de los abogados.
En cualquiera de estos casos -el de las pensiones privilegiadas, el de los ocupantes de islas o el de los que arrebatan la tierra ajena- son personas con poder las que imponen su propio interés sobre el interés público y las que aparecen insensibles o inconscientes sobre las consecuencias dañinas que tienen sus actos para la vida de la sociedad.
Son personas que, “puesto que disponen de recursos se sienten más seguras, tienen el lujo de ser independientes, tienden a enfocar emociones y pensamientos hacia sí mismos y piensan menos en las consecuencias que su comportamiento tiene para otros”, dijo a la agencia EFE el profesor Rodolfo Mendoza Denton, profesor en Berkeley, al comentar los estudios experimentales que le han permitido concluir que “la gente que está arriba tiende a comportarse menos éticamente y a sentir que la avaricia es buena”.
Es un diagnóstico aplicable al caso colombiano. En efecto, los casos mencionados tienen un elemento común: se refieren a las actuaciones públicas de figuras o grupos sociales de prestigio que, sin embargo, consienten en el daño de los intereses públicos con tal de no lesionar sus intereses particulares.
En el caso de las pensiones el propio presidente Santos advirtió que esta situación propiciada por el Consejo de Estado y por el silencio de la Corte Constitucional acabaría con la salud financiera del país; el ministro de Hacienda en diciembre de 2010 hizo cálculos y puso el grito en el cielo y en los oídos de la Corte Constitucional; reiteró su demanda unido al ministro de Protección Social en julio del año pasado, pero entre las voces del Estado y las de su interés, los magistrados siguen oyendo sus propias voces. En efecto, están en peligro las finanzas del Estado y es un riesgo que crece. Cada día 54 funcionarios están solicitando el reajuste de sus pensiones que en algunos casos es de 300 veces por encima de lo que suelen recibir los pensionados comunes.
A diferencia de los saqueos de turbas enloquecidas, como las del 9 de abril, este asalto al tesoro público se hace con leyes en la mano y con toda compostura, pero el efecto es aún más grave porque compromete, hasta desequilibrarlas, las finanzas nacionales. El hecho de que sea un asalto legal no disminuye la escandalosa naturaleza de una acción en que las leyes se han puesto al servicio de una minoría con poder.
No tiene esas dimensiones el conflicto que plantea la ocupación de las islas del Rosario, pero es un claro indicio de la actitud de la alta clase social hacia los bienes públicos que consideran suyos por alguna razón que ellos mismos no podrían explicar.
Cuando se comparan las circunstancias de estos atentados contra el bien común con la conducta, por ejemplo, de los alcaldes y secretarios de educación que se apoderan de los dineros para educación con la trampa de los miles de estudiantes inexistentes, la diferencia salta a la vista: estos funcionarios municipales son, por lo general de escasos recursos y poca cultura que buscan sobrevivir; los ocupantes de las islas del Rosario tienen más que suficiente para vivir, pero se adueñan de los bienes públicos por abuso de poder y por una inconsciencia del alcance de sus acciones, que los convierte en ciudadanos peligrosos y dañinos para la sociedad.
Más grave y de consecuencias funestas para el país, es la conciencia de los ladrones de tierras. El hecho de tomar posesión de lo que no es suyo, de engañar, amenazar y asesinar para consolidar la posesión, contradice cuanto una persona con educación y recursos haya podido percibir en materia ética. Es la conclusión a que están llegando los funcionarios que están dando los difíciles primeros pasos en la restitución de tierras. Ellos encuentran como obstáculo las acciones criminales de intimidación de los campesinos que a pesar de su voluntad y necesidad de regresar a sus tierras, reciben el mensaje disuasor de los asesinatos de sus líderes y de las amenazas de muerte.
También se han encontrado la presencia y la acción de dos ejércitos puestos al servicio de los terratenientes: el de los criminales encargados del trabajo sucio de la intimidación, y el de los abogados que se valen de las leyes para engañar, obstruir, retardar o hacer imposible el proceso de restitución.
Otra vez sorprende la evidencia de que la violencia y el delito no dependen de los pobres e iletrados sino de quienes, habiéndolo recibido todo, “sienten que la avaricia es buena” según la expresión del profesor Mendoza Denton.
Como una huella de su paso, estas prácticas están erosionando la confianza pública. La vida económica acusa el impacto de la desconfianza que vuelve lentos y tortuosos todos los procesos.
A los factores de división y desintegración que la geografía, la historia y la violencia han acentuado se viene a agregar la evidencia renovada de que en las clases dirigentes no se puede confiar. Es una desconfianza inveterada que ahora encuentra nuevos y poderosos motivos en hechos de conocimiento público.
Y lo más desconcertante es la inversión de las percepciones tradicionales sobre la naturaleza y desarrollo de la vida del país: los defensores de la legalidad, ahora defienden la legalidad que les sirve; lo que era patrimonio de todos, está pasando a ser patrimonio de los poderosos ante los ojos de todos, y la tierra cultivada durante generaciones, se está convirtiendo en campo de batalla por los peones de los señores.
En una palabra esa clase que es dirigente por tradición o por elección, al tomar por asalto los bienes de todos está apareciendo como un peligro más, como el que suele temerse cuando irrumpen los depredadores de los bienes privados y públicos. VNC
