EDITORIAL VIDA NUEVA | Un decreto del Obispado de Lleida exige a todos los sacerdotes, religiosos y voluntarios que realicen tareas pastorales con niños y jóvenes que aporten el Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. No es la primera diócesis en aplicar las directrices marcadas por la Conferencia Episcopal para cumplir con la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, pero sí la primera en hacerlo público.
Siguiendo el camino marcado sin titubeos por Benedicto XVI y Francisco, la Iglesia ni puede ni debe jugársela en esta materia y todo protocolo que le permita, no solo ajustarse a la legalidad, sino además encabezar la lucha contra esta lacra, ha de ser aplicada al detalle.
Lamentablemente, los casos de abusos sexuales que se han producido en el seno de la Iglesia han generado una cultura de la sospecha e incluso condena, especialmente en el clero, que solo se puede combatir con una tolerancia cero y una transparencia elevada a la máxima potencia. Y esta medida preventiva es una de las que contribuyen a este fin. Solo así se podrá hacer saber a todo pederasta que, al menos, en la Iglesia no encontrarán escondite ni refugio alguno para delinquir.
En el nº 2.991 de Vida Nueva. Del 4 al 10 de junio de 2016
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