La cárcel “es un paraíso” comparada con esos lugares, afirman sacerdotes que trabajan con inmigrantes
(José Carlos Rodríguez Soto) A la cárcel van los que delinquen. Al menos, eso es lo que habíamos creído siempre. Pero desde que en 1985 se aprobó en España la primera Ley de Extranjería, miles de personas (extranjeras) son privadas de libertad por un hecho que no está tipificado como delito, sino como falta administrativa: carecer de documentación en regla. Por un hecho así, un extranjero puede permanecer encerrado hasta 40 días (60 según la nueva reforma de la Ley), generalmente en espera de expulsión y, a menudo, en condiciones deplorables. Un extenso informe que acaba de ser publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia con todo tipo de detalles un rosario de vejaciones a las que las personas sin papeles se ven sometidos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
El estudio (disponible en www.cear.es), realizado con fondos europeos como una iniciativa del Servicio Jesuita al Refugiado, analiza la situación en tres de los nueve CIE que existen en España: los de Madrid (Aluche), Málaga y Valencia. En teoría, no son prisiones. La Ley los define como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”. Por eso, los internos no duermen en “celdas”, sino en “habitaciones”, aunque por la noche se les encierre y no puedan ni siquiera ir al baño, a no ser que llamen a voces a los policías.
Aunque a los extranjeros internados en los CIE no se les llame presos, a la mayoría de ellos ya les gustaría ser tratados como tales. Como dice el sacerdote José Luis Segovia, de la Plataforma Salvemos la Hospitalidad, “las cárceles, comparadas con los CIE, son un paraíso. La ausencia de derechos y el trato que se les da a los extranjeros distan mucho de lo que merece la dignidad de la persona y es mucho más humillante que el que reciben los presos en un centro penitenciario, que, al menos, tiene un sistema claro de derechos y deberes y una efectiva supervisión judicial, todavía pendiente de implantarse en el caso de los CIE”.
Sin asistencia religiosa
Según el informe de la CEAR, los internos no tienen acceso a asesoría legal, actividades ocupacionales o lúdicas, o a servicios proporcionados por diversas Organizaciones No Gubernamentales (a las que se tiene prohibida la entrada). En el centro de Aluche ni siquiera se les permite realizar llamadas telefónicas, dando lugar a situaciones en las que hay familias de los detenidos que durante varios días los dan por desaparecidos. En este centro no se les proporcionan hojas informativas al ingresar ni tampoco ropa, sábanas ni material de aseo. Y –excepto en el centro de Valencia– tampoco se permite la asistencia religiosa. En declaraciones a Vida Nueva, el obispo de Sigüenza-Guadalajara, y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Sánchez, critica lo que califica de “incumplimiento del derecho a la libertad religiosa en estos centros”. Para el prelado, “los que están allí tienen derecho a recibir este tipo de asistencia, como lo tienen, por ejemplo, los que están en una cárcel o en un hospital”.
Nada de esto es nuevo. Durante los 24 años de existencia de estos centros de internamiento han abundado las protestas, motines y huelgas de hambre, y han sido numerosas las organizaciones de derechos humanos que han hecho públicas todo tipo de denuncias. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, realizó visitas de inspección en el año 2008, y aunque sus conclusiones no fueron publicadas, varios medios de comunicación accedieron a extractos de algunas de las mismas en las que se señalaba la existencia de abusos considerados como “graves”.
Uno de ellos es el de las restricciones a las visitas. En el centro de Aluche, quien quiera ver a un familiar detenido tendrá que registrarse a las once de la mañana y esperar hasta que empiecen las visitas a las cuatro de la tarde, y sin garantías de que podrá entrar. Si finalmente le conceden el acceso, sólo podrá estar cinco minutos con su familiar, y siempre bajo presencia policial (lo que sucede también si alguno se reúne con su abogado). Como señala uno de los pocos sacerdotes que tiene acceso a uno de estos centros, “en muchos casos, sus familiares tampoco tienen los papeles en regla y tienen miedo de ir a visitarles por si les detienen también a ellos”.
Peor aún son las “evidencias graves de malos tratos y torturas en los CIE de Madrid y Valencia”. Uno de cada diez detenidos dice haber sido agredido físicamente y muchos más se quejan de haber recibido insultos con connotaciones racistas. La sala de lavandería del centro de Aluche, donde no existen cámaras de vídeovigilancia, parece ser el lugar donde se producen más este tipo de agresiones. Algunos de los testimonios recogidos son espeluznantes: “A mí me han encerrado en la celda de castigo por pedir ver al médico. Tenía la pierna infectada y acabé seis días ingresado en el hospital”. La religiosa del Corazón de Jesús Pepa Torres, que trabaja en el “Proyecto Inter-Lavapiés”, de Madrid, corrobora que “las amenazas, insultos, castigos colectivos y el uso de la violencia son procedimientos bastante habituales [en el centro de Aluche], como lo declaran muchas de las personas que acuden a nuestro proyecto en búsqueda de orientación después de la pesadilla vivida. En la práctica, las palizas, el uso de correas y cintas, son el procedimiento habitual, y no el extraordinario”.
Desinterés de la sociedad
Si uno es víctima de estos abusos poco puede hacer. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado revela que no existen formularios de quejas (en el CIE de Valencia) y que los internos no están autorizados a tener lápices o bolígrafos: “Varias personas expresaron que, al parecer, habrían solicitado papel y bolígrafo para formular una queja y, tras entregarla, el mismo funcionario de policía leyó lo escrito, hizo alguna broma y rompió la hoja delante del interno sin darle trámite”, se lee en el informe, que afirma también que “no existe ningún sistema de registro de las peticiones o quejas ni fue posible encontrar dos quejas concretas que se sabía que se habían tramitado por parte de internos”.
Viviendo en condiciones tales, sorprende poco una de las conclusiones más preocupantes que recoge el informe: la mayor parte de los internos sufre migrañas crónicas, insomnio, depresión, y el 10% ha tenido en algún momento intención de suicidarse. Y otra de las conclusiones da qué pensar: el 18% de estas personas cree que a la sociedad española le trae sin cuidado la situación por la que se les hace pasar en estos centros de internamiento.
Después de conocer las conclusiones del estudio cabe preguntarse si todas estas restricciones son proporcionadas a lo que la legalidad vigente define como “una medida cautelar orientada a la ejecución de una sanción administrativa”. El director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Luis Pinilla, pone el dedo en la llaga al señalar que, “en realidad, sólo se acaba expulsando a un 17% de los internos, por lo que el uso del CIE es una suerte de castigo colectivo de carácter intimidatorio que no sirve a la finalidad para la que surge: asegurar una expulsión que las más de las veces no se produce”. Pinilla califica estos centros de “olla a presión donde se trunca la existencia de personas que, hasta unas horas antes de ser detenidas, hacían una vida normal”.
Otro informe presentado apenas un mes antes por parte de tres ONG afirma categóricamente que “los CIE son un instrumento represivo”. El estudio, titulado Voces desde y contra los CIE, firmado por El Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo Madrid y SOS Racismo Madrid (www.transfronterizo.net) presenta 40 entrevistas a extranjeros que han pasado por estos centros entre 2007 y 2009 cuya lectura causa horror. “Estos centros son la vergüenza de un Estado de Derecho”, sentencia la hermana Pepa Torres. A la vista de los datos, uno no puede menos de compartir esta afirmación.
En el nº 2.690 de Vida Nueva.
