Varios obispos denuncian las últimas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno de Felipe Calderón
(Pablo Romo Cedano– México DF) Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) habla del bien común, establece que “una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes, investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho común del país” (CIC, 1897), y agrega que el bien común es “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección (GS, 26. 1; cf GS, 74. 1)”, donde se requiere el respeto a la persona, el bienestar social y el desarrollo. De ahí la necesidad de la autoridad de establecer contribuciones de todos y cada unos de los miembros de la población en orden a esta construcción colectiva.
Y a ello responde el reciente incremento de los impuestos, “a fin de salir de la crisis económica”, según lo esgrimido por la autoridad federal. Pero la medida ha desatado una gran polémica en México. Su propuesta de aplicar un 2% de gravamen a todo producto, incluyendo alimentos y medicinas, tenía como objetivo contribuir al “bienestar para los pobres del país”. Sin embargo, las cámaras de representantes han cambiado la iniciativa del Ejecutivo y han aumentado un punto porcentual el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y un 2% el impuesto sobre la renta, gravando así a los contribuyentes cautivos con al menos un 4% más al 15% y al 28% ya existentes, respectivamente.
El debate ha sido muy acalorado, pues mientras que la mayor parte de la población, con varios de los obispos a la cabeza, ha rechazado este aumento de impuestos, un pequeño sector empresarial y gubernamental ha impulsado las iniciativas que pretendían aumentar el gravamen sobre Internet, el servicio de televisión, el alcohol o los cigarrillos. Así, los arzobispos de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y Yucatán, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, así como el obispo de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez, se pronunciaron en ese contexto argumentando que el aumento de los impuestos va en “contra del bien común”. En una conferencia de prensa en Xalapa (Veracruz), los prelados establecieron que no hay equidad en el pago de los impuestos, pues mientras un porcentaje cautivo tiene que pagar, los más ricos del país se encuentran exentos de ello.
En efecto, como ya recordara el propio presidente del país, Felipe Calderón, en un acalorado discurso el pasado 30 de octubre, los grandes corporativos solamente pagan el 1,7% de sus ganancias a causa de leyes que favorecen la evasión, en tanto que sólo pagan impuestos el 9% de los 42 millones de mexicanos económicamente activos.
Proporcionalidad
Por más que varios pastores de la Iglesia católica, incluyendo los ya citados, han manifestado la necesidad de favorecer más a los pobres, exigiendo que haya una proporcionalidad en las contribuciones al erario del país, los diputados y senadores acordaron en la madrugada del pasado 31 de octubre que el “régimen de consolidación” que favorece a las grandes empresas permanezca intacto, lo mismo que los privilegios a quienes han invertido en nuevas tecnologías de comunicación, quedando exentos de pagar impuestos hasta el año 2012. De igual manera, han aumentado el IVA y el impuesto sobre la renta y han gravado muchos de los artículos que la población consume, y no los que son lujos o artículos superfluos.
En alusión a todo lo anterior, el pasado 1 de noviembre, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Rogelio Cabrera López, recordó que “la carga de impuestos debe respetar los principios de solidaridad, racionalidad y equidad”, y no sólo favorecer a quienes más tienen. “Una hacienda pública justa, eficiente y eficaz –agregó el titular de la capital chiapaneca– produce efectos virtuosos en la economía, porque logra favorecer el crecimiento de la ocupación, sostener las actividades empresariales y las iniciativas sin fines de lucro, y contribuye a acrecentar la credibilidad del Estado como garante de los sistemas de previsión y de protección social, destinados en modo particular a proteger a los más débiles”.
Así las cosas, parece que uno de los grandes anhelos actuales de los mexicanos coincide con el de sus pastores: que los impuestos sean proporcionales a las ganancias, que no sólo afecten a quienes son empleados o cautivos, y que, a ejemplo de otros países, en este contexto de crisis globalizada, se apueste por bajar los impuestos como medida paliativa de la misma.
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En el nº 2.683 de Vida Nueva.
