Cientos de miles de personas se manifiestan por todo el país para pedir el fin de la violencia y los asesinatos
(Pablo Romo Cedano– México DF) Las primeras gotas de la lluvia anunciando la tormenta apagan una a una las miles de velas colocadas en la plancha del zócalo de la capital mexicana. La ‘marcha blanca’ y las decenas de ‘marchas blancas’ convocadas por todo el país concluyeron el pasado 30 de agosto con un sabor agridulce, a medio camino entre la indignación y la esperanza. “¡No es posible seguir así! -lamentaba una de las organizadoras-, “la violencia y la inseguridad han tomado posesión de las calles de todas las ciudades y pueblos del país y una guerra no declarada crece y se cobra muchos muertos todos los días”.
A todos los niveles, las autoridades hacen declaraciones grandilocuentes, pero los muertos y degollados siguen apareciendo, los secuestros se multiplican, y el chantaje y la inseguridad van ganando terreno, hasta el punto de que la población cree cada vez menos en la policía y en sus superiores. Así las cosas, hombres y mujeres vestidos de blanco marcharon por las principales avenidas de numerosas ciudades del país para expresar en silencio su enojo, perplejidad e impotencia ante la actual inmovilidad de sus representantes.
En junio tuvo lugar el secuestro de una joven de 23 años, Karina Reyes Luna, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Pocos días después fue hallada muerta, con signos de haber sido vejada, al borde de una carretera. Karina era la sobrina del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. Los secuestradores habían pedido un millón de dólares. Hace apenas un par de semanas, apareció en el maletero de un vehículo el cadáver de Fernando Martí, un joven de 14 años de edad, hijo de un exitoso empresario de tiendas deportivas. Su padre había pagado el rescate hacía ya varios meses y la familia perdió el contacto con los secuestradores. Fernando había sido interceptado cuando se dirigía a su escuela acompañado de su chófer y un guardaespaldas. El primero fue asesinado y encontrado con un crisantemo en la boca. El segundo, medio muerto, fue hallado semanas después tirado en un basurero de la ciudad. México ocupa hoy en día el primer lugar del mundo en secuestros por delante de Irak. Sólo el año pasado se registraron en las procuradurías del país siete mil secuestros, a los que hay que añadir todos aquéllos que no fueron denunciados, que son mayoría.
Para tratar de hacer frente a este grave problema, el 21 de agosto, con un dispositivo de seguridad nunca visto en la Ciudad de México, se celebró en la capital la Asamblea sobre Seguridad. En ella estuvieron presentes todos los gobernadores del país, el presidente, los funcionarios de los tres poderes y, sobre todo, los encargados de la seguridad, el Ejército y la Marina. Al acto, en el que se guardó un minuto de silencio por las víctimas inocentes de la violencia, fue invitado como orador el padre de Fernando Martí, quien aprovechó para reclamar a las autoridades: “Si no pueden con su cargo, renuncien”. Y así lo hizo el pasado 1 de septiembre el coordinador nacional de Seguridad, el mismo funcionario que el día de la Asamblea leyó los 75 acuerdos alcanzados por los funcionarios para acabar con la inseguridad.
Cuatro mil homicidios
A lo largo de 2008 ha habido más muertos por la violencia en México que soldados norteamericanos han perdido la vida en la guerra de Irak. Las cifras varían, pues los datos oficiales -siempre a la baja- minimizan las víctimas. Estadísticas independientes apuntan que, en los ochos primeros meses del año, se han producido más de cuatro mil homicidios. Sólo en Ciudad Juárez, en el mes de agosto, se registraron casi 300. En la placentera península de Yucatán, en su capital Mérida, hace unos días aparecieron 12 cuerpos decapitados.
Ante la ausencia de autoridades policiales en la localidad de Creel, Chihuahua, donde el sábado 20 de agosto fueron asesinadas 13 personas y un bebé de escasas semanas, un sacerdote jesuita de la localidad, Javier Ávila, tuvo que hacer las labores del Ministerio Público, tomar fotografías y levantar actas de los hechos, a petición de la propia procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez. Ningún policía o funcionario se atrevió a llegar al lugar de la masacre hasta varias horas después. De hecho, el padre Javier había celebrado la misa festiva que antecedió la fiesta donde ocurrió la masacre. Horas después, en la misa fúnebre, el padre Ávila confesaba que estaba aturdido y asustado.
No es el único, las marchas del 30 de agosto revelan un país realmente aturdido y asustado, pero también con el coraje para salir a las calles y exigir el fin de la violencia.
