La localidad mexicana, de las más peligrosas del mundo, registra ya 88 crímenes en 2009, la peor cifra desde 1993
(Pablo Romo Cedano– México DF) Los feminicidios o crímenes contra mujeres crecen en Ciudad Juárez de manera alarmante. Los últimos datos indican que el número de mujeres que sufrieron abusos y fueron asesinadas en la fronteriza ciudad mexicana no sólo no ha disminuido con la presencia masiva del Ejército que persigue el narcotráfico, sino que ha aumentado. La expresión ‘feminicidio’ se acuñó en 1993 en México para definir las denuncias de habitantes de Ciudad Juárez sobre homicidios cometidos contra mujeres, por lo general jóvenes y pobres, a las que se tortura y a veces se mutila antes de matarlas. La experta Marcela Lagarde dice que la característica fundamental del feminicidio es que, en ciertas condiciones sociales o de vida individual, “las mujeres quedamos en exclusión, y ésta nos pone en riesgo para la vida, nos hace vulnerables frente a la violencia”.
El 1 de diciembre de 1997, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió la primera queja presentada por feminicidio en Ciudad Juárez (Chihuahua). Lo hizo la diputada federal Alma Angélica Vucovich Seele, y en ella narró 36 crímenes cometidos de manera brutal de junio a diciembre de 1996 y durante 1997, abriéndose el primer expediente en torno al tema. Un año después, la CNDH emitió una Recomendación (44/98) exigiendo a las autoridades, particularmente del estado de Chihuahua, y al entonces Procurador de Justicia, Arturo Chávez, que realizaran investigaciones profundas y serias, sin importar la condición social de las víctimas. Al poco tiempo, comisiones binacionales y organismos de la sociedad civil nacional e internacional se ocuparon del tema y verificaron que no se cumplieron las recomendaciones de la CNDH y que los feminicidios continuaron.
Varias organizaciones lograron atraer el interés y la intervención de instancias internacionales, como la relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias de Naciones Unidas, el relator de la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas y el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes se personaron en Ciudad Juárez el 27 de julio de 2002. Todos ellos coincidieron en que “las autoridades mexicanas no protegen los derechos humanos de las personas por su sexo, ni llevan las investigaciones eficazmente”. Por otra parte, en su informe anual sobre los derechos de la mujer en México, la ONU ha hecho hincapié en el incremento de estos horrendos crímenes desde 1998.
Sin investigar ni procesar
En los últimos 16 años, se han cometido en Ciudad Juárez 3.649 homicidios de mujeres con el mismo patrón de violencia. De ellos, sólo 151 casos han sido investigados ya y se ha sentenciado a los culpables. Y, según las autoridades, hay más de 1.300 en proceso; sin embargo, la población y las instancias especializadas de la sociedad civil lo dudan. En lo que va de año, la cifra de asesinadas es la más alta desde 1993: según organizaciones civiles, asciende a 88 mujeres.
Un argumento al que las autoridades recurren para eximirse de la responsabilidad de investigar los crímenes es el de calificarlos como “venganzas entre bandas”. Atribuirlos al crimen organizado parece liberar a la policía de investigar y de castigar a los responsables. De hecho, la actual Procuradora de Justicia, Patricia González, ha definido la situación en Chihuahua como una “guerra de exterminio entre bandas rivales”, aunque para todos es evidente que los muertos los ponen los ciudadanos, la mayoría al margen de cualquier relación con las bandas y el crimen. Así, según expertos en seguridad, Ciudad Juárez se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo después de algunas zonas de guerra en Irak y Afganistán. Más de 3.000 personas han muerto desde enero de 2008.
En breve, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá un fallo en contra del Gobierno mexicano por dejar sin castigo a los asesinos de mujeres en Ciudad Juárez, particularmente para el caso de tres cuyos cuerpos se encontraron en un campo algodonero.
Éstos y otros hechos ha sido recogidos ampliamente en numerosos informes sobre derechos humanos y documentales de fuerte crudeza, entre ellos: Señorita extraviada (2001), Madres de Juárez luchan por Justicia (2005), La Ciudad del Silencio (2006), En el Borde (2006), La virgen de Juárez (2006), Bajo Juárez (2007)…
El tema de los feminicidios se ha avivado recientemente porque Arturo Chávez, aquel Procurador de Justicia estatal con el que se iniciaron las denuncias en 1993 (la mayoría aún impunes), ha sido nombrado por el presidente Calderón y ratificado por el Senado como el “abogado de la Nación”, titular de la Procuraduría General de la República.
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En el nº 2.677 de Vida Nueva.
