El ex diputado Alejandro Zapata denunció al obispo de El Alto en medio de la disputa por la dirección de la Fundación Cuerpo de Cristo.
Desde hace meses un importante dolor de cabeza está atravesando el obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini. Desde que falleció el sacerdote Sebastián Obermaier (en agosto pasado), la inmensa obra social Fundación Cuerpo de Cristo (FCC) que fundó atraviesa una disputa.
Sucede que el ex diputado Alejandro Zapata presentó una querella penal en contra del obispo Scarpellini y otros miembros de la FCC por los supuestos delitos de falsedad. Según el político, el prelado y algunos colaboradores falsificaron la redacción del testamento del padre Obermaier.
Este reclamo surge luego de que Scarpellini exhibiera a la prensa un testamento notariado en el que Obermaier deja a la Iglesia Católica los bienes y obras de la fundación que creó. Zapata asegura tener otro documento, por eso se “autonombró” director de la Fundación “de por vida”.
Por tal motivo, “le he iniciado una acción penal [al obispo Scarpellini] por cuatro delitos: falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa. Nosotros entendemos que este sacerdote de nacionalidad italiana, también está sujeto a las leyes bolivianas”, señaló Zapata.
Si bien había varias personas que soñaban con dirigir la institución fundada por el sacerdote alemán que llegó a El Alto en 1978 como misionero, el problema comienza a suscitarse cuatro semanas después de su muerte, cuando dos miembros del ex directorio de la FCC, la ex directora Melba Gutiérrez y Zapata, se presentaron ante la justicia para exigir el restablecimiento de supuestos derechos sobre la institución. Desde entonces, están en campaña para hacerse cargo de la dirección de la FCC.
Zapata “hizo mucho daño” a Obermaier
Entre tantas idas y vueltas, el pasado 5 de enero el obispo Scarpellini convocó a una conferencia de prensa para aclarar que los hermanos del sacerdote Obermaier (herederos legales de la FCC) y los financiadores del proyecto (diócesis de Mónaco), encargaron a la diócesis de El Alto la administración de la FCC y desconocieron al supuesto directorio presidido por Zapata.
Asimismo, el prelado recordó que en su testamento legal, Sebastián designó como sus herederos a sus dos hermanos que viven en Alemania. “La diócesis de El Alto solo ha sugerido un nombre y fue Hans Obermaier quien lo designó (…) Anoche hablé con Hans Obermaier, hermano del padre Sebastián, quien me reiteró que Alejandro Zapata hizo mucho daño a su hermano”.
Scarpellini también explicó a la prensa que según el estatuto de la FCC, “el único fundador y presidente vitalicio fue Sebastián Obermaier”, por lo que “Zapata y Melba Gutiérrez no tienen ningún rol dentro de la FCC”.
“Zapata y Gutiérrez solo se apoyan en el artículo 3 del estatuto de la Fundación y desconocen el resto en los que se reitera que solo el padre Sebastián Obermaier es el único fundador y presidente vitalicio de la organización”, recalcó el obispo.
Zapata y Gutiérrez denunciaron que los actuales miembros del directorio de la FCC “falsificaron el testamento de Obermaier”, situación que supuestamente fue confirmada con estudios periciales realizados al documento. Ahora es tiempo de que la autoridad judicial de Bolivia determine si la firma es realmente del fallecido sacerdote.
Dos viejos conocidos
El actual director de la FCC, Gregorio Condori –quien durante la dirección de Obermaier se desempeñaba como representante legal–, informó que Zapata y Gutiérrez pretenden tomar posesión sobre los 14 proyectos que dejó el sacerdote alemán durante su trabajo en El Alto por más de 38 años, construyendo una obra social de impresionante alcance para ciento de miles de familias alteñas que viven en situación de vulnerabilidad social y económica.
En el caso de Zapata, Condori explicó que el político dejó sus funciones en la FCC para ejercer el cargo de Secretario General de la Prefectura de La Paz y luego el cargo de Diputado Nacional. En cambio, Melba Gutiérrez desempeñó el cargo de directora general de la FCC por 12 años hasta que fue expulsada por abandono de trabajo en 2011 cuando la Federación de Gremiales pretendía hacer la toma de las instalaciones de la obra de bien social. Según Condori, en esa oportunidad “extrañamente” se perdieron de la oficina equipos de computación en los que se conservaba documentación de la institución. “Por esa situación el directorio que fue reconstituido en ese entonces decidió expulsar a Gutiérrez, quien después de un año y medio, inició una acción legal donde pedía 150 mil dólares como liquidación por sus servicios prestados. Por todo eso fue expulsada de la institución”, detalló Condori.
ROBERTO MONARCA. LA PAZ
