Juan Antonio Menéndez: “No hay base legal para indemnizar a las víctimas”

  • El obispo de Astorga es el presidente de la recién estrenada Comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores
  • “Necesitamos mayor coordinación entre las diócesis para abordar de forma similar la prevención y acompañar a las víctimas”, mantiene
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El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez

Ponerse manos a la obra para erradicar la lacra de los abusos en la Iglesia. A esto invita Juan Antonio Menéndez, recién nombrado presidente de la Comisión de trabajo sobre la actuación en delitos a menores, creada por la Conferencia Episcopal Española a mediados de septiembre. Una tarea ardua, no tanto por el número de casos que a día de hoy se conocen en España, cuanto por la sombra de desconfianza que se ha extendido sobre la institución, que no logra sacudirse la etiqueta de poco transparente.

PREGUNTA.- Acaban de celebrar la primera reunión de la Comisión. ¿Por dónde van a empezar?

RESPUESTA.- Primero haremos un estudio de la normativa tanto civil como canónica y de los protocolos de otras conferencias episcopales y de algunas diócesis. Después estableceremos un plan de trabajo más concreto.

P.- Van a actualizar los vigentes protocolos, que son de 2010. ¿Cómo es que no se han actualizado desde entonces, teniendo en cuenta que la Santa Sede envió una circular en 2011?

R.- No puedo concretar la respuesta porque no lo sé, pues solo hace cinco años que pertenezco a la Conferencia Episcopal. Supongo que, hasta el momento, se habrá considerado suficientemente válido el contenido del protocolo de 2010.

P.- Usted, en su diócesis, ha promovido unas nuevas indicaciones sobre estos temas. ¿Qué las diferencia de los protocolos aún vigentes?

R.- Hemos establecido un Protocolo Diocesano para la prevención y tratamiento de los abusos sexuales a menores, que es de obligado cumplimiento para todos los responsables pastorales que tienen contacto con menores. Además, se les pide el certificado de ausencia de delitos de abuso sexual de menores que expide el Ministerio de Justicia y una declaración firmada en la que se comprometen a conocer la doctrina moral de la Iglesia y el rechazo de la misma a este tipo de pecados graves que, además, son delitos. También hemos impartido sesiones de formación permanente a los sacerdotes y les hemos implicado para que s lo hicieran con sus catequistas y otras personas que trabajan en este ámbito. Y seguiremos implementando más acciones.

P.- Sin embargo, esto no ha evitado que le hayan acusado de encubrir un caso de abusos…

R.- Yo no he encubierto ningún caso. Cuando llegué a la diócesis me tocó concluir el caso que ya estaba instruido y trasladar las actas y el decreto final a la Santa Sede. Una vez recibida la comunicación de la Santa Sede, comuniqué a la víctima y al sacerdote la pena impuesta. La víctima manifestó su disgusto y lo dio a conocer a la opinión pública. Al tener conocimiento de que existían otros posibles casos en la diócesis, ordené una investigación exhaustiva para conocer lo que había sucedido en dos colegios, a pesar de que los hechos estaban prescritos. Las presuntas víctimas fueron escuchadas y los expedientes, tramitados conforme a derecho, remitidos a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un caso ya se ha resuelto y otro está pendiente de resolución.

P.- Ante otra denuncia, usted promovió una investigación cuando el caso ya había prescrito y la envió a Roma, de donde vino una sentencia que ha sido muy criticada, pues condena a un sacerdote reincidente en este delito –y cuya primera pena no había cumplido como se había establecido– a un retiro de 10 años a un monasterio. ¿Qué le pareció esa sentencia?

R.- La primera pena impuesta al sacerdote se cumplió tal como se indicaba. Es más, acepté su jubilación, que vivió en la casa sacerdotal atendiendo a los sacerdotes ancianos y enfermos. Quiero dejar claro que yo no autoricé al sacerdote a participar en el homenaje que su parroquia le dio como despedida.  Me enteré después. En cuanto a la segunda pena, después de examinar todas las circunstancias, creo que es una pena justa, tal como indica el Derecho Canónico.

P.- En su momento, la víctima le reclamó una indemnización por el sufrimiento causado. ¿Se contemplará esta cuestión en el futuro?

R.- Yo no tengo base legal para poder hacer esto. Para hacerlo, tendría que tener una sentencia canónica o civil que avalara la legalidad de mi actuación.

P.- Las víctimas se han manifestado muy críticas con esta Comisión y su nombramiento. ¿Tienen motivos? ¿Se puede aún recuperar la confianza?

R.- Yo creo que sí podemos confiar. Todos estamos de acuerdo en que esto no debe volver a suceder en el futuro, ni en la Iglesia ni en la sociedad, y que todos debemos luchar para que así sea. Además, creo que es necesaria una mayor coordinación entre todas las diócesis para abordar de manera similar el tratamiento de la prevención, el proceso y el acompañamiento a las víctimas.

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Actualizado
26/10/2018
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