En España hay hoy unas 40.000 personas sin hogar, viviendo en la calle o en centros que distintas entidades les ofrecen. Si este dato es ya de por sí escandaloso y llama a la reflexión, aún estremece más conocer que en nuestro país hay 3,6 millones de personas que residen en una vivienda calificada como “insegura” y hasta 5 millones si entendemos que esta es “inadecuada”.
Así lo denuncian en su campaña anual Cáritas, FACIAM (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados), XAPSLL (Xarxa d’atenció a Persones sense llar) y BesteBi (Plataforma por la inclusión social y a favor de las personas sin hogar de Vizcaya), que hoy domingo 26 de noviembre convocan la 25ª edición del Día de las Personas Sin Hogar, bajo el lema ‘Somos personas, tenemos derechos. Nadie sin hogar’.
Entre otras iniciativas, más de 30 ciudades de toda España respondieron durante esta semana pasada a la propuesta de realizar un flashmob (baile en la calle) para visibilizar la realidad de este grupo social.
Pero no solamente se trata del drama de carecer de un techo bajo el que cobijarse o de vivir en una vivienda deteriorada, sino de que esta situación provoca que muchos otros derechos estén en entredicho. Así, las entidades promotoras de la campaña alertan en un comunicado conjunto de la necesidad de propiciar una digna atención sanitaria para este colectivo.
“Algunos de los derechos que se han visto restringidos para estas personas –reclaman en su mensaje– tienen que ver el acceso al sistema sanitario, las desigualdades territoriales en la obtención de la tarjeta sanitaria o en la atención prestada en servicios específicos, como urgencias o salud mental”. “A esto –abundan– se añaden situaciones de inequidad en el acceso al sistema de protección social en el territorio, que van desde el empadronamiento a las rentas mínimas”.
Violencia e intimidación
Además de estas trabas burocráticas, las entidades organizadoras del 25º Día de las Personas Sin Hogar denuncian un “incremento de los delitos de odio contra estas personas” y la “persistencia de algunas legislaciones u ordenanzas municipales que criminalizan o sancionan la pobreza, y que desarrollan medidas disuasorias, como la retirada de bancos en las calles o la colocación de pinchos o bolardos”.
Propuestas
Con el fin de provocar un cambio a todos los niveles, Cáritas, FACIAM, XAPSLL y BesteBi proponen una serie de medidas a implementar, dirigidas cada una de ellas a diferentes colectivos:
- A las administraciones públicas les piden promover “reformas estructurales que garanticen el acceso al derecho humano a una vivienda digna y adecuada. Nadie debe verse abocado a vivir en la calle, por lo que es necesario dar prioridad al disfrute de una vivienda segura y económicamente accesible, así como el alquiler social, la cesión de uso y la propiedad cooperativa”. También entienden que “debe fomentarse el destino de las viviendas vacías al alquiler social”. Un ámbito, este, en el que, como denunciaron esta semana las Cáritas de Andalucía, se encuentran cada vez más trabas. Algo que se ha comprobado en el recorte de fondos de la Junta presidida por Susana Díaz, que, en solo cuatro años, ha pasado de dar para la causa 1,2 millones de euros a 355.000 euros
- A la ciudadanía la invitan a que “conozca y participe en entidades sociales de su territorio que promuevan y pongan en valor los derechos de las personas sin hogar, y que sean agentes de derechos a través de la movilización social.
- A los medios de comunicación les solicitan que “informen desde un lenguaje y una perspectiva de derechos que ayuden a eliminar las barreras que sufren las personas sin hogar en el acceso a los mismos”, evitándose así “su estigmatización social”. En este sentido, desde sus inicios, hace un cuarto de siglo, la campaña ha desarrollado “un intenso recorrido de sensibilización para modificar el lenguaje”, proponiendo sustituir términos como “transeúntes” o “sin techo” por “personas en situación de sin hogar”, con el fin de “trasmitir un mensaje de esperanza y oportunidad, para fortalecer la participación de las personas sin hogar en los diferentes proyectos sociales y, lo que es más importante, en su propio proceso de recuperación personal, de ciudadanía y de acceso a derechos”.
