La Iglesia Católica del Pacífico dio la razón y acompañó a los habitantes de Chocó y Buenaventura que semanas atrás se levantaron en paro cívico para reclamar al Estado colombiano soluciones estructurales a las consecuencias del abandono que han vivido durante décadas.
Falta de servicios públicos; corrupción de los niveles municipal, departamental y nacional; pobreza extrema; destrucción del territorio ancestral y agudización de la violencia son parte de las problemáticas que sufren la mayoría de los pobladores de esta región.
Como manifestó en su momento Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, la diócesis que preside ha llamado la atención en diversas ocasiones sobre la violación de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Ya iniciado el paro, las puertas de los templos católicos de la ciudad se cerraron y las comunidades parroquiales se volcaron a las calles para secundar las demandas de la gente. En distintos lugares de la capital chocoana, la diócesis hizo presencia, además, a través de actos culturales. Cuando se avanzó en la negociación entre los representantes del gobierno nacional y los coordinadores de la movilización a nivel local, el obispo mismo fue llamado por la comunidad a mediar en su favor.
Días después, cuando paralelamente el paro cívico en Buenaventura había cobrado relieve, la figura del obispo local, Héctor Epalza, y la del padre John Reina, director de la pastoral social, merecieron ser puestas en primer plano, destacándose entre las de los demás líderes sociales del municipio.
A la derecha, el padre John Reina, durante la firma del acuerdo al cual se llegó en Buenaventura
Reina hizo parte de quienes firmaron el acuerdo al que llegaron el Gobierno y los coordinadores de la movilización en Buenaventura. Durante los días que duraron las jornadas de reivindicación popular, el papel activo del sacerdote se expresó de muy diversas maneras; una de ellas fue su compromiso con los esfuerzos para conjurar las formas de violencia que surgieron en el marco de las marchas.
La revista Semana difundió en todo el país las palabras con que monseñor Epalza explicó la situación que motivó la movilización. “La Costa Pacífica fue excluida del banquete del desarrollo”, destacó el medio. Ante la pregunta por si no era paradójico que el paro se hubiese convocado debido a la crisis social, pero en dos días ya sumase 25.000 millones de pesos en pérdidas económicas, el prelado contestó: “¿quién está perdiendo esa plata? Los grandes capitalistas. Puede que pierda la ciudad, pero es que precisamente no todo es plata. El capitalismo perverso, en palabras del papa Francisco, lo que ha hecho es enriquecer a una minoría y empobrecer a una mayoría; esa es la gran realidad de Buenaventura”.
Según el sociólogo y teólogo Jaime Díaz, director de la Corporación PODION, que durante años ha trabajado codo a codo con la Iglesia Católica en el Pacífico, una de las grandes lecciones que ambas jurisdicciones han dado a toda la Iglesia colombiana tiene que ver con el imperativo de la misericordia.
El tema, puesto de relieve por el obispo de Roma el año pasado, se redimensiona gracias a la actitud asumida por la Iglesia Católica del Pacífico durante las movilizaciones de las semanas pasadas. Es una forma de misericordia su incidencia política en defensa de los derechos de la gente de la región; expresión de la cercanía que históricamente la Iglesia Católica ha tenido con el pueblo, en especial con quienes sufren la inequidad, el abandono estatal y la corrupción.
Como explica Díaz, esta cercanía se ha manifestado en el acompañamiento a la sociedad civil en sus esfuerzos por generar procesos colectivos de reivindicación. De ahí que buena parte de las organizaciones sociales de Chocó y de Buenaventura tienen en su origen el trabajo evangelizador de grupos misioneros. Richard Moreno, por ejemplo, actual procurador delegado para Chocó, quien facilitó el diálogo entre población civil y Gobierno tanto en el departamento como en Buenaventura, proviene del proceso de los consejos comunitarios del Medio Atrato, acompañado desde sus inicios por los claretianos. Por otra parte, la actitud asumida por monseñor Epalza en Buenaventura evoca la labor que en el pasado desarrolló en la región monseñor Gerardo Valencia Cano, para quien el verdadero desarrollo de la gente dependía de su nivel de conciencia y organización y no de “la nueva canción que entona el capitalismo para adormecer a sus víctimas”. En el centenario de su nacimiento, las palabras del misionero resuenen en las del actual obispo: “No se puede afirmar que se ama a Dios, si no se ama a la persona humana en su situación concreta”.
“Anunciar la liberación”
En Misericordie vultus Francisco invitó a la Iglesia Universal a “llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la vista a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella”. Es, justamente, lo que las diócesis de Quibdó y Buenaventura están haciendo en el Pacífico.
Las opciones pastorales de la diócesis de Quibdó y de Buenaventura remiten, además, a aspectos fundamentales del magisterio eclesial latinoamericano. Es el caso de la opción por los pobres subrayada por el CELAM a partir de 1968. Y es más: halla en el Pacífico su materialización aquello dicho durante el Concilio Vaticano II de que “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”.
Las esperanzas de los pobladores de esta región podrían cifrarse en la expresión “buen vivir”. Este anhelo no coincide con los proyectos extractivistas que ponen en peligro el territorio ancestral ni con las condiciones actuales de vida de la gente. El fortalecimiento del paramilitarismo tanto en Chocó como en el municipio de Buenaventura, así como los efectos ambientales del negocio de la droga y de la minería mecanizada, siguen desafiando a las organizaciones sociales y a la Iglesia Católica.
Una paz auténtica, según Jaime Díaz, supone cambios estructurales en la sociedad y respetar la visión propia de desarrollo de habitantes de regiones como el Pacífico. “Una región tan rica y hermosa puede tener alternativas de un desarrollo que respete la naturaleza y busque aprovechar el territorio en turismo, producción manejable, conservación; la gente puede conservarlo y puede producir, pero para eso se necesitan canales de comercialización; el Estado debe establecerlos y brindar oportunidades para que los pobladores se sientan integrados al país”. Díaz reitera que dicha integración ha de salvaguardar la autodeterminación de los pueblos.
Los acuerdos a los cuales la población civil llegó con el gobierno nacional tienen por delante una tarea de veeduría ciudadana y seguimiento. Con todo, una lección más que dejaron las movilizaciones, como bien subraya el director de PODION, es haber hecho constar las posibilidades de una organización popular que no cede a la violencia.
