Grupo de observación del episcopado cuestiona resultados de las operaciones contra las bandas criminales

Acciones militares como la operación Troya -que se adelanta actualmente- en respuesta a la soterrada violencia por la que atraviesa el departamento de Córdoba, no responden al estilo y forma de operación de las bandas criminales que siembran el temor y la zozobra en esa zona del país, así lo expone un informe realizado por el equipo de profesionales que conforman el Observatorio de Realidad que en la práctica es un observatorio social y político del episcopado colombiano.

Hace un poco más de un mes este grupo, compuesto por cinco investigadores al servicio de los obispos del país, estuvo en la zona sur de Córdoba, en los alrededores del Nudo del Paramillo, área de influencia que toca a poblaciones como Tierralta y Montelíbano y veredas circunvecinas, una zona históricamente conflictiva y dominada en distintos momentos por expresiones violentas como el EPL, las FARC, los movimientos paramilitares de los años noventa y ahora las bandas criminales denominadas “bacrim”, que desde la perspectiva de los observadores no son otra cosa que una derivación de lo anterior.
“No se puede decir que no haya una política de gobierno contra estas bandas y tampoco que no haya presencia institucional. A principios de año comenzó la operación Troya, pero lo que se puede advertir es que este tipo de acciones están diseñadas para enfrentar grupos armados con estructuras clásicas, es decir, de un ejercito contra otro ejercito y la lógica de acción de estos grupos es muy distinta. Más que ejércitos son redes, grupos que actúan en red”, explicó el investigador Camilo Ramírez, miembro del equipo del Observatorio de Realidad, quien agregó que “las acciones militares -de las bandas criminales- son dispersas en el territorio, no tienen una estrategia de combate directo contra las fuerzas armadas, pero sí ejercen presión sobre ciertas comunidades en territorios que son vitales para ellos; es decir, presionan a la población civil más que presionar al ejercito”.
Una primera lectura de la situación observada en buena parte del departamento, especialmente en sus áreas rurales y semiurbanas se resume en uno de los apartes de un informe preliminar liderado por Luz Marina Quintero así: “Actualmente muchas de las poblaciones campesinas, indígenas y afro se encuentran confinadas en sus veredas (como lo ha denunciado la comunidad, la Iglesia y miembros de ONG que hacen presencia en la región), en donde el desabastecimiento de alimentos, así como la falta de los servicios de salud y educación, debido a las amenazas de los grupos paramilitares y guerrilleros, están poniendo en peligro a las comunidades y generando un incremento de la violencia en las zonas urbanas y rurales”. La importancia de la zona obedece a distintas características de la misma y es que además de su riqueza natural, es fronteriza con Panamá, razón por la cual sirve como corredor a las rutas del narcotráfico. Se han comprobado también ciertas complicidades entre miembros de la fuerza pública y grupos criminales. “Los actos de violencia se han incrementado significativamente durante el último año, aún cuando supuestamente los grupos paramilitares están desarticulados y en la zona hace presencia un gran número de personal de ejército”, reza en otro de sus apartes el documento.
Así mismo, se da cuenta de otros aspectos no menos graves “resulta paradójico que los cordobeses, teniendo una de las hidroeléctricas más grandes del país en su territorio (Hidroeléctrica de Urrá) deban pagar altas tarifas por el servicio de luz. El recibo de cobro por este servicio público, a los campesinos que cuentan escasamente con un televisor, una nevera y una grabadora, les llega por alrededor de 130.000 pesos mensuales (72 dólares aproximadamente)”. Esta lectura de la realidad forma parte de un conjunto de observaciones que se vienen haciendo desde la Conferencia Episcopal hacia las distintas instancias de los gobiernos local y nacional. VNC
TEXTO: J. Escobar
FOTO: VNC