El proyecto del Gobierno retirar las subvenciones a los centros concertados que segreguen por sexo
Los ministros Rubalcaba y Pajín, en la presentación del proyecto de Ley
FRAN OTERO | Hace poco más de una semana, el Consejo de Ministros aprobó la remisión al Congreso de la Ley de Igualdad de Trato que, entre otras cosas, prevé que se cancelen los conciertos educativos para los centros que segreguen por sexo a sus alumnos. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, se apoyó para defender el proyecto en el Consejo de Estado. “La Ley ha propuesto no subvencionar con conciertos [en estos casos] y el Consejo de Estado avala la tesis del Gobierno”, sostuvo en rueda de prensa.
Dijo también que no se trata de hacer desaparecer este tipo de colegios, sino de no financiarlos, y volvió a citar el informe del órgano consultivo para reafirmar que “no se vulnera el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa ni moral conforme a sus convicciones y en ningún caso vulnera la libertad de educación”. Precisamente, es el mismo organismo el que advirtió de que habrá que modificar la Ley Orgánica de Educación (LOE) para poder poner en marcha esta medida.
Una medida sin respaldo legal
La confederación de padres CONCAPA asegura que se trata de “una medida arbitraria, que no se argumenta ni tiene respaldo legal y afecta especialmente a los padres, que ven mermados su derechos a la libre elección de centro educativo y a la gratuidad de la enseñanza obligatoria”.
Precisamente, esta asociación, junto con otra confederación de padres como COFAPA, las patronales de la enseñanza CECE y Escuelas Católicas, y los sindicatos USO y FSIE, ya habían denunciado el pasado mes de marzo que se trataba de una decisión que “vulnera la normativa exigente y que no se ajusta a las directivas comunitarias”, además de crear inseguridad jurídica y dificultar la tarea docente.
Demostrar la no culpabilidad
Decían también, como han vuelto a reiterar, que el proyecto “podría llegar a cuestionar modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los organismos internacionales”.
“Con todo, lo más preocupante para estas entidades es la sobrecarga de dificultad que impone a los centros escolares, obligando a titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad”, explicaban.
En el nº 2.756 de Vida Nueva (artículo íntegro para suscriptores).
