Un libro de Jordi López Camps (PPC, 2010). La recensión es de Luis González-Carvajal Santabárbara.
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Asuntos religiosos. Una propuesta de política pública
Autor: Jordi López Camps
Editorial: PPC
Ciudad: Madrid
Páginas: 359
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(Luis González-Carvajal Santabárbara) Es posible que más de uno se haya quedado un poco desorientado ante el título de este libro: Asuntos religiosos. ¿Será quizás una miscelánea de preguntas y respuestas sobre la fe?, ¿una recopilación de artículos de sociología de la religión?… A otros, el título les habrá recordado la antigua Dirección General de Asuntos Religiosos –hoy Dirección General de Relaciones con las Confesiones–. Éstos últimos están bien orientados: trata de la relación de los poderes públicos con las diferentes confesiones religiosas existentes hoy en España; el subtítulo, por otra parte, así lo indica. Jordi López Camps (Barcelona, 1950) –doctor en Biología por formación; político desde sus años universitarios por vocación (Partit dels Socialistes de Catalunya) y creyente por gracia de Dios (es portavoz de Cristianos Socialistas)– tiene sobrada experiencia para desarrollar este tema porque ha sido director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat catalana durante el Gobierno de Pasqual Maragall.
El primer capítulo (“Gestión de la diversidad religiosa”) pone de manifiesto cuánto se ha modificado el mapa religioso de España. En el año 2000 –que no está tan lejos–, según las encuestas, únicamente entre el 1 y el 1,5% de los residentes en nuestro país practicaban una religión distinta de la católica. Hoy, debido sobre todo a la presencia de los inmigrantes, sólo los musulmanes representan ya el 2,5% de la población total y el conjunto de las Iglesias protestantes se acercan al 3%. Hay también en España, entre otros, ortodoxos, judíos y budistas. Por eso, hace unos años estábamos acostumbrados a reflexionar exclusivamente sobre las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, contemplándolas bien desde la Iglesia (Derecho Público Eclesiástico), bien desde el Estado (Derecho Eclesiástico del Estado). El actual pluralismo religioso nos exige ampliar la perspectiva.
Frente a quienes ven el hecho religioso como algo que debe estar recluido en la vida privada, el capítulo segundo (“La dimensión política del hecho religioso”) muestra que eso es tan inaceptable como imposible. La religión tiene necesariamente una dimensión pública, por lo que debe existir –y de hecho existe– una gestión política de los asuntos religiosos en todos los niveles de la Administración Pública, desde el Estado hasta los ayuntamientos. La misma Constitución dice que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (art. 16.3).
Regulación actual
El capítulo tercero (“Ejes de una política pública de asuntos religiosos”) es el más novedoso y extenso del libro (112 páginas, la tercera parte del total). Respondiendo a su título, analiza cómo es en estos momentos y cómo debe ser la regulación de los “asuntos religiosos” en un Estado laico y plural como es hoy España. Aborda cuestiones muy importantes porque, según sea esa política, el hecho religioso podrá intervenir positivamente en el espacio público o, por el contrario, ser fuente de conflictos, exclusión social y tensiones. Si tuviera que caracterizar este capítulo con cuatro únicas notas, serían éstas: actualidad, sentido práctico, equilibrio y sensibilidad. Conviene observar, sin embargo, que es –si se puede hablar así– un capítulo con fecha de caducidad, puesto que el Gobierno tiene en espera una nueva Ley de Libertad Religiosa.
El cuarto capítulo (“Repensar la laicidad”), distanciándose a la vez de los movimientos laicistas y de los restauracionistas, propugna una laicidad inclusiva. Es posible que este capítulo no diga nada nuevo a quienes hayan leído ya cosas sobre este tema, pero será útil a los demás.
El quinto y último capítulo (“Promover la ética cívica”) defiende la necesidad de alcanzar, a través del diálogo entre la pluralidad de morales presentes hoy en la sociedad española, un consenso en torno a unos valores comunes capaz de fundamentar la convivencia, que va desde promulgar las leyes civiles hasta establecer los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Se han publicado en estos últimos años muchísimos libros sobre el laicismo y la laicidad desde perspectivas distintas y complementarias, como la sociología –magnífico, por ejemplo, el libro de Rafael Díaz-Salazar España laica (Espasa)–, la filosofía –es de obligada referencia el de Ratzinger y Habermas titulado Dialéctica de la secularización (Encuentro)– o la moral cristiana –me atrevo a mencionar uno mío, Los cristianos en un Estado laico (PPC)–. Pero el libro que estoy comentando y recomiendo calurosamente llena una laguna porque añade la perspectiva de un político en ejercicio.
Debo terminar señalando dos pequeños defectos que, en mi opinión, empañan un poco el valor del libro. El primero de ellos es que resulta bastante reiterativo; si hubiera dicho una sola vez cada cosa podrían haberse ahorrado muchas páginas. El segundo defecto es que tiene bastantes erratas. La mayoría son de imprenta, pero otras se deben a no haber repasado bien el original. Por ejemplo, en la p. 46 dice que “en torno al 47% de las personas recién incorporadas a la sociedad española pueden considerarse católicas”, mientras en la página anterior habla del 60,14%; en la p. 67 caracteriza al episcopado actual como más propenso a distanciarse del modelo eclesial del nacionalcatolicismo que quienes dirigieron la Iglesia durante la Transición, pero el contexto pone de manifiesto que quería decir “menos propenso”; cuando dice en la p. 305 que “las fuerzas políticas deben olvidar…” quiere decir, sin duda, “no deben olvidar”; etc.
En el nº 2.723 de Vida Nueva.
