Regular los CIE es “bueno para los inmigrantes y la sociedad”

inmigrantes después de saltar la valla de Melilla

Las organizaciones sociales lo consideran un avance, pero seguirán pidiendo su cierre

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Regular los CIE es “bueno para los inmigrantes y la sociedad” [extracto]

LUIS RIVAS | Los inmigrantes a la espera de ser expulsados de España ya no permanecerán retenidos en situación de vacío legal. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Cáritas valoran positivamente el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de marzo, pues, por su mera existencia, “beneficia tanto a las personas internas como a los funcionarios y demás personal de los centros, pero, sobre todo, nos beneficia a todos como sociedad”.

La Reforma de la Ley Orgánica de Extranjería del año 2009 fijó en su momento un plazo de seis meses para aprobar una legislación que tutelara el funcionamiento de los ocho CIE que hay en nuestro país (2.572 plazas), pero su desarrollo, a tenor de las fechas, se ha dilatado sobremanera.

Más crítica se ha mostrado CONFER, la cual, en su documento El reglamento de la vergüenza, lamenta que “una persona pueda ser retenida en dependencias policiales hasta 60 días sin haber cometido delito alguno”.

El Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, los Juzgados de control y una miríada de ONG han denunciado en los últimos años graves insuficiencias y numerosos defectos en el funcionamiento de los CIE, tras constatar que las limitaciones de los derechos de las personas allí confinadas van mucho más allá de la restricción a su libertad de movimiento. En principio, la única finalidad de estos centros es realizar los trámites pertinentes para expulsar a los inmigrantes, o, en ocasiones, la sustitución de una condena penal. Dependientes del ministerio del Interior, los CIE son gestionados por el Cuerpo Nacional de Policía y el tiempo máximo de estancia en sus instalaciones puede alcanzar los 60 días.

Como novedad, el Reglamento instaura la figura del administrador, que se encargará de coordinar todos los servicios asistenciales y logísticos, y estará bajo la supervisión de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las organizaciones presentes en el día a día del lugar. Se publicarán informes sobre la vida en los centros con carácter anual.

De igual forma, se reconoce el derecho de los inmigrantes a realizar una llamada telefónica y a solicitar una entrevista con el director del CIE, así como a un mínimo diario de cuatro horas de patio. Los centros estarán dotados de enfermería y servicios jurídicos, y se procurará aislar a los internos condenados por la vía penal. Por último, queda establecido el compromiso de que los agentes asignados a labores de vigilancia recibirán formación específica en materia de extranjería.

“Se gastarán 3 millones de euros en intérpretes, asistencia sanitaria, servicios sociales y suministros varios. También se invertirán a corto plazo 2,6 millones de euros para mejorar y adaptar las celdas, espacios de ocio y equipamiento. Y esto con fondos europeos y ajustes del propio ministerio, es decir, sin aumento del gasto público”, detalla Cristina Manzanedo, experta legal del SJM.

Objeciones

Durante los dos años de elaboración de este régimen de internamiento, el Gobierno ha realizado numerosas consultas a organismos de la Administración del Estado, Congreso de los Diputados y organizaciones sociales, razón por la cual a Cáritas y al SJM les ha resultado “agradable descubrir que el texto aprobado es, sin duda, mejor que los textos iniciales”.

No obstante lo anterior, lamentan, al igual que CONFER, que el Reglamento no aborde los criterios de ingreso en los CIE, ni incluya el deber de explicar a los inmigrantes las causas por las que se encuentran en situación de reclusión o la posibilidad de solicitar asilo. “Tampoco se garantiza la cobertura sanitaria en su interior las 24 horas del día, ni figura la obligación de que el traslado de personas vaya acompañado del traslado y entrega de su historial médico”, apunta Manzanedo.

Por otra parte, “las funciones atribuidas a los servicios sociales no son acordes con la importancia de estos servicios en la detección y protección de personas con perfiles vulnerables”, agrega.

Otras de las cuestiones que más críticas han generado son la “incomprensible y alarmante” introducción de armas de fuego en las labores de vigilancia, así como la falta de garantías en cuanto al secreto de comunicaciones y el principio de celeridad en la tramitación de quejas a los Juzgados de Control. También denuncian que las salas de los aeropuertos permanecen en un limbo legal, al ser excluidas del ámbito reglamentario.

La evolución favorable, así las cosas, no es óbice para que Cáritas, SJM y CONFER sigan trabajando en “alternativas” e insistiendo en pedir el cierre de los CIE, mientras prosiguen su labor de asistencia a los inmigrantes y sus familias.

En el nº 2.887 de Vida Nueva.

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Actualizado
21/03/2014
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