Ante los recortes sanitarios a inmigrantes: los nuevos samaritanos [extracto]
JOSÉ LUIS PALACIOS | Casi un millón de personas se han quedado sin cobertura médica en España. La mayoría, inmigrantes. Entidades eclesiales y numerosos creyentes, de forma aislada o colectiva, intentan resistir a esta discriminación y llegar a donde el Estado no va. Son samaritanos de hoy que atienden a los “descartados” por la crisis.
Los cálculos iniciales de Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y la plataforma ‘Yo sí Sanidad Universal’ cifraban en 800.000 las personas sin atención médica en nuestro país. Abrumadoramente se trata de personas que llevan años viviendo entre nosotros, que han trabajado y cotizado y que pagan sus impuestos en España.
El Real Decreto Ley 16/2012, aprobado el 20 de abril y puesto en marcha el 1 de septiembre de 2012, tenía como objetivo “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. La propia ministra de Sanidad, Ana Mato, explicaba que su intención, al restringir el acceso al sistema público sanitario, era “acabar con el turismo sanitario” y, de paso, “acabar con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España”.
Sin embargo, la ONG Médicos del Mundo especifica que, según sus estimaciones, apenas un 1,6% de los inmigrantes tiene como motivación para venir a nuestro país beneficiarse de la cobertura sanitaria.
Hasta el 31 de agosto de 2012, bastaba empadronarse en alguna localidad española para acceder a la tarjeta sanitaria. Desde entonces, solo los extranjeros menores de 18 años, las embarazadas y los inmigrantes con alguna enfermedad “de declaración obligatoria” (con especial riesgo de contagio) o necesitados de atención de urgencias pueden disfrutar de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Acto de denuncia de la plataforma ‘Yo sí Sanidad Universal’
La doctora Mónica Fuster, religiosa de los Sagrados Corazones, pasa consulta en un centro de Atención Primaria de Lavapiés, un barrio de Madrid. Su experiencia profesional le indica que “casi todas las personas sin tarjeta sanitaria son atendidas, porque las consideramos dentro de algunos de los supuestos previstos, les damos cita de urgencias o se interpretan las normas de modo amplio”.
En la Comunidad de Madrid se ha distribuido una instrucción por la que todos aquellos pacientes que hayan recibido tratamiento antes de la entrada en vigor del citado decreto pueden seguir recibiendo atención médica. Las dificultades surgen cuando, en palabras de Fuster, “llegan con un episodio nuevo, necesitan una cita con los especialistas o presentan alguna patología crónica o aguda que requiere un tratamiento continuado”.
También existen problemas con la medicación, porque aunque el facultativo puede prescribir los fármacos que considere oportunos, solo serán financiados si se trata de enfermedades muy contagiosas, relacionadas con la salud mental o diagnosticadas con anterioridad. “Aun así, muchos no pueden pagarlos”, comenta esta médica de familia.
Una reforma “inmoral”
Más que la literalidad de las normas, en muchas ocasiones aplicadas con gran sentido humanitario, la reforma está consiguiendo disuadir a la población extranjera de acudir al médico y generar zonas de incertidumbre y arbitrariedad.
Para Javier Barbero, psicólogo clínico en la Unidad de Hematología del Hopital La Paz, de Madrid, además de máster en Bioética y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, es del “todo inmoral” que el sistema público “no atienda patologías que amenazan claramente la vida”. Y cita como casos más sangrantes lo que está ocurriendo con los tratamientos antirretrovirales de los enfermos de sida, ya que el paciente, en teoría, tiene derecho a la medicación, pero no está garantizado el seguimiento médico; los enfermos de leucemía, que acceden al primer ciclo de tratamiento, sin tener certeza de que podrán acudir al segundo; o los infectados por hepatitis, con derecho al tratamiento por esta enfermedad, pero no las sintomatologías asociadas…
En su opinión, “si se quería acabar con el turismo sanitario, que fundamentalmente recae en los ciudadanos europeos, había otras medidas mejores que las que se están tomando”.
Son muchos los profesionales
que intentan que prevalezca su juramento hipocrático
y vocación sobre otras consideraciones.
Algunos lo hacen movidos también por su fe.
Para combatir el miedo y las reticencias de los extranjeros sin tarjeta, numerosas entidades han lanzado su propia campaña de información. Algunas van más allá y han organizado brigadas de voluntarios que acompañan y guían a los inmigrantes por los laberintos de la Administración. Es el caso de ‘Yo sí Sanidad Universal’, una plataforma en la que también participa un buen número de personas creyentes.
La Sociedad de San Vicente de Paúl es una entidad católica que acaba de poner en marcha un servicio pionero de información y orientación sobre la atención sanitaria a inmigrantes. Gonzalo García y Carmen Muñoz son los dos voluntarios que asesoran a los extranjeros a los que se les ha negado algún tratamiento y que han pedido ayuda en alguno de los distintos dispositivos con que cuenta la organización caritativa.
Apenas llevan un par de meses en funcionamiento, pero han conseguido resolver positivamente los cinco casos en los que han intervenido. Uno de ellos afectaba a una persona epiléptica que se quedó sin sus fármacos. “Le explicamos que, según la ley, tenía derecho a que le recetaran los medicamentos y le dimos una carta para que se la hiciera llegar a su médico”, narra García, quien admite que “los inmigrantes –y más si están en situación irregular– son reacios a confiarte su historia”.
No solo voluntarios se esfuerzan por sortear los impedimentos administrativos. Son muchos los profesionales que intentan que prevalezca su juramento hipocrático y vocación sobre otras consideraciones. Algunos lo hacen movidos también por la fe que profesan. “Hay cristianos que hemos hecho una objeción de conciencia a los reglamentos e instrucciones porque pensamos que hay motivos de sobra para ello”, admite Barbero, quien fue director asistencial del área sociosanitaria del Hospital-Residencia Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona).
Los responsables públicos, por ahora, hacen la vista gorda en la mayoría de los casos. Su experiencia profesional con los religioso camilos y su cercanía a numerosas entidades cristianas dedicadas a la sanidad le hace pensar a Barbero que “las instituciones sanitarias de titularidad católicas están atendiendo también a personas sin tarjeta sanitaria, a pesar de lo que tengan establecido en los conciertos con las administraciones”. Pero no es solución, pues, como señala, “no tienen economía suficiente y no pueden prestar un servicio de este tipo indefinidamente sin pasar la factura a la Administración”. 
¿Beneficencia o justicia?
El conflicto entre suplir las carencias del sistema público de sanidad o luchar por garantizar que los más desamparados vean reconocido su derecho a la salud es hoy en día “una cuestión muy seria”, en palabras de Javier Barbero. “Nuestra fe nos exije misericordia, encaminada también a hacer justicia, por lo que no podemos mirar para otro lado cuando sufren los más vulnerables. No podemos callar cuando hay personas en riesgo vital que necesitan ser atendidas y no lo consiguen porque no están aseguradas”, dice este psicólogo clínico, para quien “no nos puede dejar indiferente la manera de hacer sostenible el sistema público de sanidad, y desde luego, no se comprende que sean los que menos tienen, los que en términos humanitarios acaben pagando más”.
Y se queja de que “nadie se ha tomado en serio nunca mejorar la eficiencia del sistema. A lo mejor hay que reducir el número de camas, introducir cambios en los servicios o pensar en disminuir las prestaciones a cargo del presupuesto público a los que más tienen…”.
El director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, Jesús Martínez Carracedo, se pregunta si no habría que “distinguir entre inmigrantes ricos, destinatarios del llamado ‘turismo sanitario’, e inmigrantes pobres o sin papeles, los cuales tratan de no acercarse a ninguna institución, tampoco sanitaria, más que cuando es inevitable, por el miedo a que los descubran y expulsen”.
Su respuesta es que “la necesidad de la mejora de la gestión del cobro de los primeros no puede convertirse en la excusa para retirar derechos necesarios de los segundos”.
“Nuestra fe nos exije misericordia,
encaminada también a hacer justicia,
por lo que no podemos mirar para otro lado
cuando sufren los más vulnerables”.
Javier Barbero
Carracedo reconoce que “no hay una postura oficial” del Episcopado español ante los últimos decretos relacionados, si bien recuerda que el mensaje de los obispos de la Comisión de Pastoral de la Salud con motivo del Día del Enfermo de 1987 recogía las enseñanzas del Vaticano II en las que se especificaba que “el trato humano al enfermo implica humanizar la política sanitaria de cara a promover una salud y asistencia a la medida del hombre, autor, centro y fin de toda política y actividad sanitarias”.
Y de ahí, subrayaban los prelados españoles, se entiende que “las instituciones sanitarias estén al servicio del enfermo y no de intereses ideológicos, políticos, económicos o sindicales”.
Opción preferencial
El sacerdote acude igualmente al documento La asistencia religiosa en el hospital, elaborado en 1986 por la Comisión Episcopal de la Salud, para destacar que la comunidad eclesial está llamada a colocarse “en la perspectiva evangélica de la opción preferencial por los más pobres” y a multiplicar sus “gestos de solidaridad en favor de los más necesitados”.
Desde su punto de vista, es urgente el debate político y social “sobre el tipo de modelo sanitario que la sociedad española quiere para sí, las prestaciones que han de ser cubiertas con cargo a los fondos públicos y la cuantía y calidad de los servicios sociales para atender las necesidades y las demandas de sus ciudadanos”, como puso de manifiesto el Congreso Iglesia y Salud.
Sobre la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, hace notar Carracedo que “muchos de los sin papeles lo están porque nuestras leyes los han metido en una espiral imposible (no tienen empleo porque no tienen papeles, no tienen papeles porque no tienen empleo) o porque, teniendo trabajo (sumergido, ilegal), no cotizan, o porque empresarios o familias no pagan sus cotizaciones sociales…”.
La exclusión de quienes dejan de cotizar le suena a “una visión cortoplacista”, y recuerda que “todos aportan recursos al sistema (impuestos indirectos, copago farmacéutico…), y además, los migrantes, en los años anteriores de bonanza, han aportado mucho más al sistema sanitario de lo que se han beneficiado de él”.
Y se pregunta si es ético pedirle al personal sanitario que renuncie a su código deontológico y a su deber profesional porque alguien no está dentro del sistema; es decir, hasta qué punto debe prevalecer la ley ante la ética. “¿Es legal criminalizar a este profesional o a la institución que se salte la ley frente a un deber de justicia con el necesitado?”, se interroga retóricamente el sacerdote.
El director del Departamento de Pastoral de la Salud concluye que en la llamada de la Iglesia española a través de la declaración de la Comisión Permanente de los obispos, en octubre de 2012, Ante la crisis, solidaridad, o en la reciente declaración del papa Francisco en el Angelus del pasado 1 de diciembre, al pedir que “cada persona enferma, sin excepción, tenga acceso a la atención que necesitan”, hay orientaciones muy valiosas para dar con las claves de la acción cristiana en este terreno.
En el nº 2.875 de Vida Nueva
