Entidades eclesiales y particulares intentan resistir a esta discriminación
JOSÉ LUIS PALACIOS | Los cálculos iniciales de Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y la plataforma ‘Yo sí Sanidad Universal’ cifraban en 800.000 las personas sin atención médica en nuestro país. Abrumadoramente se trata de personas que llevan años viviendo entre nosotros, que han trabajado y cotizado y que pagan sus impuestos en España. La propia ministra de Sanidad, Ana Mato, explicaba que su intención, al restringir el acceso al sistema público sanitario, era “acabar con el turismo sanitario” y, de paso, “acabar con los abusos que se producen por parte de los extranjeros que vienen a España”.
Sin embargo, la ONG Médicos del Mundo especifica que, según sus estimaciones, apenas un 1,6% de los inmigrantes tiene como motivación para venir a nuestro país beneficiarse de la cobertura sanitaria.
Hasta el 31 de agosto de 2012, bastaba empadronarse en alguna localidad española para acceder a la tarjeta sanitaria. Desde entonces, solo los extranjeros menores de 18 años, las embarazadas y los inmigrantes con alguna enfermedad “de declaración obligatoria” (con especial riesgo de contagio) o necesitados de atención de urgencias pueden disfrutar de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
La doctora Mónica Fuster, religiosa de los Sagrados Corazones, pasa consulta en un centro de Atención Primaria de Lavapiés, un barrio de Madrid. Su experiencia profesional le indica que “casi todas las personas sin tarjeta sanitaria son atendidas, porque las consideramos dentro de algunos de los supuestos previstos, les damos cita de urgencias o se interpretan las normas de modo amplio”.
Una reforma “inmoral”
Más que la literalidad de las normas, en muchas ocasiones aplicadas con gran sentido humanitario, la reforma está consiguiendo disuadir a la población extranjera de acudir al médico y generar zonas de incertidumbre y arbitrariedad.
Para Javier Barbero, psicólogo clínico en la Unidad de Hematología del Hopital La Paz, de Madrid, además de máster en Bioética y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, es del “todo inmoral” que el sistema público “no atienda patologías que amenazan claramente la vida”.
Y cita como casos más sangrantes lo que está ocurriendo con los tratamientos antirretrovirales de los enfermos de sida, ya que el paciente, en teoría, tiene derecho a la medicación, pero no está garantizado el seguimiento médico; los enfermos de leucemía, que acceden al primer ciclo de tratamiento, sin tener certeza de que podrán acudir al segundo; o los infectados por hepatitis, con derecho al tratamiento por esta enfermedad, pero no las sintomatologías asociadas…
Para combatir el miedo y las reticencias de los extranjeros sin tarjeta, numerosas entidades han lanzado su propia campaña de información. Algunas van más allá y han organizado brigadas de voluntarios que acompañan y guían a los inmigrantes por los laberintos de la Administración. Es el caso de ‘Yo sí Sanidad Universal’, una plataforma en la que también participa un buen número de personas creyentes.
La Sociedad de San Vicente de Paúl es una entidad católica que acaba de poner en marcha un servicio pionero de información y orientación sobre la atención sanitaria a inmigrantes. Gonzalo García y Carmen Muñoz son los dos voluntarios que asesoran a los extranjeros a los que se les ha negado algún tratamiento y que han pedido ayuda en alguno de los distintos dispositivos con que cuenta la organización caritativa.
No solo voluntarios se esfuerzan por sortear los impedimentos administrativos. Son muchos los profesionales que intentan que prevalezca su juramento hipocrático y vocación sobre otras consideraciones. Algunos lo hacen movidos también por la fe que profesan. “Hay cristianos que hemos hecho una objeción de conciencia a los reglamentos e instrucciones porque pensamos que hay motivos de sobra para ello”, admite Barbero.
Los responsables públicos, por ahora, hacen la vista gorda en la mayoría de los casos. Su experiencia profesional con los religioso camilos y su cercanía a numerosas entidades cristianas dedicadas a la sanidad le hace pensar a Barbero que “las instituciones sanitarias de titularidad católicas están atendiendo también a personas sin tarjeta sanitaria, a pesar de lo que tengan establecido en los conciertos con las administraciones”. Pero no es solución, pues, como señala, “no tienen economía suficiente y no pueden prestar un servicio de este tipo indefinidamente sin pasar la factura a la Administración”.
Ante los recortes sanitarios a inmigrantes: los nuevos samaritanos [íntegro solo para suscriptores]
Cómo suscribirse a Vida Nueva [ir]
En el nº 2.875 de Vida Nueva.
LEA TAMBIÉN:
- A FONDO: San Antonio, un dispensario en el que no piden papeles ni copagos (solo suscriptores)
