El Episcopado clama por una Guatemala sin violencia

funeral por las víctimas del terremoto Guatemala noviembre 2012

Denuncia que el Estado solo beneficia a ciertas oligarquías de poder

funeral por las víctimas del terremoto Guatemala noviembre 2012

Funeral por las víctimas del último y reciente terremoto

M. Á. MALAVIA | Como ya es habitual en el Episcopado de Guatemala, la clarividencia y valentía de su denuncia social marcan también su último comunicado, hecho público semanas atrás con ocasión del terremoto que, el pasado 7 de noviembre, causó 44 víctimas.

Firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, Rodolfo Valenzuela (obispo de Verapaz), y por el secretario de la institución, Bernabé Sagastume (titular de Santa Rosa), los prelados del pequeño país centroamericano muestran su cercanía a las víctimas del seísmo, a la vez que claman contra una situación generalizada que suma cada día más y más muertos: la violencia que surge de diferentes focos y ámbitos. Ante esta dramática situación, como muestra el lema del texto episcopal, ellos mismos se interpelan: Entonces, ¿qué podemos hacer?

Una respuesta que, en primer lugar, parte del análisis. Así, los obispos guatemaltecos perciben un “incremento de la conflictividad social existente en el país”. Ello no hace sino incidir en una generalizada sensación de desesperanza, “a causa de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la amenaza constante en un horizonte en que la mayoría de guatemaltecos perciben que sus intereses más elementales son ignorados o pisoteados”. Algo que, en definitiva, provoca que “prácticamente la totalidad de la población” viva bajo el peso de “temores profundos”.

Continuando con su reflexión, los prelados recuerdan que tal conflictividad es “histórica” y, en gran parte, nace de un “horizonte agrario”, pues son “numerosos los lugares en que la población carece de tierra y de la posibilidad de encontrar alguna salida fuera del ámbito campesino”.

Asimismo, apuntan como otros focos de violencia cuestiones arraigadas en la cultura nacional, como “la supuesta legitimidad del asesinato pasional, la venganza de sangre, la cadena de venganzas y el ser capaz de matar como atributo de virilidad”. Incluso, citan cómo en algunas regiones se han “adulterado tradiciones mayas ancestrales para volverlas vengativas, crueles y de turba enardecida; por tanto, irracional y manipulable”.

Políticas clientelares

Pero, si alguien no sale bien parado del análisis episcopal, ese es el Estado, al que achacan una “nueva conflictividad”, consistente en no haber sido capaz de “orientar la inversión privada al bien común, pues, en el proceso de privatización de las empresas estatales, ha prevalecido el propósito de favorecer al sector privado, han elaborado leyes económicas a favor de la empresa y no del bien común, no han sabido atraer el apoyo de la población para la implementación de políticas de desarrollo energético y educativo, y han gastado el presupuesto en políticas clientelares”.

Frente a esta abrumadora realidad, de poco sirven los “programas asistencialistas” que no combaten “las causas estructurales de la pobreza” y dejan en su misma situación a “los grandes olvidados del sistema”: “Los más pobres, indígenas, campesinos y quienes no han tenido una educación formal”.

Una denuncia ciertamente dura, a la que sigue una serie de interpelantes “propuestas de solución”. A los tres grandes poderes, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, les piden “velar por el bien común”, dejando atrás intereses “partidistas” y “cortoplacistas”. Algo que hacen extensible al conjunto de la sociedad civil y los distintos agentes que la conforman.

Entre ellos, los partidos políticos, que “deben recuperar su función de ser mediadores entre la sociedad y el Estado”; la empresa privada, que, además del “objetivo del lucro”, ha de “buscar también el desarrollo humano de todas las personas que la constituyen” y vigilar “el impacto ambiental de sus operaciones”; o las organizaciones sociales, que deben ser “alternativas” de los poderes públicos, pero a su vez “aliadas” de los mismos en la búsqueda del bienestar general, dejando atrás “el enfrentamiento violento y la desestabilización política”.

Finalmente, se instan a sí mismos, como representantes de la Iglesia, a contribuir al desarrollo social. Y lo hacen comprometiéndose a acometerlo desde el anuncio del Evangelio, “como fuente de esperanza, de humanización y como fundamento para una ética personal responsable”.

En conclusión, cada guatemalteco, “sin distinción de clases sociales o posiciones políticas o económicas”, ha de poner su grano de arena para hacer frente “a la anarquía, a la ingobernabilidad y a la destrucción del bien común”.

En el nº 2.827 de Vida Nueva.

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Actualizado
07/12/2012
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