La Iglesia pide que se atienda a los inmigrantes

Entra en vigor el Real Decreto por el que los ‘sin papeles’ se quedan sin sanidad

mujer inmigrante protesta por los recortes

FRAN OTERO | El sábado 1 de septiembre no quedará para la historia como un buen día para el derecho a la salud, sobre todo de los más vulnerables, los inmigrantes en situación irregular.

Entra en vigor el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Naciconal de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aprobado por el Congreso de los Diputados, y por el cual se retirará a los ‘sin papeles’ la tarjeta sanitaria y, por ende, la atención primaria.

De este modo, los inmigrantes que no estén regularizados no tendrán derecho a ser asistidos, con excepción de las urgencias, los menores de edad y las embarazadas. Una medida –por la que se ahorrarán unos 500 millones de euros– que han combatido y contestado numerosas organizaciones sociales, entre ellas, muchas católicas, que la consideran “injusta e inmoral”.

También algunos obispos han expresado sus críticas. El último que se ha manifestado sobre esta cuestión ha sido el obispo de Bilbao, Mario Iceta, quien en su homilía con motivo de la Fiesta de la Asunción reclamó que se siga atendiendo a los inmigrantes en situación irregular.

En un texto muy centrado en la crisis económica, dijo: “En estos tiempos duros, no se puede abandonar el objetivo de una protección social adecuada. No es admisible que los miembros más vulnerables de la sociedad sufran con mayor dureza las consecuencias de la crisis. Por ello, las necesarias reformas no pueden comprometer la garantía pública de servicios básicos para la cohesión y la justicia social”.

Buscar una “solución justa”

En este sentido, añadió que son precisamente los inmigrantes “uno de los colectivos que acusan con mayor severidad la falta de empleo y el empobrecimiento”. “Debe buscarse una solución justa a las situaciones de ‘ilegalidad’. La sensibilidad y humanidad que estos casos requieren debe conducirnos a prestar los servicios básicos que necesitan y a poner en marcha medidas de integración que los rescaten de situaciones injustas y los guíen en la senda de la equiparación en todos los aspectos con los demás ciudadanos”, afirmó.

También Cáritas publicó a principios de agosto un comunicado en el que instaba al Gobierno y a los partidos políticos “a una reflexión profunda” sobre las consecuencias de esta decisión”.

En su opinión, “se está tomando sin la debida reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de garantías de derechos en el que se sustenta nuestra sociedad, ni de su repercusión sobre los ciudadanos más débiles a los que también el Estado debe garantizar sus derechos fundamentales”.

Para esta institución eclesial, el Real Decreto aprobado en abril supone un cambio de modelo que afecta, sobre todo, a las personas más desfavorecidas.

Para ofrecer la mayor información posible, el centro jesuita Pueblos Unidos ha publicado en su página web una Guía Sanitaria en la que se ofrece con detalle información de interés ante la entrada en vigor del nuevo Real Decreto.

En el nº 2.813 de Vida Nueva. La Iglesia pide que se atienda a los inmigrantes, íntegro solo para suscriptores

 

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Actualizado
31/08/2012
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