Mis alumnos del Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán, pertenecientes a diversas congregaciones religiosas y originarios de diferentes países, son conscientes de una realidad sangrante en esta bella isla que siempre se caracterizó por la buena armonía en la convivencia de sus moradores hasta que los países colonizadores decidieron dividirla en dos países, Haití y República Dominicana, para enriquecerse con la explotación de sus recursos naturales.
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Bartolomé de las Casas recoge en sus escritos el testimonio de Cristóbal Colón alabando la bondad natural de los originarios de la isla: “Yo vi y conozco que esta gente no tiene secta ninguna, ni son idólatras, salvo muy mansos, y sin saber qué sea mal, ni matar a otros, ni prender, y sin armas y tan temerosos, que a una persona de los nuestros huyen ciento dellos, aunque burlen con ellos, y crédulos y conocedores que hay Dios en el cielo, y firmes que nosotros habernos venido del cielo, y muy prestos a cualquiera oración que nos les digamos que digan, y hacer el señal de la cruz ”.
Una excusa
En verdad no tiene sentido la construcción de un muro entre estos dos países. Y todo con la excusa de que, entre otras cosas, “permitirá controlar el comercio bilateral, regular el flujo migratorio para combatir las mafias que trafican con personas y hacer frente al narcotráfico y a la venta ilegal de armas”.
Además de fomentar la separación entre grupos humanos muy cercanos, se retrocede en la historia que ha dado tantos pasos de acercamiento y fortalecimiento de la hermandad. Ambos países se necesitan, pues forman parte de una misma historia de lucha por la dignidad en la que se han conquistado muchos derechos siendo modelo para otras latitudes del mundo.
Lo que realmente no se quiere decir es que los grandes beneficiarios de esta construcción son los políticos encargados que, por ley, se llevan un 20 % del monto gastado y las empresas que pertenecen de forma oculta a intereses del partido oficialista.
Hipocresía
Es una hipocresía esta decisión política, pues responde a los intereses puramente económicos de empresas multinacionales como Central Romana y Grupo Vicini, que utilizan a los braceros que traen de Haití para la zafra (recolección de la caña de azúcar) de noviembre a junio de cada año. Estas empresas, que son gobierno paralelo pues pagan las campañas electorales de todos los partidos, tienen a los picadores de caña en condiciones de auténtica esclavitud.
Y esta situación, como documenta J. Socías en el libro ‘Padre Christopher Hartley Sartorius. En el púlpito de la miseria’ (La Esfera de los libros), viene de lejos: “El azúcar del Caribe empleaba a más de dos tercios del total de esclavos que llegaban a América y solo así pudo pasar de ser una materia prima reservada a los ricos a estar en todas las mesas de las familias europeas, incluso en las más modestas”.
Todos los gobiernos se han visto comprometidos con el Central Romana y el Grupo Vicini porque les deben todos los favores económicos que les facilitaron. Es voz común escuchar que las elecciones se ganan con dinero tanto para pagar la campaña electoral como para los clientelismos políticos. Por eso nunca les importó el color del gobierno al que prestaran dinero, siempre y cuando le rindiera pleitesía. El Estado, al carecer de liquidez, les pagaba con tierras, un método de pago que les permitió amasar ingentes cantidades de suelo.
Mano de obra… esclava
La mano de obra que nutre hoy estos cañaverales es fundamentalmente haitiana, aunque no siempre fue así. En un primer momento, en torno a 1880, la mano de obra en las plantaciones azucareras era predominantemente dominicana, pero la caída de los precios del azúcar hizo que los braceros dominicanos fueran sustituidos por mano de obra extranjera. Los primeros inmigrantes fueron principalmente cocolos, habitantes de las colonias británicas de las Indias Occidentales. Después los traían de África en barcos en las condiciones más infrahumanas. Estos fueron los preferidos porque exigían menos que los dominicanos en cuanto al trabajo, la vivienda y las condiciones sanitarias.
En el comienzo del siglo XX, el deterioro de las tierras agrícolas de Haití y la disponibilidad de tierras dominicanas atrajeron mano de obra haitiana. Y se vio que los haitianos podrían ser fuente de mano de obra mejor que los cocolos en las plantaciones de azúcar dominicanos. Más tarde, el tirano Rafael Leónidas Trujillo, que había perseguido a los trabajadores haitianos en República Dominicana, formalizó un acuerdo con el presidente Paul Magloire en 1952 para que le enviara anualmente miles de braceros (16.500 trabajadores), pagando un precio por cabeza.
El siguiente acuerdo lo firmó con François Duvalier en 1959 y el tercero y último, después de haberse creado el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), lo concertó el presidente Joaquín Balaguer, en 1966, con el presidente hereditario y vitalicio de Haití Jean Claude Duvalier. Estos acuerdos fueron sustituidos por contratos anuales. Balaguer firmó con Baby Doc en 1971, 1973, 1974, 1975 y 1976, cada vez por miles de braceros y siempre pagando un precio al Gobierno haitiano.
Pago por cabeza
En octubre de 1978, el nuevo gobierno del PRD que presidió Antonio Guzmán negoció y firmó un acuerdo con Duvalier y otro más en diciembre de 1979; el primero por 15.000 trabajadores y el segundo por 14.000. El Gobierno dominicano pagó cada año un millón 225 mil dólares al gobierno haitiano por esos braceros, aparte de otras partidas menores, siguiendo las mismas condiciones que negociaba Balaguer. Ese dinero iba directamente a las arcas del Estado haitiano, sin que el cortador de caña viera el más mínimo céntimo.
Además de los braceros que llegaban al país en base a estos contratos entre gobiernos, también se daba un reclutamiento por medio de “buscones” para proveer de mano de obra a las compañías privadas (de 7 a 10 dólares por cabeza se pagaba en la década de los 80 del siglo pasado). Y esto con una autorización especial de la Presidencia. Así, por medio de contratos entre los estados o de un reclutamiento fraudulento, se ha ido legitimando también la “esclavitud” y explotación de miles de seres humanos de la forma más cruel.
Se ha verificado cierta complicidad entre los gobiernos que comparten la isla a pesar de los distanciamientos de la historia. Solo se recuerda a Jean Bertrand Aristide como el presidente que se preocupó por los migrantes que salían de su tierra a picar la caña para que a su regreso tuvieran mejores condiciones de vida: “El acuerdo establecía que el Estado haitiano deduciría cada dos semanas un dólar a cada trabajador, que sería guardado y entregado al final de la zafra, antes de su regreso al país. Tras varios periodos de suspensión, el contrato entre ambas naciones se suspendió de manera definitiva en los noventa. El presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, terminó la práctica diciendo que los haitianos no eran vacas en venta con un precio por cabeza.
Sin derechos
Estos acuerdos bilaterales de los gobiernos se mantenían en secreto, por lo que los braceros no llegaban a conocer cuáles eran sus derechos. Hoy día ocurre lo mismo; no solo no conocen sus derechos, sino que ignoran que los puedan disfrutar. Desde que salen de Haití ya comienza el calvario. Al final de cada zafra, los braceros tienen que regresar a su país o ser repatriados, muchas veces de forma caótica y violenta. Muchos, lógicamente, escapan a esta repatriación y se quedan en suelo dominicano. Lo peor es que no saben que tienen derechos como cualquier ciudadano del mundo, se les niega el derecho a tener derechos.
Cuando la política migratoria se recrudece son los momentos más fatales, pues nadie está seguro… El batey es el infierno, pero ahí al menos se sienten seguros. Es el único sitio donde Migración no los irá a buscar porque el Estado entiende que el batey es el único sitio que los haitianos merecen y porque jamás se atrevería a dañar los interesas económicos de la familia Vicini, despojándoles de la mano de obra que sustenta la producción del azúcar. Aun así, a veces la policía ha entrado en el batey, sobre todo cuando se produce algún asesinato o algún robo en las inmediaciones. Entonces, llegan enfangadas las camionetas de la Dirección General, agarran a unos cuantos y ponen rumbo a la frontera.
Lo hacen sin pararse a pensar que realmente los haitianos nacidos en los bateyes tampoco son haitianos. Nunca han estado en Haití ni hay nada que los vincule a ese país, salvo sus ancestros. Aquel país tampoco les reconoce. Y así viven, en el limbo que crea el miedo y la inseguridad de que nadie te reconoce. De que nadie te quiere. Solo el batey les entiende. Entre los suyos, entre iguales, entre personas que sufren y padecen los mismos abusos. En el batey no son libres, pero están a salvo.
Sin importar si hay niños o ancianos
Cada cierto tiempo, cuando la tensión es más fuerte, viene la “camiona” y se lleva a cuanto indocumentado se encuentre sin importar si hay niños o ancianos para llevarles a Haití, un país del que no conocen ni siquiera la lengua porque aquí les ha dado vergüenza de aprenderla. Todavía me emociono cuando recuerdo lo que me contaron unos niños que viven en una cloaca de El Seybo donde su casa se les quemó y con la ayuda de Selvas Amazónicas-Misioneros Dominicos se les levantó de nuevo. Pues a los pocos días, en la madrugada, llegaron varios policías al sector para subir a la “camiona” a todos. Los niños, junto a sus papás, se acurrucaron de miedo esperando lo peor, pues no tenían documentos de su proceso de regularización al habérseles quemado también. Gracias a Dios, a escasos metros de su casa, los policías se dieron la vuelta.
Sin una fuente de mano de obra barata, la industria azucarera estaría condenada al fracaso inmediato. Y esta mano de obra, en República Dominicana, la constituyen los braceros haitianos. Esta es la razón por la que los haitianos son tan importantes para la industria azucarera dominicana. Se calcula que en el Central Romana trabajan más de 20.000 inmigrantes haitianos. Muchos de ellos llevan varias décadas asentados en el país, pesando sobre ellos de manera constante el peligro de la deportación, dado su régimen de “ilegalidad”. Esta situación de inseguridad permanente impide que ellos puedan organizarse en reclamo de sus derechos laborales.
La construcción de este muro es una forma más de reforzar la Sentencia n° 168/13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana que decide cómo a los hijos e hijas de extranjeros residentes no legales en el país no le corresponde la nacionalidad dominicana. Ante esta sentencia, al igual que la primera comunidad de dominicos en la isla, proclamamos: “Somos la voz que grita en el desierto de esta isla… ¿es qué acaso éstos no son hombres? ¿Cómo les despojan de un derecho fundamental, el de su nacionalidad?… Y aún más, después de proclamarnos como República hasta la modificación constitucional del año 2010, nuestra Constitución afirma que “todo el nacido en territorio dominicano es dominicano”. Por otro lado, esta sentencia contradice acuerdos y convenios internacionales de Derechos Humanos, ratificados por el Congreso dominicano.
