“Una ocasión histórica”. Así celebró la Iglesia, este 9 de abril, la admisión a trámite por el Congreso de los Diputados (con el voto favorable de todos los partidos políticos a excepción de Vox, que se posicionó en contra) de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que puede marcar un aldabonazo en la apuesta de España por la dignidad humana, al hilo de ‘Dignitas infinita’. Y es que hablamos de una propuesta que reclama una regularización extraordinaria de las personas extranjeras que residen en nuestro país desde antes del 1 de noviembre de 2021 y que viven en situación irregular. Una población que en su mayoría ya está trabajando (aunque sin cotizar, siendo la suya una economía sumergida y sin derechos) y que se estima en medio millón de personas.
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Además del volumen de las personas a las que les puede cambiar la vida, estamos ante una de las ILP con mayor respaldo ciudadano en nuestra historia democrática, con 700.000 firmas y 900 entidades comprometidas. Buena parte de ellas, eclesiales. Así se reflejó en el comunicado conjunto difundido ese día 9 por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y Cáritas. En él, se constata que “este paso permite dar continuidad al recorrido parlamentario de esta proposición de ley, dando respuesta a una reivindicación con un sólido respaldo social”.
Período de debate
Dado este primer y necesario paso (si ni siquiera se admitía a trámite se cortaba sin más el avance de “un proceso iniciado desde la sociedad civil en el año 2021”), ahora nos situamos ante un “nuevo período de debate, reflexión y enmiendas”, en el que “confiamos en que las futuras negociaciones estén marcadas por la búsqueda de consensos para abordar con responsabilidad una realidad que ha de ser tratada como una cuestión de Estado”.
Más allá de saber si esta posible regularización extraordinaria se concreta o no y en los términos en los que se desarrolla, solo el hecho de que se haya tramitado y se inicie un debate parlamentario al más alto nivel, no ha sido fácil. De hecho, días antes, las entidades eclesiales temían que PP y PSOE, los dos partidos mayoritarios, votaran en contra. Y se pusieron manos a la obra…
Primer comunicado
Primero, con otro comunicado conjunto publicado el día 5 y en el que esgrimían que, pese al “respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada”, la ILP afrontaba “un momento crucial”, temiéndose un rechazo “antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella”. Por lo que “resultaría incomprensible” que esta iniciativa no fuera al menos analizada por “los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular”.
En segundo lugar, desde la Iglesia se abrieron cauces directos de diálogo con PP y PSOE. En esas horas críticas, Vida Nueva habló con representantes eclesiales implicados en esa misión. Uno de ellos fue el misionero claretiano Miguel Tombilla, presidente de la Fundación Proclade, que reconocía que, ante la dificultad del momento, habían propuesto que la toma o no en consideración del Congreso “se dilatara unos meses más, para tratar de llegar a acuerdos más concretos”, pero “el bloqueo de Vox forzó que se tuviera que ir al pleno este martes”.
Dudas en ambos partidos
Ahí, desde el PP se trasladaba que “no es el momento” de esta ILP, pero tampoco había un rechazo tajante, por lo que no era seguro el sentido de su voto. En el caso del PSOE, estaba muy presente que, semanas atrás, el diputado socialista Luc André Diof, en su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso, había dicho que “el marco jurídico de la Unión Europea no permite una regularización de inmigrantes”. Eso sí, matizando que “lo que se permite es lo que estamos haciendo ahora: la reforma del reglamento de extranjería”.
Xabier Parra, director de Sercade, el Servicio Capuchino para el Desarrollo, explicaba a esta revista que “dicho argumento es falso. Europa sí lo permite y así lo ha manifestado públicamente la propia comisaria europea de Asuntos de Interior, la sueca Ylva Johhansson, que ha dicho claramente que estos procesos son ‘competencia de cada estado’”. Otra cosa es que “recordara que hay que hacerlo según la normativa europea, con un procedimiento riguroso y caso a caso. Pero es justamente lo que propone la ILP: que trabajemos en desarrollar este procedimiento”.
Procesos ordinarios
En cuanto a “las regularizaciones ordinarias que defiende el PSOE”, Parra relataba que “les hemos transmitido que las entidades de Iglesia estamos acompañando a la población migrante para lograr regularizaciones por arraigo o formación, pero estas son insuficientes. Existe un bloqueo constante porque hay una revisión muy ardua o problemas de comunicación entre ministerios. Por eso defendemos que esta vía no es incompatible con la regularización extraordinaria. Todo lo contrario”.
Finalmente, todo este trabajo público y discreto dio frutos y Vox quedó como la única formación en contra de la ILP, que se registró en el Congreso para su debate y concreción. Lo que a Tombilla le ha llenado de “alegría”, pues sabe que “no ha sido nada fácil” y ha sido por “el compromiso de muchas personas, que hemos conseguido que PP y PSOE reflexionaran seriamente sobre la cuestión”. Un diálogo que “siempre abrimos a todos, incluido Vox, al que se invitó a hablar, pero no lo aceptó”.
Puertas abiertas
Para el presidente de Proclade, “ahora el momento es complejo y no creo que ni PP ni PSOE acepten la regularización tal y como está prevista en el proyecto”. Pero, aunque vengan “meses duros”, lo esencial es que “los dos grandes partidos nos han asegurado que las puertas para hablar están abiertas”, debiendo ahora reunirse todas las plataformas implicadas para discernir “la estrategia a seguir”.
Por su parte, Parra reconoce que, pese a la conciencia de las dificultades, “este es un momento de ilusión desbordante, pues, hasta el último minuto, no supimos qué iban a hacer PP y PSOE y hubo un momento, días antes, en el que pensábamos que votarían en contra. Hay que resaltar que ha sido el compromiso de las entidades implicadas, con un empuje especial por parte de las eclesiales, el que ha cambiado todo. Ahora la ILP está más viva que nunca, aunque sabemos que viene lo más difícil: poner de acuerdo a los partidos para que voten a favor del reglamento o las enmiendas que vayan saliendo”.
Cambio de tono
Lo que hay que esperar es que se mantenga este “consenso” que ha conseguido que “al fin se hable en otros términos de un tema tan sensible como la inmigración, que suele concentrar los más salvajes titulares, asociándose a la muerte o a la pobreza”. Solo hay que lamentar “la posición de Vox, que ha vuelto a apostar por un discurso terrible sobre la cuestión”.
A nivel de la CEE, su presidente, Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, había llamado días antes al apoyo a la ILP, pidiendo “superar una polarización provocada por intereses politiqueros”. En declaraciones a Vida Nueva, el dominico Xabier Gómez, director de Migraciones del Episcopado, recalca que “lo vivido en el Congreso es algo histórico. En este ambiente de crispación, que, pese a los acentos políticos de cada partido, se haya logrado tal consenso en torno a una demanda justa, es un pequeño milagro”. Ahora viene “un camino que no es fácil, pero en el que necesitamos transversalidad, capacidad de escucha y seguir poniendo en el centro lo que ha motivado esta ILP: la dignidad de la persona y el bien común. Realmente, nos va a hacer mejores a todos”.
