EDITORIAL VIDA NUEVA |Benedicto XVI llevó a cabo un esfuerzo ímprobo para hacer frente a la lacra de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. La premisa: son un pecado un delito y, como tal, los responsables deben responder ante Dios y ante la Justicia. Francisco ha reforzado esta línea de trabajo intachable con más instrumentos de control, como la reciente comisión para apelaciones dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Uno y otro son conscientes de que es un mal que afecta a todo el espectro social, no solo a la Iglesia. Pero, de la misma manera, han tenido claro que la Iglesia no puede permitirse afrontarlo desde una cultura del silencio y una falsa compasión, que no se debe confundir con la discreción y el respeto a la presunción de inocencia.
Con todas las reservas con las que hay que afrontar una investigación en curso y bajo secreto de sumario, el caso en Granada que ahora se conoce exige esa respuesta firme y sin paliativos. Así lo hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en el arranque de la Asamblea Plenaria. Con los datos hechos públicos, a raíz de la intervención de Francisco para atajar el problema, el Arzobispado de Granada presentó ante la Fiscalía Provincial un escrito de denuncia, que se une a la realizada por la víctima contra tres sacerdotes por abusos sexuales, además de otros siete curas y dos laicos por encubrimiento. Todo, después de la correspondiente investigación diocesana y la suspensión a divinis de los principales acusados. Afortunadamente, como ha podido confirmar Vida Nueva, el denunciante ha encontrado en otros rostros de la propia Iglesia el acompañamiento necesario para intentar curar la terrible herida que arrastra.
El Papa ha “primereado” esta crisis. Su inmediatez y contundencia en la acción marcan de nuevo el camino a seguir: las llamadas a la víctima, su petición de perdón, el compromiso para resolver el asunto con urgencia, su invitación a denunciar ante los tribunales y su propuesta para formar parte de la Comisión de víctimas. A la vista está que la tolerancia cero que exige la Santa Sede no es un mero discurso de intenciones, sino que se traduce en unos protocolos de actuación que se están cumpliendo.
Como ocurre con otros delitos, no se puede poner solución ni tomar medidas hasta que no se conocen y reconocen. Bien es cierto que resulta complicado, que no imposible, seguir la pista de un depredador sexual. Pero eso no quita para que se redoblen los esfuerzos cuando se disparan las alertas, sin que esto suponga generar en el otro extremo una cultura de la sospecha permanente. Sobre este caso concreto se desconocen todavía muchos datos y planean dudas. Queda por ver si previamente a que el denunciante escribiera al Papa contando lo ocurrido, se puso en conocimiento del arzobispo, si hubo respuesta y comprensión por su parte. Pero también, si quienes conocían a la víctima y a los ahora acusados estaban al tanto de lo sucedido y callaron. Si fuera así, el encubrimiento al verdugo es un delito y los errores en la gestión no pueden quedar impunes. Es ahí donde se juega la credibilidad de la institución, esa que reclaman en estos tiempos los ciudadanos.
En el nº 2.918 de Vida Nueva. Del 22 al 28 de noviembre de 2014.
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