Publicado en el nº 2.679 de Vida Nueva (del 17 al 23 de octubre de 2009).
El próximo sábado, y convocada por diversas asociaciones –algunas de ellas, católicas–, tiene lugar en Madrid una manifestación contra la reforma de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se gesta en los pasillos del Congreso. Los obispos españoles han mostrado su opinión en la misma línea que han venido haciéndolo hasta ahora. Exhortan a los fieles a la oración “para que el derecho a la vida de los que van a nacer sea adecuadamente protegido por nuestras leyes”. No han dejado nunca de recordar la doctrina de la Iglesia, según la cual “la ley natural y divina exige que toda vida humana debe ser respetada como sagrada desde la concepción a la muerte natural”. En este sentido, no debe extrañar su rechazo a esa reforma legal. Consideran “legítima y conveniente” la manifestación convocada, así como la participación en la misma, “haciendo uso de su derecho a manifestarse pacíficamente para expresar su desacuerdo con la ley proyectada, que supone un serio retroceso en la protección del derecho a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y un daño irreparable para el bien común”. Una postura coherente, sin duda, independientemente del número de obispos que asistan a la convocatoria, un dato de tono menor ante el gran número de laicos que se espera.
Sin embargo, hay aspectos que no pueden olvidarse en este movimiento ciudadano que han de cuidarse, y mucho, para no instrumentalizar políticamente la protesta. Es fácil dejarse arrastrar por un sentimiento de malestar social generado por la crisis económica y convertir esta manifestación en favor de la vida en una manifestación contra la política del Gobierno de Zapatero. Es otra cosa, que podría ser legítima, pero que no es el fin de la convocatoria. El “gato por liebre” es algo que se teme desde algunas instancias creyentes, que prefieren, como han indicado algunos obispos, seguir luchando en favor de la vida con otras acciones de más envergadura y trascendencia que una simple manifestación.
Igualmente cabe esperar que aún se puedan hacer modificaciones a este proyecto de ley, que se ha planteado en el ámbito de la igualdad y como un derecho de la mujer. Es el momento de la negociación política. Entre los parlamentarios socialistas, y entre aquellos grupos de corte nacionalista cuyos votos son necesarios en la negociación parlamentaria, hay muchos creyentes que han puesto serios reparos a algunos puntos de la reforma, como son la edad para abortar sin consentimiento paterno, las penas para quien incumpla la ley (muy suaves por otra parte) y la necesidad de dar carta de naturaleza a la objeción de conciencia en médicos y profesionales.
En la Iglesia se han cerrado filas, con cierto recelo a la instrumentalización política, mientras que en las filas socialistas va creciendo una fragmentación cada vez mayor en los detalles de una reforma que se considera innecesaria. La Iglesia seguirá proponiendo la defensa de la vida, en éste y otros campos, con respeto, valentía y desde la más clara opción de diálogo que sirva para trabajar en vías positivas conjuntas.
