“No hemos hecho cuentas porque estamos seguros de que será posible llegar a un entendimiento”. Así responde el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, al ser preguntado por Castilla y León Televisión sobre el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por parte de la Iglesia. El también obispo auxiliar de Valladolid reconoce que hay voluntad de llegar a acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque reconoce que el Episcopado se encuentra en un impás ante el cambio de presidente, que se efectuará a principios de marzo.
“Comprendemos que las haciendas locales necesitan financiación, pero la excepción del impuesto por las actividades de las entidades no lucrativas trata de evitar gastos a la administración”, insiste el prelado. Como repite constantemente el portavoz de los obispos, la Iglesia no quiere privilegios, pero tampoco discriminaciones. Por ello, afirma que si el Ejecutivo exige el pago del IBI solo a la Iglesia, acudirían a los tribunales: “Si solo afecta a la Iglesia y no se modifica la legislación general, al considerarlo una discriminación, apelaríamos”.
Por otro lado, indica que “si el Estado decide cambiar esta normativa para todas las entidades no lucrativas, la Iglesia tendrá que ver en el diálogo con el Gobierno cómo cumplir con la legislación”. Eso sí, en este punto recuerda que la norma que la vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado deja fuera los lugares de culto, “que son la mayoría”.
Argüello apunta que “si la Iglesia se ve obligada a pagar ese dinero, los fondos se retirarían de otras partidas y disminuirían nuestras actividades, al igual que sucedería con cualquier otra entidad”. Además, recalca que “la presencia de la Iglesia y otras entidades no lucrativas son indispensables para muchos pueblos”.
