“¡Hasta cuando tendremos que presentar estos informes!”, clama la Iglesia al publicar los datos de 2015
ÓSCAR ELIZALDE PRADA (PORTO ALEGRE) | En Mato Grosso do Sul, solamente durante el pasado año se registraron más de una decena de ataques contra comunidades guaraní y kaiowá, con el resultado de la muerte violenta del líder Simeão Vilhalva, de 24 años, y numerosos heridos, incluyendo ancianos y niños. Entre los 137 indígenas asesinados en 2015 en Brasil, su caso fue especialmente llamativo, al producirse en el curso de la recuperación de las parcelas del territorio de su comunidad, demarcadas por decreto presidencial en 2005 y que, sin embargo, permanecen en poder de hacendados.
Esta es apenas una muestra de la crítica situación que recoge Violencia contra los pueblos indígenas de Brasil, el informe que presenta anualmente el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) –organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil– para dar a conocer las amenazas, las agresiones y las injusticias que se cometen contra los pueblos originarios.
Al hacer públicos los datos de 2015, el presidente del CIMI y arzobispo de Porto Velho, Roque Paloschi, clama con preocupación: “¡Hasta cuándo tendremos que presentar estos informes!”, para añadir que “estos análisis sobre violaciones de los derechos indígenas tienen un único sentido: servir como instrumento de denuncia para que se adopten medidas y, así, se combatan las violencias, para que disminuyan, y se llegue a una realidad justa, donde los derechos humanos sean respetados”.
Por desgracia, los últimos resultados no son alentadores. Además de repetidas, las prácticas criminales contra los pueblos indígenas se han incrementado. En 2015 el CIMI ha registrado 18 conflictos relativos a derechos territoriales y 53 casos de invasión, explotación ilegal de recursos naturales y daños diversos al patrimonio de los pueblos, que se suman a las violencias de omisión sobre 654 tierras indígenas que aguardan actos administrativos, por parte del Estado, para su definitiva demarcación. También se registraron 31 tentativas de asesinato, 18 casos de homicidio culposo, 12 amenazas de muerte y 25 de diversa índole, 12 lesiones corporales, 13 casos de racismo y nueve de violencia sexual.
Con todo, la muerte de 599 menores de 5 años, 99 de ellos por enfermedades que pueden tratarse –diarrea, neumonía y gastroenteritis–, al igual que los 87 casos de suicidio, principalmente entre los guaraní y kaiowá, son la más dolorosa muestra de la grave situación de vulnerabilidad que padecen las poblaciones indígenas.
Solo en Mato Grosso do Sul, durante los últimos cinco años el CIMI ha revelado 752 casos de suicidio, entre ellos muchos jóvenes. Un estudio de UNICEF y del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas concluyó que “estos jóvenes indígenas arrastran un trauma humanitario lleno de historias contadas por sus parientes, historias de explotación, violencias, muertes, pérdida de dignidad, en fin, la historia reciente de muchos pueblos indígenas, cargada de traumas, presa en un presente de frustraciones e impotencia”.
Publicado en el número 3.005 de Vida Nueva. Ver sumario
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